Una puerta por la que no pasa nadie
Todos los intentos para limitar o regularizar la llegada de inmigrantes han fracasado. La Ley de Extranjería ya lleva tres reformas y los cupos para la contratación de trabajadores en origen apenas han dado resultado. Dos años después de su puesta en marcha, arrojan cifras tan exiguas que mal puede ser la solución a un problema que sigue sin responder a ningún tratamiento.
En Cantabria, la apertura de esta vía de contratación fue acogida por la CEOE con un notable interés, que ha ido decreciendo cada año, tanto en el número de trabajadores extranjeros solicitados como, sobre todo, en los contratos finalmente formalizados. En 2002 eran 1.400 los trabajadores inmigrantes que la patronal cántabra reclamaba para dar solución a la escasez de mano de obra en algunos oficios, pero el Ejecutivo central tan sólo autorizó la llegada de 110. Desde entonces, quedó claro que el campo de juego iba a ser estrecho, pero no cabía suponer que esta vía de contratación acabaría por resultar casi marginal, como lo demuestran los 75 puestos de trabajo autorizados para el 2004.
La eficacia es aún más cuestionable si se tienen en cuenta los contratos de trabajo realmente realizados. De los 110 autorizados para el año 2002, tan sólo se formalizaron 73. Este porcentaje se redujo todavía más el pasado año, en que tan sólo se hicieron 27 contratos, cuando se habían asignado a la región 112 puestos de trabajo para inmigrantes. Esto quiere decir que de los 5.287 extranjeros que en octubre estaban afiliados a la Seguridad Social en Cantabria como trabajadores en activo, tan sólo cien habían entrado por la restrictiva vía del contingente.
La escasa utilidad de este mecanismo para regular el movimiento migratorio es también ostensible en otros puntos de España, donde la presencia de la población inmigrante es mucho mayor que en Cantabria. Así, en comunidades como Cataluña o Madrid, el porcentaje de trabajadores directamente contratados por los empresarios en sus países de origen fue el pasado año de un 15% y un 30% respectivamente.
Los empresarios achacan el escaso resultado de este sistema a la excesiva burocratización, que puede demorar en varios meses la incorporación al puesto de trabajo de la persona contratada en el extranjero. Hay que tener en cuenta, también, que no todas las contrataciones que los empresarios desean formalizar son finalmente autorizadas por la Administración, por incumplir alguno de los requisitos que se exigen para este procedimiento.
La fijación del contingente
El cupo asignando a cada comunidad autónoma se corresponde con las peticiones de las organizaciones empresariales, canalizadas al Ministerio de Trabajo a través de la Comisión Ejecutiva provincial del INEM y la Delegación del Gobierno. Pero su propuesta es un mero referente para el reparto, ya que a la hora de la verdad, Madrid fija a cada comunidad una cuota de trabajadores extranjeros muy inferior a la solicitada.
Tras el escaso éxito que tuvo la petición formulada el primer año, la CEOE cántabra ha desistido de volver a cuantificar sus propuestas y se ha limitado a establecer los sectores en los que se precisa recurrir a mano de obra extranjera.
La cifra que finalmente se ha elevado al Gobierno, ha sido fijada por la Comisión Ejecutiva del INEM tras escuchar a los representante sindicales y empresariales y atendiendo a la evolución de la cuota precedente. Y a pesar de su modestia, ha acabado por resultar holgada. Una paradoja, cuando se compara con el rápido incremento del censo de inmigrantes en la región. Según los padrones municipales ya hay algo más de 14.000, casi el doble de los que se calculaban.
