La castellanoleonesa Iberaval plantea la absorción de Sogarca

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son entidades financieras sin ánimo de lucro que facilitan el acceso a créditos y préstamos a sus socios –autónomos y pymes–. Gracias a estos avales, pueden conseguir financiación con menores tipos de interés y con plazos de devolución más amplios, pues disponen de convenios con las entidades de crédito. Sogarca, la SGR de Cantabria, existe desde 1981 pero podría desaparecer, ya que la castellanoleonesa Iberaval ha planteado una absorción que, según algunas fuentes, cuenta con el plácet del Gobierno cántabro. El consejo de administración de Sogarca decidirá en las próximas semanas su futuro.

Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos constituyen más del 90% del entramado empresarial nacional y regional. Solo en Cantabria, hay más de 40.000. En muchas ocasiones necesitan recurrir a los créditos bancarios, ya sea para comprar nuevos activos o para sobrevivir en circunstancias adversas, pero no siempre logran acceder a la financiación externa que necesitan, porque no pueden afianzar las operaciones, tal como les piden los bancos. Para esos casos se crearon las sociedades de garantía recíproca (SGR), que facilitan el acceso a esos préstamos.

La Sociedad de Garantía Recíproca de Cantabria (Sogarca) nació hace más de cuarenta años y en este tiempo ha facilitado más de 5.000 operaciones, en las que se firmaron créditos por importe de 190 millones de euros. La mayoría de los avales se otorgan a empresas de hostelería, alimentación y transporte.

Sogarca ha pasado momentos difíciles en el pasado pero su situación actual es saneada. Sin embargo, es posible que no llegue a cumplir el medio siglo, ya que Iberaval, la SGR de Castilla y León, ha planteado una fusión por absorción, según ha podido saber Cantabria Económica. Si esta operación se materializa, las empresas de Cantabria que necesiten conseguir avales deberán recurrir a una SGR de otra comunidad autónoma.

No es la primera vez que está en riesgo la continuidad de este organismo regional. Hace más de una década, el Gobierno central obligó a realizar una fuerte recapitalización de todas las SGR a través de la Ley del Emprendedor. En ese momento, ante la necesidad de ampliar su capital desde los 1,8 millones de euros que tenía hasta los 12 que establecía como umbral mínimo la nueva legislación, la única salida parecía la fusión con otra SGR –previsiblemente, Iberaval–, pero finalmente el Gobierno cántabro y otros socios protectores acudieron en su auxilio y no fue necesario.

Ahora, en un momento de estabilidad para Sogarca y cuando el coeficiente de solvencia de Iberaval ha disminuido, la fusión le permitiría a la SGR castellanoleonsa mejorar sus ratios y crecer aún más.

Esto dejaría a Cantabria como la única comunidad autónoma sin SGR propia, además de La Rioja, que nunca ha tenido una y siempre formó parte del territorio natural de Iberaval.

Mientras que los estatutos de Sogarca limitan su objeto social a operaciones en Cantabria, ya que su propósito es facilitar la financiación a las empresas de la región, otras SGR, como Elkargi (País Vasco) o Iberaval (Castilla y León), las dos más potentes del país, no tienen esa restricción y realizan operaciones fuera de sus comunidades. De hecho, ambas han facilitado avales en Cantabria. 

Por ello, perder esta figura que tiene un patrimonio neto de unos 16 millones de euros y que apenas tiene coste para los cántabros (el Gobierno destina 200.000 euros anuales para el fondo de provisiones técnicas), no parece aportar ninguna ventaja para las pymes regionales que necesitan acudir a las SGR en busca de avales, de los que se otorgaron 513 en 2022.

Una decisión pendiente

Sogarca se creó el 26 de mayo de 1981. En su fundación se contó con el patrocinio del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa, el Gobierno de Cantabria y la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria (ahora Unicaja), entre otros. 

En la actualidad cuenta con 1.202 empresas y autónomos como socios, la mayoría pymes, ya que el 70% de las empresas avaladas por Sogarca tienen menos de 10 trabajadores. Además de los partícipes, todas las SGR disponen de socios protectores, cuyo papel es de vital importancia en la creación y desarrollo de este tipo de sociedades, por ser quienes realizan aportes al capital social y al fondo de riesgo. Por norma general, son las comunidades autónomas, cámaras de comercio, asociaciones de empresarios y bancos y cajas de ahorro. 

En el caso de Sogarca, entre sus socios protectores destacan el Gobierno de Cantabria (que ha aportado el mayor capital y tiene más del 46% de las acciones), seguido del Banco Santander (casi un 25%), Unicaja (más de un 11%) y Caixabank (algo más de un 4%).

También son socios protectores algunos ayuntamientos (Santander, Santa Cruz de Bezana, Laredo…), las Cámaras de Comercio de Cantabria y de Torrelavega o CEOE-Cepyme, entre otros.

Las SGR tienen unas características muy peculiares. En cualquier otra sociedad, el porcentaje de participación determina el poder de decisión, pero al no tener ánimo de lucro y ser de base mutualista –algo muy similar a las cooperativas–, la ley equilibra el peso político entre socios protectores y socios partícipes.

Esto supone una doble limitación: individual (independientemente del capital aportado, el voto está limitado a un 5%) y global (los socios protectores no pueden sumar más del 50% del poder de voto de la junta). 

Esta situación plantea que, para dar luz verde a la absorción propuesta por Iberaval o a cualquier otra, la mayoría de los miembros de la junta de Sogarca tendrán que estar de acuerdo. A día de hoy, en el Consejo de Administración hay disparidad de opiniones, aunque se da por seguro que la operación de Iberaval está respaldada por el Gobierno cántabro, ya que una maniobra como esta, de un organismo vinculado a la Junta de Castilla y León (PP), no se entendería de otra manera.

Si finalmente se aprueba una absorción, habría que convocar la junta de socios por última vez para ratificarla. Si votan la propuesta de Iberaval, Sogarca desaparecería definitivamente, dejando a Cantabria sin su Sociedad de Garantía Recíproca.

María Quintana