Editorial
Desde que en 1996 se iniciaron las obras del saneamiento de la bahía de Santander las autoridades regionales eran perfectamente conscientes de que, antes o después, habría que empezar a cobrar a ciudadanos y empresas una tasa por la depuración de aguas. La reiteración con que lanzaron el mensaje de que Bruselas pagaba las infraestructuras creó la sensación general del todo gratis. Pero no era gratis, ni mucho menos. En primer lugar, porque los fondos de cohesión europeos sólo alcanzarían a pagar una parte de los ingentes gastos de canalizaciones y depuradoras. En segundo lugar, porque aún en aquellos casos en que la UE costeaba las instalaciones, la depuración diaria tendría que ser sufragada, como es obvio, por los usuarios, es decir, por toda la ciudadanía.
A medida que avanzaban las obras, la Consejería de Medio Ambiente empezaba a sentir una cierta sensación de escalofrío. El día que se inaugurase el saneamiento de Santander y comenzase la depuración de los vertidos, resultaría inevitable comenzar los cobros. Pero ¿cómo explicar a los vecinos convencidos de que todo era gratis que, de la noche a la mañana, su recibo del agua casi se iba a duplicar? Desde luego, Gil no se atrevió a hacerlo. El anterior consejero de Medio Ambiente llegó a hacer una ley y a incluir la tasa en los Presupuestos Regionales, pero nunca la cobró. Como otras muchas cosas, los gastos de la depuración en Santander acabaron en el cajón de sastre presupuestario, pagados por todos los ciudadanos de la región, aunque sin saberlo, que es la forma menos conflictiva de fiscalidad.
A pesar del transcurso del tiempo, la patata sigue estando igual de caliente, y ahora vuelve a los Presupuestos Regionales. En este número de la revista anunciamos que el canon de saneamiento se pagará a partir de enero en todos los recibos de agua. Una sorpresa muy poco agradable para los ciudadanos que ahora no son conscientes de abonarlo diluido en toda esa fiscalidad general que acaba en los Presupuestos. Inevitablemente, van a sentir una dolorosa punzada en el bolsillo familiar al conocer los nuevos recibos y, si alguien no se toma la molestia de explicarlo detenidamente, ni siquiera sabrán por qué.
El actual Gobierno de coalición va a asumir el desgaste de haber establecido una tasa que resultará muy impopular, sobre todo entre las clases más modestas. Y quizá por eso, debiera haber realizado previamente una campaña de concienciación. Depurar no sale gratis, pero resulta imprescindible. Cantabria ha sido una de las últimas comunidades en acometer los saneamientos y será la última en trasladar este gasto al recibo del agua, aflorando los costes ocultos que realmente tiene este servicio y que hasta ahora nos hemos limitado a desconocer.
Pero es mejor ser realistas y no insistir en que, lo que se pague de forma directa, no tendrá que sufragarse vía impuestos y, por tanto, el efecto real será neutro. La ciudadanía es posible que no conozca bien los mecanismos administrativos, ni la asignación de los recursos presupuestarios, pero tiene perfectamente claro que nadie le va a devolver después lo que ahora le cobre. La Administración pública es una gigantesca máquina de gastar dinero que siempre necesita más. Y si se libera del gasto del saneamiento, al repercutirlo directamente al usuario, empleará ese dinero en otro fin, esté el Gobierno que esté. Eso no lo duda nadie.
Ojalá llegase el día en que realmente se asignen los recursos por programas, que todos sepamos lo que cuesta cada actividad pública y podamos decidir si realmente merece la pena llevarla a cabo o es socialmente más rentable devolver ese dinero a los contribuyentes. Me temo que habría tantas de estas últimas que nadie nos va a dar la oportunidad.
