El disparate de las bajas

La evolución del absentismo en España ha llegado a cifras que hubiesen resultado difíciles de creer hace diez años cuando, inmersos en la Gran Crisis, el temor a perder el empleo hizo que se redujesen a mínimos. A medida que la economía se estabilizaba y resultaba más fácil pasar de un empleo a otro, esa autocontención desaparecía y las bajas han ido escalando de una forma preocupante en todo el Estado, y especialmente en Cantabria, donde han alcanzado un 7,8%, un porcentaje injustificable que se dispara al 8,7% en la industria y provoca que cada día falte al trabajo el 10% de las plantillas, si se añaden otras causas de absentismo. La consecuencia es que las empresas de la región pagan unos 20 millones de euros más al año por bajas de lo que les costaría, simplemente, estar en la media nacional.

Puestos a buscar las causas, cualquier profano puede intuir que algo tienen que ver las posibles secuelas del Covid y la elevada edad media la población laboral de Cantabria. Es cierto, pero ni la proporción de las enfermedades crece de una forma tan alarmante ni la evolución en la edad de las plantillas es muy distinta a la de otras regiones. Lleva muchos años al alza, y en la gran industria se encuentra ya en torno a los 47 años, porque no todas las jubilaciones se reemplazan.

Pero hay otras causas menos objetivas y comprensibles, entre ellas algunas generadas por ineficiencias de la propia Administración, como los retrasos en las consultas médicas y en las cirugías. Puede que a la sanidad cántabra le cueste mucho contratar a un médico pero la lista de espera que eso provoca le sale al sistema público mucho más caro. Cualquier empresario haría cuentas y pondría una solución inmediata, pero en la Administración las cosas no funcionan así y su retorcimiento llega a producir un auténtico disparate: el médico que firma la baja es del Servicio Cántabro de Salud pero quien paga cada incapacidad que ese facultativo autoriza es el INSS –el Estado–. Por ese motivo, las autonomías nunca pondrán un especial empeño en conseguir que sus médicos se contengan más a la hora de firmar unas bajas que va a pagar otro. La prueba está en la evolución mucho más controlada de las contingencias por accidentes de trabajo, que gestionan y pagan las mutuas.  

Se presta muy poca atención a una fuente de gasto tan importante como la incapacidad temporal, porque resulta políticamente incorrecto extender sospechas sobre el mal uso que hace de ellas una parte del colectivo laboral o sobre los profesionales médicos que, para no complicarse la vida, suelen aceptar las peticiones de quienes se lo solicitan. Tan natural ha llegado a ser que no sorprende lo más mínimo oir que alguien “se va a coger una baja”, como si fuese de su exclusiva soberanía.

El problema es demasiado complejo como para reducirlo a un esquema de buenos y malos, que además sería injusto, pero debe de ser abordado de inmediato, porque el sobrecoste para el sistema público es solo una de las consecuencias de esta dejación, que también produce una pérdida de competitividad en las empresas, al seguir cotizando por ese trabajador y pagando parte del salario. Hay fábricas cántabras que se ven forzadas a maquillar la evolución de las cifras de absentismo al reportar a sus sedes internacionales la descontrolada evolución de este gasto. No se puede ocultar que en otros países también crecen estas ratios –en menor proporción– pero las plantas de una misma compañía ahora compiten entre sí y las inversiones se escapan hacia aquellos lugares donde los índices son inferiores.

Que las bajas por enfermedades comunes hayan aumentado en Cantabria un 57,8% desde 2019 sin que esa escandalosa evolución nos lleve a plantearnos las razones o la forma de evitarlo es una muy mala política, tanto para las empresas como para la Administración y para los trabajadores en su conjunto. Si el problema está en una dualidad administrativa que propicia la ineficacia, un control insuficiente de las bajas y un colapso del sistema sanitario, malo; pero si fuese que la salud está empeorando de una forma tan notoria como reflejan las estadísticas de bajas, aún peor. 

Sea lo que sea, es imprescindible saberlo para corregirlo. Gastaremos menos, ofreceremos mejores servicios sanitarios y las empresas no perderán competitividad. También debería servir para que las sanidades autonómicas y el INSS trabajen, por fin, de forma solidaria, para que no sea uno el que gasta y otro el que paga. Mientras tanto, no vendría mal un poco de responsabilidad de todos.

Alberto Ibáñez