El Gobierno prepara una ley para agilizar el bloqueo de cuentas bancarias relativas a blanqueo o terrorismo

El GAFI sitúa a España entre los mejores países contra el blanqueo de capitales y financiación al terrorismo

El Gobierno prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, ante el actual decalaje de días que se produce hasta que se aplica el reglamento europeo del que depende España, según han indicado en fuentes del Ministerio de Economía.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca aprobar un régimen transitorio para congelar de forma casi inmediata las cuentas bancarias de los sospechosos de blanqueo de capitales y terrorismo que localice la ONU y aportar mayor seguridad jurídica a las entidades de cara a los bloqueos de cuentas bancarias y fondos.

Esta es una de las mejoras que espera poder acometer el Ejecutivo una vez se forme Gobierno y arranque la legislatura, a pesar de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sitúa a España como el mejor país en el componente normativo y técnico en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y en el top 5 en cuanto a la efectividad de las medidas implementadas, y constata una mejora de sus recomendaciones.

Así se desprende de los resultados de la evaluación de seguimiento del quinto año realizada por GAFI sobre el sistema español de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que constatan una mejora por parte de España en dos de las recomendaciones, por lo que cumple 38 del total de 40 que realiza el ente intergubernamental.

El análisis subraya que España es un país de referencia y sigue mejorando en prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y lo sitúa entre los mejores países del mundo por su sistema de prevención y la efectividad en la lucha contra esas amenazas.

Entre las fortalezas destacan el esquema de coordinación institucional, configurado a través de la comisión de blanqueo de capitales y en la que participan comunidades autónomas y distintos ministerios con competencias en áreas económicas, así como por el esquema de unidad de inteligencia financiera enmarcado en la autoridad supervisora en materia de prevención el blanqueo de capitales (Sepblac) y por el sistema de investigación y supervisión que surge del entramado institucional.

El informe de GAFI ha analizado tres resultados inmediatos, de los que eleva de “moderado” a “sustancial” dos de las recomendaciones, si bien mantiene en moderado la calificación de una de ellas. Este reconocimiento refleja que España goza de un sistema institucional y financiero “atractivo y seguro” para los inversores y repercute en las relaciones financieras y comerciales con el resto del mundo, al abaratar costes, según han destacado fuentes del Ministerio de Economía.

MEJORAN LAS MEDIDAS EN EL SECTOR PRIVADO

La mejora más relevante se ha producido en el resultado inmediato 4 relativo a las medidas preventivas, al constatar GAFI un progreso en las medidas de divulgación por parte del sector privado (instituciones financieras, abogados, agentes, empresas y profesionales no financieros, entre otros) sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Entre las medidas que han propiciado la mejor calificación en esta recomendación se encuentran las iniciativas de divulgación en talleres de información por tipologías y actividades delictivas específicas y riesgos geográficos; las iniciativas público-privadas del Sepblac de capacitación para cuerpos de seguridad, supervisores y sector privado; un guía sobre las obligaciones respecto a los países de alto riesgo; la guía de Sepblac sobre corrupción u otra sobre cumplimiento de relaciones con clientes o la buena práctica en la aplicación de listas de personas sujetas a sanciones a nivel internacional.

A esto se suma las orientaciones públicas de la comisión sobre compraventa de piedras y metales preciosos, la intensificación de inspecciones y medidas de supervisión, especialmente en sectores no financieros, y el órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales de notarios y registradores, junto a las actividades de formación del colegio de abogados.

ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

El otro aspecto en el que ha mejorado España es en el resultado inmediato 11 sobre la efectividad para evitar que las personas y entidades involucradas en la proliferación de armas de destrucción masiva recauden, muevan y usen fondos, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“España ha demostrado que ya sea a través de investigaciones policiales o la supervisión de las entidades informantes, pueden identificar e interrumpir a aquellos que buscan evadir las sanciones de financiación de la proliferación”, ha destacado.

Fuentes de Economía han explicado que la mejora en este punto se debe al establecimiento de varios mecanismos de coordinación, con el refuerzo de la junta interministerial en materia de defensa y doble uso en el mecanismo de control de importaciones y exportaciones; la mejora de mecanismos de intercambio de información entre distintos departamentos; el comité especializado en no proliferación de armas de destrucción masiva y el número de actuaciones inspectoras del Sepblac y las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado utilizando información de inteligencia financiera proveída por el Sepblac.

NORMA PARA APLICAR LAS SANCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Por el contrario, GAFI ha mantenido en “moderado” el “resultado inmediato 10” que mide si se impide a terroristas, organizaciones terroristas y financiadores de terrorismo recaudar y mover fondos, debido al retraso en la aplicación de sanciones financieras del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya que España las aplica cuando la UE adopta el reglamento de la directiva de aplicación y se produce una demora de entre tres y cuatro días para la cancelación de las cuentas.

Por ello, el Gobierno prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación de manera transitoria de las sanciones financieras del Consejo de Seguridad de la ONU para fijar la obligatoriedad del cumplimiento de dichas medidas de Naciones Unidas y poder resolver así el decalaje actual de tres o cuatro días hasta que se aplica el reglamento.

Con ello busca dar seguridad jurídica a las entidades a la hora de cerrar cuentas o acometer otras medidas derivadas de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, según han explicado fuentes de Economía.

En todo caso, se han constatado mejoras como la comisión de vigilancia de terrorismo y protocolo de actuaciones, con una publicación de una guía para mejorar las prácticas de lucha contra el blanqueo de capitales y actividades de organizaciones con fines de lucro; la aprobación de un reglamento sobre registro de fundaciones en Justicia; la participación en foros internacionales sobre financiación terrorista y el mayor conocimiento por parte de las entidades de sus riesgos.

Pese a que el análisis de GAFI valora el “compromiso” y el “liderazgo” de España en prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, desde Economía han indicado que hay que seguir trabajando en coordinación, supervisión y sanción porque las amenazas “avanzan con rapidez”.