La alcaldía de Santillana del Mar, envuelta en una operación anticorrupción
La alcaldía de Santillana del Mar se acaba de ver envuelta en un proceso de anticorrupción. La Gurdia Civil ha detenido a la actual regidora, Sara Izquierdo, y al anterior, Ángel Rodríguez, por supuestos delitos contra la administración pública. Sin embargo, no han sido los únicos. La hermana de la alcaldesa, una concejala del PSOE y un empresario también se han puesto a disposición de las autoridades policiales por esos mismos motivos.
En estos momentos, los investigados están puestos en libertad, debido a que prestaron declaración ante los agentes. Pero el titular del Juzgado de Instrucción Nº1 de Torrelavega, Pablo Fernández de la Vega, ha decretado secreto de sumario y ha ordenado varias diligencias para dilucidar qué posibles hechos delictivos han podido cometer. La hipótesis que se maneja por ahora es que han podido incurrir en fraudes en la contratación, malversación de fondos públicos, prevaricación e incluso daños informáticos.
Estos arrestos judiciales, a instancias también del ministerio público, se han llevado a cabo dentro de unas diligencias que se han declarado secretas, para la práctica de más actuaciones, e iniciadas por posible fraude, prevaricación o malversación, a raíz de una denuncia presentada «recientemente» por la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción 1 de Torrelavega, que incoó diligencias.
Esta investigación arranca después de que el exalcalde del PSOE denunciase a su sucesora del PRC por contratar a través del Ayuntamiento a la empresa de su hermana.
Por su parte, la nueva regidora regionalista también denunció el «borrado masivo» de información municipal, una semana después de la moción de censura contra sus hasta entonces socios de Gobierno, los socialistas, y a los que desalojó de la gestión municipal tras alcanzar el PRC un acuerdo de gobierno con AVIP y el PP.
Según dijo entonces Izquierdo, dicho borrado se descubrió de manera «fortuita», coincidiendo con el cambio de gobierno, y detalló al respecto que se habían perdido resoluciones de Alcaldía desde 1995 y hasta 2023 y de «todos» los plenos de los años 80.
