El Ayuntamiento de Santander presenta alegaciones al anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se ha reunido esta mañana con la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, para entregarle el documento de alegaciones elaboradas por el Ayuntamiento al anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, que el Gobierno regional (PP) sometió a información pública el pasado mes de agosto.
Durante el encuentro, Igual ha explicado que el equipo de Gobierno municipal (PP) «comparte plenamente los fines que se persiguen con la tramitación del texto normativo», dirigido a lograr la modernización de la Administración pública, la agilización y eficiencia de su funcionamiento, así como la eliminación de trabas burocráticas y de costes innecesarios al ciudadano.
Así, el Consistorio pretende aportar mejoras, impulsar la simplificación de los procedimientos administrativos y eliminar trabas burocráticas a los ciudadanos.
La regidora ha transmitido al Gobierno regional que la envergadura de los cambios que se proyectan exige que las entidades locales dispongan de un tiempo mínimo imprescindible para la adaptación de sus estructuras organizativas a esos cambios, una vez que entre en vigor la Ley.
LICENCIA DE ACTIVIDAD
Igualmente, ha destacado que existen ciertas actividades que «pueden incidir significativamente sobre la seguridad o el bienestar de las personas», por lo que no deberían quedar excluidas de la exigencia de «licencia de actividad» previa, por los «graves riesgos y la alarma social que normalmente producen».
Considera, además, que los ayuntamientos han de contar con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de los vecinos, de modo que es preciso establecer en el anteproyecto un plazo mínimo para la puesta en marcha de cualquier actividad, exigiéndose presentar la declaración responsable con, al menos, uno o dos meses de antelación, en función de las características de aquella o de las circunstancias concurrentes.
Por último, la regidora ha abogado por otorgar un mayor protagonismo a los ayuntamientos en la implantación de los llamados «proyectos empresariales estratégicos», dando cauce al impulso conjunto de los mismos, mediante la firma de los oportunos convenios de colaboración para establecer medidas concretas y mecanismos de interoperabilidad, en orden a la tramitación de urgencia, el despacho prioritario y la realización del seguimiento de los proyectos.
Con todo, Igual ha celebrado que la implantación de esta ley supone «una transformación ambiciosa de los hábitos de funcionamiento de la Administración, similar a la que en su día supuso la implantación de la tramitación electrónica de los expedientes, que exigirá un esfuerzo conjunto y un compromiso de todos, para mejorar, día a día, el servicio público que prestamos».
La reforma que se pone en marcha supondrá generalizar el uso de la «declaración responsable» como mecanismo de intervención de la Administración en la actividad privada, en sustitución de las actuales licencias, cuya tramitación suele demorarse en el tiempo.
La aplicación de esta figura supondrá que la labor de los servicios municipales se centrará en las tareas de inspección y comprobación a posteriori, con el fin de no entorpecer la puesta en funcionamientos de esos proyectos o el inicio de una actividad.
En esa labor de control se contará con la participación de los colegios profesionales, que podrán actuar como entidades colaboradoras de certificación, facilitando la intervención de los interesados y la gestión de los expedientes administrativos.
Igual ha añadido que la aprobación de esta Ley exigirá a los ayuntamientos realizar un estudio riguroso de los procedimientos administrativos aplicables y la consiguiente mejora regulatoria de éstos. Además, será preciso adaptar las plataformas de intercambio de datos entre las administraciones públicas para que el ciudadano no tenga que aportar más documentación que la imprescindible.
