Se suspende el juicio al acusado de no pagar 1,7 millones a Hacienda por renunciar un abogado
El juicio previsto este miércoles en la Audiencia Provincial de Cantabria al administrador único de una mercantil acusado de servirse de sociedades controladas por él y de un entramado de testaferros para eludir el pago de una deuda con la hacienda pública de 1,7 millones de euros se ha suspendido por la renuncia de un abogado.
La vista, suspendida en otras ocasiones con anterioridad, se iba a celebrar a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera y la previsión era que durara dos jornadas, el jueves también.
Sin embargo, según han informado fuentes personadas a Europa Press, se ha cancelado a última hora debido a la renuncia de uno de los letrados, con lo que la Sala y las partes deberán fijar una nueva fecha para su desarrollo.
En la causa están también procesados los testaferros y las sociedades de las que presuntamente ser sirvió el implicado para no pagar la deuda millonaria contraída con Hacienda.
Por estos hechos, constitutivos de un presunto delito contra la hacienda pública, la Fiscalía pide una pena de tres años de cárcel y el pago de una multa de 3,5 millones al principal acusado y, para los otros dos, reclama dos años de prisión y 500.000 euros. Mientras, para las cinco sociedades mercantiles que figuran igualmente como acusadas el ministerio público solicita una multa de 3,5 millones.
En el procedimiento está personada además la Abogacía del Estado, que eleva la petición de condena al primer investigado a cinco años de encarcelamiento y al pago 8,2 millones.
CARRUSEL DE OPERACIONES FICTICIAS
Según el escrito del fiscal, la mercantil de la que era administrador único el principal implicado, tenía una deuda con Hacienda derivada de una reducción de capital y debía ingresar un IVA por importe de 1,73 millones.
El acusado, «con el manifiesto designio de eludir el pago de la cuota tributaria adeudada», simuló junto a otras personas también investigadas en esta causa la adquisición de varios inmuebles por parte de su empresa, de forma que «mediante el libramiento de las facturas correspondientes a las supuestas ventas figurase dicha sociedad con un IVA soportado de 1,62 millones de euros, añadiendo el resto de cantidad en concepto de IVA por labores de intermediación».
De ese modo, el hombre «pudo compensar todo el importe y no ingresar cantidad alguna, con notorio perjuicio para las arcas públicas», añade el ministerio público.
En las operaciones de compraventa «no existen pagos efectivos», «no se fijan con nitidez ni cantidades ni medios de pago documentados, lo que evidencia que se trata de un carrusel de operaciones ficticias destinadas únicamente a aflorar un IVA soportado» por la mercantil por un montante de 1,62 millones.
FISCALÍA
La Fiscalía considera los hechos un delito contra la hacienda pública que imputa al principal acusado como autor material y a otros dos acusados como cooperadores necesarios. Solicita para el primero tres años de prisión y 3,5 millones de multa y para los otros dos, dos años de cárcel y 500.000 euros de multa.
También figuran como acusadas cinco sociedades mercantiles, para las que se pide una multa de 3,5 millones. Además, esta parte interesa que ninguno de ellos pueda obtener ayudas o subvenciones públicas y gozar de beneficios o incentivos fiscales durante cuatro años.
Y en concepto de responsabilidad civil, el ministerio considera que deben indemnizar a la hacienda pública en 1,73 millones.
ABOGACÍA DEL ESTADO
Por su parte, el abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, considera los hechos un delito fiscal agravado en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
La pena solicitada por la Abogacía del Estado para el principal acusado es de cinco años de prisión, 8,2 millones de multa y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios públicos durante siete años. También, que sea inhabilitado para desarrollar cargos de gestión o representación en empresas durante cinco años.
Y para los otros dos procesados, cuatro años, multa del triple de lo defraudado, pérdida de subvenciones y beneficios públicos durante seis años, e inhabilitación para gestionar o representar empresas.
Junto a ello, solicita para la mercantil del principal acusado una multa de 8,2 millones y para las otras cuatro, del triple de las cuotas defraudadas.
