Madrid urge una Sectorial de Transporte ante los perjuicios del nuevo mapa concesional estatal de carretera

Cifra en 110 millones lo que tendrían que financiar las CC.AA. por la prestación de servicios que dejaría de realizar el Gobierno central

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reclamado este lunes al ministro de Transportes, Óscar Puente, la convocatoria de la Comisión de la Conferencia Sectorial por la implantación del nuevo mapa concesional estatal de carretera «sin diálogo y aportaciones de los ejecutivos regionales» y que perjudica a todas las comunidades autónomas.

En una nueva misiva remitida al ministro este mismo lunes, el consejero madrileño traslada su «gran preocupación» al constatar la intención del Ministerio de continuar con la implantación del nuevo mapa concesional para las carreteras de titularidad estatal diseñado en 2022.

Según remarca en la carta, en el mismo «se eliminen rutas, paradas y servicios, al tiempo que se incrementan los trasbordos y no tiene en cuenta la «diversidad territorial», además de suponer «un perjuicio financiero «para todas las Comunidades Autónomas» de unos 110 millones de euros, «una cifra inasumible».

Así, Rodrigo ha exigido la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Transporte, que reúne al Ministerio y a las distintas Comunidades Autónomas, con el objeto de abordar conjuntamente una cuestión que afecta a ambas partes «y que exige soluciones que contribuyan a mejorar el transporte y la conectividad de todos los españoles en condiciones de igualdad y también solidaridad».

Entre los motivos, el consejero madrileño remarca en la misiva que esta medida «supone un perjuicio económico» para todas las regiones. Según los datos del Observatorio de Transportes de Viajeros en Autocar, argumenta Rodrigo, el coste mínimo por la prestación de los servicios que dejaría de realizar el Gobierno central y que, por tanto, tendrían que financiar las CCAA «ascendería a 110 millones de euros, una cifra inasumible».

El máximo responsable del Ejecutivo madrileño en materia de Transportes traslada también que sorprende «enormemente» que el Ministerio haya ofrecido una aportación total directa «de forma temporal» de 25 millones de euros, «lo que supone apenas el 23% de lo necesario». «No sería una aportación ni permanente, ni estable», alega en la misiva.

Además, se eliminen rutas, paradas y servicios, al tiempo que se incrementan los trasbordos y no tiene en cuenta la diversidad territorial. En concreto, según detalla, en la Comunidad dejan de tener parada 16 municipios con una población cercana a los 130.000 habitantes y se suprimen 34 rutas interiores que, en 2019, tuvieron una demanda cercana a los 500.000 viajeros, «lo que obligará a reforzarlas en el mapa concesional» del Gobierno regional.

«Pero, sin duda, lo más significativo son los 2.105 tráficos interautonómicos que dejarán de prestarse de manera directa y que unen –principalmente– municipios de la Comunidad de Madrid con otros de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana, debiendo el usuario realizar un trasbordo entre dos líneas estatales o entre una estatal y otra autonómica, con los consiguientes reajustes en nuestras propias líneas», dice.

Igualmente, remarca que la medida es «perjudicial» porque se ha hecho «sin diálogo y aportaciones de los ejecutivos regionales» en el seno de la Conferencia Sectorial de Transporte «a pesar de que muchos consejeros autonómicos» le han solicitado previamente su convocatoria «en reiteradas ocasiones».