España, Alemania y otros tres países UE reclaman a Bruselas un comisario de Economía Social

España, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Eslovenia han reclamado este lunes un comisario europeo con responsabilidad en materia de Economía Social en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a los tres vicepresidentes designados, entre los que se encuentra Teresa Ribera.

«Nos parece preocupante que ninguna de las cartas de mandato enviadas a los comisarios designados se refiera a responsabilidades y competencias en el ámbito de la economía social. Consideramos esencial que la nueva Comisión trabaje eficazmente en este sentido», señala la misiva.

El texto está firmado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Economía y Acción Climática de Alemania, Robert Habeck; el ministro de Economía Social en Valonia (Bélgica), Yves Coppieters; el ministro de Trabajo de Luxemburgo, Georges Mischo, y el ministro de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de Eslovenia, Luka Mesec.

Los cinco ministros reclaman un comisario específico con responsabilidades en la materia a fin de garantizar una «estrecha cooperación» entre las vicepresidencias para respaldar a un sector que, según recuerdan, «cuenta con más de 4 millones de empresas y entidades, emplea a más de 14 millones de personas y representa el 8% del PIB de los 27».

«La economía social es imprescindible para construir una Europa más democrática, verde e inclusiva», ha señalado Díaz en un mensaje publicado en redes sociales en el que reclama «que la nueva Comisión se haga cargo del presente y futuro de un sector puntero».

Los firmantes consideran que la economía social es cada vez más necesaria dentro del «objetivo general de cohesión social y democracia económica y en la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales» e inciden en la necesidad de impulsar marcos legales nacionales y europeos que sustenten al sector.

Asimismo, reclaman un compromiso «firme» con este modelo económico, que sea declarado una prioridad política y se promueva el acceso a la financiación existente de la UE de acuerdo con las necesidades de unas entidades que cuentan con el valor añadido del beneficio social que reportan y exigen tener en cuenta las particularidades del sector en los procesos de contratación pública de la UE.