El Gobierno autoriza un megacontrato de telecomunicaciones para la AGE de casi 505 millones

El Consejo de Ministros de este martes ha autorizado la contratación de la tercera fase de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado (AGE) y de otras entidades públicas, una licitación cuyo valor estimado máximo se sitúa en 504,59 millones de euros.

Este nuevo expediente tendrá una duración de cuatro años y supone una mejora de la seguridad en las telecomunicaciones de la AGE y de las entidades públicas con el objetivo de «hacer frente a los ciberataques», motivo por el cual se añadirán servicios que incrementarán las prestaciones actuales del sistema.

La primera fase de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la AGE, un contrato valorado inicialmente en unos 280 millones de euros, se adjudicó en 2015 por un importe cercano a los 165 millones de euros.

El grueso de ese contrato fue adjudicado a Telefónica, que se hizo con tres de los cuatro lotes por un importe conjunto de 129,26 millones de euros, mientras que la filial española de British Telecom (BT) logró la otra parte de la licitación por 35,7 millones de euros.

En tanto, la segunda fase de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la AGE, un contrato valorado en principio en casi 380 millones de euros, se adjudicó en 2019 por poco más de 223 millones de euros.

En esta ocasión Telefónica se llevó dos de los cuatro lotes en los que estaba dividido el contrato por un importe conjunto de 162,34 millones de euros, mientras que Vodafone logró una de las partes por 12,52 millones de euros y la filial española de BT consiguió la otra por 48,36 millones de euros.

De este modo, Telefónica, de la que el Estado posee desde hace unos meses un 10% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), acumuló cerca de 300 millones de euros en licitaciones en los contratos de la fase uno y dos de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la AGE, mientras que BT consiguió, entre los dos procesos, unos 84 millones de euros.