CCOO y UGT denuncian el convenio del personal laboral de la Administración del Estado y piden subida salarial

CSIF critica la denuncia «precipitada» de CCOO y UGT antes de acabar el desarrollo del convenio

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) denunciarán el 4 de noviembre el convenio único vigente para más de 40.000 trabajadores del personal laboral de la Administración General del Estado, con vistas a negociar un nuevo acuerdo centrado en la equiparación salarial de estos trabajadores públicos con los funcionarios, tanto en la propia Administración del Estado como en comparación con otros organismos públicos.

La diferencia salarial provoca que aún exigiendo los mismos requisitos de titulación, el personal laboral y el funcionariado cuenten con distintos salarios base, siendo perjudicados los del primer grupo.

Esta discriminación no se da solamente de manera interna dentro de la Administración del Estado, sino que el personal laboral a nivel autonómico o local posee otra estructura salarial superior.

«Hay un elemento crucial en las reivindicaciones y es que la parte retributiva lleva años de retraso en comparación con otras administraciones públicas» ha afirmado el portavoz del sector AGE de FSC-CCOO, Vidal Cruzado.

En este sentido, Cruzado cifra esta diferencia en el 8% en comunidades como Madrid y no solo en el salario base, sino que en otros aspectos de la estructura salarial, como en la retribución de la antigüedad a través de los trienios, hay diferencias de hasta 13 euros entre lo que se paga en una Administración y otra.

Una vez hecha la denuncia del convenio, los representantes del Gobierno deben sentarse en la mesa de negociación en el plazo de un mes. Sin embargo, los sindicatos no apuntan todavía a fechas concretas para la resolución de la negociación y se remiten a su vez al acuerdo marco de los empleados públicos, que finaliza este 31 de diciembre, que también será fundamental para fijar las horquillas de sueldo en el convenio.

«Para acabar con la desigualdad más clamorosa que hay en la Administración del Estado, tenemos que apostar por la equiparación retributiva» ha señalado la portavoz del sector de la AGE de UGT-SP, Elena Tarjuelo, que también ha señalado que las diferencias de salario pueden alcanzar hasta los 3.500 euros brutos anuales.

Por otro lado, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) aseguran, a través de nota de prensa, que esta denuncia es «precipitada» porque todavía no ha concluido el desarrollo de este convenio y esperan que «no perjudique a la negociación y el desarrollo de las mejoras en las condiciones laborales».

En este sentido, centran sus reivindicaciones en la negociación del próximo acuerdo marco general y afirman que tras el último que firmaron ambas centrales sindicales hace dos años, los empleados públicos han perdido un 5% de poder adquisitivo.

Por ello, piden la revisión de las tablas salariales teniendo en cuanta el poder adquisitivo perdido, asegurar la promoción interna, establecer la carrera horizontal para los trabjadores que ya esta previsto en el vigente convenio o el desarrollo pleno de la jubilación parcial anticipada.

RETENCIÓN DE TALENTO

Asimismo, el portavoz del sector de la AGE de UGT-SP, Carlos Álvarez, ha denunciado que quedan más de 10.000 plazas de las 40.000 que agrupan al convenio por cubrir, ante lo que están a la espera de las distintas ofertas de empleo público que ha sacado el Gobierno durante los últimos años y que esperan continúen en los siguientes.

Sin embargo, asegura que para que lleguen a suplirse estos puestos y no queden desiertos «hay que hacer más atractivo el convenio», puesto que en este sentido, en algunas de estas especialidades el 50% de las plazas de turno libre quedan sin cubrir, situación que también ocurre en las plazas de promoción interna.

Para poder ofrecer servicios públicos de calidad, aseguran desde CCOO y UGT, es necesario hacer competitivos los salarios para incluso disputar los profesionales a la empresa privada.