Sordo llama a aprovechar la transición energética con inversión pública, política industrial y diálogo

El secretatario de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, han clausurado este sábado en Teruel el Congreso Crisis Ecosocial: Causas, Consecuencias y Desafíos , organizado por la Fundación 1º de Mayo, en el que Sordo ha instado a aprovechar la oportunidad que se le presenta a España con el cambio de modelo energético y productivo para generar actividad económica «más sostenible» y que genere «más y mejores empleos».

Frente a las «situaciones de riesgo» que plantean los cambios y el «drama» que conllevan las transformaciones, el líder sindical ha instado a sacar partido de las «oportunidades» que para el país suponen las energías renovables.

«El cambio del mix energético le da a nuestro país una oportunidad que no ha tenido nunca, la de producir de forma sostenible y barata energías renovables que puedan atraer inversión productiva a nuestro país y derivar en una cierta incluso reindustrialización de España, generando más y mejores empleos».

Un objetivo para el que ha establecido como necesidades el promover «la inversión pública, desarrollar políticas industriales y sectoriales, además de contar con la inversión privada» y, ha remarcado, «el diálogo con la comunidad», sin olvidar que esa transformación sea «sostenible y respetuosa» con el medioambiente.

En ese punto, y en referencia expresa a la provincia de Teruel tras haber sido preguntado al respecto, ha incidido en la necesidad de que ese despliegue de las renovables se lleve a cabo mediante un diálogo con la comunidad: «Primero hay que hablar con la comunidad y buscar cómo se minimizan los impactos y luego lo que no puede ser es que en una parte de los territorios de España se vean y se sientan como que únicamente se van a desplegar las infraestructuras eólicas o solares para acumular energía y luego no van a haber retornos de esa energía barata a través de nuevas industrias y empleos», ha defendido.

En ese sentido, Unai Sordo ha instado a hacer viable el despliegue de las renovables «intentando minimizar los impactos ambientales y paisajísticos» y sus efectos sobre otros sectores económicos como el turismo y que los territorios donde se instalan «se vean también recompensados porque haya un retorno» para desplegar «focos de desarrollo industrial y productivo» fuera «de las regiones donde siempre los ha habido».

Sordo ha mostrado su satisfacción porque el Congreso de la Fundación 1º de Mayo haya abierto un debate «estratégico» para «España y el mundo» sobre cómo afrontar las consecuencias de la crisis ecosocial.

Una pretensión en la que ha destacado el papel que ha de jugar CCOO: «El sindicato debe apostar por un intento de recuperar las lealtades en el camino de la consecución de un contrato social para el siglo XX», ha sostenido durante su intervención en el acto de clausura desarrollado en Teruel. Una salida fuera de Madrid, primera en todas sus ediciones, que ha calificado de «acierto»:

«Creo que es importante que el sindicato, que es la organización con mayor capilaridad dentro del conjunto del país, sea un sindicato que está en el país, en los pueblos de España, en los barrios de las ciudades y, de alguna manera, esa España que muchas veces no aparece en los informativos, esa España vaciada que denominan algunos, pues en nuestra opinión también tiene que contar con protagonismos en las actuaciones que el sindicato hace y que tenemos que salvaguardar», ha defendido.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha advertido sobre los «poderosos enemigos» que amenazan a los valores del bienestar, la justicia social, la solidaridad y la paz: «Creo que vivimos un tiempo en el que ya no podemos dar por sentados esos valores a los que quizá nos hayamos acostumbrado».

VIVIENDA, PRESTACIÓN UNIVERSAL POR CRIANZA Y REDUCCIÓN DE LA JORNADA

Frente a esa amenaza a la democracia, Bustinduy ha sostenido que «la única respuesta posible es profundizar en la construcción de un estado del bienestar para el siglo XXI, ampliar los derechos sociales y una mayor redistribución de la riqueza».

Objetivos que ha concretado en recetas que, considera, deberán concretarse en los próximos Presupuestos, como «intervenir el mercado de la vivienda, como está demandando la ciudadanía movilizada en las calles; acabar con la pobreza infantil mediante una prestación universal por crianza; democratizar el tiempo reduciendo la jornada laboral; remunerar los permisos parentales o ampliar los permisos por nacimiento». A ellas ha unido una «fiscalidad justa» para que «quien más tiene contribuya a financiar los derechos universales de ciudadanía».

«El bienestar social, la democracia y los derechos sociales tienen que estar por encima de las lógicas y los intereses de los partidos. Esto, en una legislatura convulsa como la que tenemos, puede parecer quizá naif, pero tenemos ejemplos recientes de que es posible anteponer el interés general a los intereses de los partidos», ha defendido aludiendo para ello a ejemplos como la reciente aprobación por unanimidad de la ley ELA –tras haber quedado paralizada en el Congreso durante varios años–, o la «consagración de los derechos de las personas con discapacidad» con la reforma del artículo 49 de la Constitución.