Los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz paran este jueves por el bloqueo en negociación del convenio

La plantilla de los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz protagonizarán este jueves 21 de noviembre paros por la falta de avance en la negociación del nuevo convenio colectivo, que serán de 24 horas en Puerto Real y San Fernando y de dos horas en la capital gaditana.

Así lo ha confirmado a Europa Press José Antonio Bolaños, presidente del comité de empresa en Cádiz, que ha justificado este paro parcial como una medida de protesta que no genere repercusiones «demasiado negativas» para el negocio de reparaciones de buques y cruceros que se desarrolla en este astillero y cuyos plazos son «más cortos».

De esta manera, los trabajadores de los otros dos centros de Navantia en la Bahía –San Fernando y Puerto Real– sí llevarán a cabo un paro total, afectando a los tres turnos de trabajo, mañana, tarde y noche, al establecerse desde las 7,00 horas del día 21 hasta las 7,00 horas del viernes 22 de noviembre.

Este paro, convocado a nivel estatal, forma parte del calendario de movilizaciones abierto por el comité intercentros durante las negociaciones del nuevo convenio colectivo, que continúan de forma paralela a esta protesta que tendrá lugar este jueves.

Actualmente, se trabaja con el convenio intercentro prorrogado de 2022, y la propuesta de la empresa para el nuevo documento no agrada a la parte social, a los trabajadores, lo que está llevando a que protagonicen protestas como «medida de fuerza» de cara a estas negociaciones.

Además, cabe recordar que el pasado 24 de octubre los representantes de los tres comités de empresa de Navantia en Cádiz registraron en la Delegación de Hacienda de la capital gaditana una carta dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le solicitan una reunión para transmitirle de primera mano la posición de los trabajadores sobre la renovación del convenio colectivo, «pendiente desde hace tres años» y solicitarle su intermediación para «desbloquear» esta situación.

En la carta, se dirigían a la ministra Montero como «parte destacada del Gobierno que controla la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que a su vez es poseedora del 100% del capital de Navantia», a la que le exponían que el anterior convenio –de 2018 a 2021– «lleva pendiente de renovación más de tres años» y que las previsiones del Plan Estratégico que lo acompañaba «han sufrido una desviación sin conseguir enderezar la dirección de la compañía», y que «ni siquiera se ha convocado a la comisión de seguimiento del mismo más que para su constitución».