Unidas Podemos registra en el Congreso la supresión de las penas de cárcel para piquetes de huelga

Unidas Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley en el Congreso para sacar del Código Penal el artículo que contempla penas específicas de prisión de hasta tres años para los piquetes de huelga, una reforma recogida en el acuerdo para el Gobierno de coalición entre el PSOE y el grupo confederal.

La iniciativa, firmada por los diputados Aina Vidal (En Comú) y Txema Guijarro (Podemos), sólo tiene un artículo para suprimir el apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.

Se trata del artículo del Código penal que recoge condenas de pena de prisión de un año y nueve meses hasta los tres años, o multa de 18 a 24 meses, a “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Unidas Podemos sostiene que esas penas de prisión buscan “la criminalización de los piquetes informativos de huelga” y critica que esa vía penal “ha sido profusamente utilizada con el único fin de reprimir a los trabajadores en sus actuaciones de organización y extensión de la huelga”.

Hasta 2016, informa el grupo confederal, permanecían abiertos cerca de 90 expedientes en los servicios jurídicos de las organizaciones sindicales más representativas, afectando de forma directa a casi 300 sindicalistas, y con peticiones de penas de prisión acumuladas por parte de la Fiscalía de unos 90 años de cárcel.

ORIGEN EN EL CÓDIGO PENAL DE PRIMO DE RIVERA

Su origen, explica, se remonta al Código Penal de 1928, impulsado en plena dictadura de Primo de Rivera, recuperado en su modificación de 1976, mantenida en el Código Penal de 1995 y en la reforma de 2015, si bien en esta última se recogieron penas específicas para ello.

Para Unidas Podemos, la regulación penal vigente “no tiene más sentido que el de seguir favoreciendo la intimidación de las organizaciones sindicales y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos, en la organización y desarrollo de los piquetes informativos de huelga”.

Y es que, tal y como recuerda esta formación, el Código Penal vigente ya contempla el delito de coacciones, por lo que un tipo penal agravado para el ejercicio del derecho de huelga “no sólo no es necesario, sino que es contrario a los derechos fundamentales de huelga y de libertad sindical”.