Los ingenieros imputados de Gesvican trabajan apartados de las labores de contratación
Los dos ingenieros de Gesvican imputados por, presuntamente, concertarse con tres constructores para cobrar dinero a cambio de favorecerles en licitaciones y adjudicaciones, continúan trabajando en la empresa pública, en la que desempeñan su labor como técnicos, pero apartados de funciones relacionadas con contrataciones.
«La presunción de inocencia en España es sagrada» y «hasta que no haya sentencia (condenatoria), no se puede tomar ninguna medida disciplinaria», ha señalado este viernes Roberto Media, titular de la Consejería de Fomento -de la que depende la sociedad-, a preguntas de los periodistas después de que el juez que instruye esta causa haya concretado la imputación de los cinco investigados.
El consejero ha recordado que tras conocerse las supuestas irregularidades e iniciarse las correspondientes pesquisas, a cargo del Juzgado de Instrucción 2 y en una pieza separada de la ‘trama de Carreteras’, se decidió apartar a los empleados en cuestión de labores de contratación: «No están participando en nada que tenga que ver».
Pero, «lógicamente son técnicos y, como técnicos, supervisan y hacen proyectos y cumplen con su función dentro de la empresa pública», ha matizado Media, para indicar así que «son trabajadores de Gesvican» y «tienen que seguir ejerciendo su trabajo hasta que el Juzgado les exonere o les condene». Y «a partir de ahí, tomaremos las medidas» que correspondan, ha avisado.
El responsable de Fomento ha aprovechado sus declaraciones a los medios para expresar su «respeto total» a las resoluciones judiciales, confiando en que la vista oral «se celebre cuanto antes» y se adopten las «oportunas» decisiones. En este punto, ha recordado que Gesvican se personó como acusación en este procedimiento, abierto por fraude en la contratación pública y cohecho, y espera que «si se ha causado un daño» a los cántabros, «se reponga y se aplique la ley».
El consejero se ha referido también a la causa principal destapada en el seno de la Consejería de Obras Públicas, que investiga la jueza de Instrucción 5, en la que fueron detenidas ocho personas, entre ellas el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, Miguel Ángel Díez, supuesto cabecilla de la red y que estuvo en prisión provisional por estos hechos varios meses.
En este supuesto, Media ha recordado que el funcionario fue cesado de su puesto hasta que se resuelva el caso y aunque intentó reintegrarse, se pidieron medidas cautelares que fueron aceptadas, de modo que continuará así hasta que haya juicio y sentencia.
