Vox lleva una ley al Congreso para que el Estado sea quien designe los consejos de las autoridades portuarias

Vox ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para quitar a las comunidades autónomas y devolver al Estado la competencia de designar los órganos de gobierno en las Autoridades Portuarias del Estado y pasarla al gobierno central, con el objeto de evitar «desigualdades en la gestión de los puertos de interés general».

La propuesta supone una reforma de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. La formación explica que con esta iniciativa se busca centralizar la designación de los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias en la Administración General del Estado, con el fin de «reforzar la coherencia y eficacia de la política portuaria». De este modo, será el Ministerio pertinente el encargado de designar a los órganos de Gobierno de las autoridades portuarias.

El grupo liderado por Santiago Abascal argumenta que con la actual normativa las comunidades autónomas tienen «demasiado poder de decisión» sobre estas designaciones y considera que esto genera una «gran desigualdad», propiciando una fragmentación en este tipo de políticas y «dificultando la aplicación de una estrategia unificada y alineada con los intereses nacionales».

A su vez, Vox esgrime que la medida busca profesionalizar la gestión de la red portuaria, para que se lleve «únicamente bajo criterios exclusivamente técnicos, operativos y económicos» y se eviten intereses particulares y territoriales. Por último, la formación apunta a la necesidad de impulsar una política portuaria homogénea para fortalecer la competitividad del sector.

SE REDUCE EL NÚMERO DE VOCALES

Los vocales serían designados por el Ministerio competente en materia de puertos y seleccionados entre profesionales con titulación superior, formación académica en disciplinas afines y experiencia acreditada en el sector del transporte, logístico o portuario, garantizando la representación de los principales actores económicos y sociales implicados en la actividad portuaria.

La ley establece que no podrán formar parte del Consejo los propietarios, socios, consejeros, directores, gerentes, cargos de confianza o directivos en general de sociedades o empresas que presten servicios o desarrollen actividades en el puerto, cuya concesión, autorización o contratación sea competencia o corresponda suscribir a la Autoridad Portuaria, salvo que ostenten un cargo de representación electivo de ámbito estatal.

Tampoco podrían optar al cargo todos aquellos que tengan participación o interés directo en empresas o entidades que realicen o tengan presentadas ofertas para la realización en el puerto de obras y suministros o de cualquier actividad que genere a la Autoridad Portuaria gastos relevantes.

Otras personas excluidas son el personal laboral de la Autoridad Portuaria o de empresas, entidades o corporaciones que presten sus servicios en el puerto; o quienes hayan sido sancionados por infracciones graves en el ejercicio de funciones de gestión pública o administración de entidades de interés general.