Por qué nadie recuperará el dinero de los EREs

Estamos en la era de la ciencia y de la razón pero no trasciende a la vida diaria. Los socialistas andaluces crearon dos sistemas de contención social que les ha permitido gobernar durante cuatro décadas sin mayores conflictos, lo que parece un milagro en unas provincias que han llegado a superar el 30% de desempleo, una situación que en la República llevó a situaciones revolucionarias. Si la Andalucía de las últimas décadas ha estado tan ajena a  aquellos sucesos de Casas Viejas es, simplemente, porque el dinero público ha venido engrasando permanentemente los goznes de la tranquilidad. Un generosísimo sistema de peonadas permite que los hombres del campo puedan tener seis meses de ingresos (aunque sean muy modestos) con treinta jornadas de trabajo y, una vez desactivada la espoleta del campo, el segundo mecanismo tranquilizador ha sido el de los EREs para las industrias. Cualquier empresa en crisis de cierto tamaño acudía al Gobierno (o a sus muñidores) y lo que iba a ser una gran protesta de los trabajadores que quedaban en paro se convertía en una pensión de por vida.

De esta forma, los socialistas andaluces han comprado la paz social a golpe de dinero público, metiendo la mano en el cajón tantas veces como les resultó necesario, hasta perder la constancia de que eso podía llevarles a la cárcel, en parte porque ni los sindicatos, ni la patronal ni los periódicos ni la fiscalía daban la más mínima muestra de escándalo (algunos de ellos eran beneficiarios directos). Así que ha tardado décadas en suceder lo que tenía que suceder, que la justicia se pusiese las pilas y acabase con el chiringuito.

Andalucía es el paradigma pero que nadie piense que en el resto del país no se han producido casos también discutibles, aunque no haya sido de una manera tan sistemática, sobre todo en los años 80 y 90: empresas que dejaban enormes deudas a la Seguridad Social y luego se refundaban (algo que ya hace mucho no ocurre) o trabajadores regulados que agotaban todo su desempleo y se les volvía a poner el contador a cero, cuando eran colectivos que podían provocar grandes trastornos sociales.

PP y Cs van a seguir pagando las prestaciones a los prejubilados fraudulentos

Desde que este tipo de escándalos llegó a los tribunales, el miedo volvió a guardar la viña y la gestión administrativa ha llegado al extremo contrario, al de auténtica paranoia, que no solo impide que los políticos tengan el más mínimo margen en el gasto, sino que a veces hace imposible consumir las partidas consignadas. En estos momentos, hasta para insertar un pequeño anuncio de publicidad institucional hay que abrir un expediente, cuya tramitación puede llegar a resultar más cara que el propio anuncio.

Pero eso no indica que los Gobiernos hayan dejado de ser vulnerables a la presión social, y lo vemos en la propia Andalucía. Después de la sentencia –y con otros partidos al frente de la Junta– cabría suponer que harían todo lo posible por recuperar los casi 800 millones de euros del caso de los EREs. Sin embargo, el Ejecutivo de PP y Ciudadanos apoyado por Vox no solo no han hecho ningún gesto en este sentido sino que van a seguir pagando todos los meses a los prejubilados de los 77 EREs que aprobaron los socialistas (salvo al centenar de intrusos, que no tenían nada que ver con estas empresas y que fueron incluidos de extrangis). Si se recupera algún dinero será el de ese pequeño grupo (y es muy improbable, porque obviamente se lo habrán gastado para vivir) y el de los intermediarios.

Todos conocemos casos en los que la Seguridad Social ha pagado prestaciones indebidas o de más, en los que se ha reclamado el dinero con todo tipo de apercibimientos hacia quien se hiciese el remolón y sin tener en cuenta de si quien las recibió se lo ha gastado o no. Si aplicamos esa misma doctrina, ahora habría que reclamar todo el dinero que han venido recibiendo durante años esos trabajadores por las prejubilaciones que la Junta tramitó ilegalmente. Si tan escandaloso y delictivo resulta que hayan cobrado, ¿por qué el actual gobierno andaluz les va a seguir pagando mes a mes, hasta que alcancen la jubilación?

No hace falta mucha perspicacia para encontrar la razón: para evitar el conflicto social, el mismo argumento que llevó a conceder estos ERES fraudulentos. Una forma de actuar parecida a la que adoptó el PP al llegar al poder, cuando decidió mantener las peonadas del PER andaluz y extremeño que tanto había criticado. Es verdad que los trabajadores que han recibido el dinero de las prejubilaciones (552 millones) y las empresas en crisis (128 millones) son lo que en justicia se denomina terceros de buena fe, pero también lo son quienes cobran más meses de desempleo del que les corresponde y se les reclama, so pena de todo tipo de sanciones y denuncias ante los tribunales.

Tampoco resulta fácil entender que la justicia no responsabilice a todos los diputados andaluces que durante años y años votaron los Presupuestos en los que se incluían estas partidas, y podemos compararlo con el Caso La Loma, de Castro Urdiales, donde fueron procesados los concejales de los sucesivos equipos de gobierno que votaron a favor de las componendas urbanísticas presuntamente ilegales, y no solo los directamente responsables.

Si los mismos partidos que consideran los EREs el mayor escándalo de la democracia van a seguir financiándolos es que la razón va por un lado y la política por otro. ¿Y la Justicia también?