Cataluña será la CC.AA. más afectada por el cierre del parque nuclear en España, según un informe de PwC

Sedó (Foment) alerta de «un apagón energético» si se prescinde de esta energía en Cataluña

BARCELONA, 14

Un informe elaborado por PwC ha asegurado que Cataluña será la comunidad autónoma más afectada por el cierre del parque nuclear, con «graves consecuencias» a nivel energético, ambiental y económico, desde el momento en que se cierre la primera central en España, previsto para noviembre de 2027 con el cierre de Almaraz I (Cáceres).

Se trata del informe Impacto del cierre nuclear en Cataluña , presentado por el socio responsable del sector de Energía en PwC España, Óscar Barrero, en rueda de prensa este viernes, que apunta a que la generación nuclear «evita que las emisiones de Cataluña sean un 28% superiores».

Según señala, la pérdida de generación nuclear podría sustituirse con tecnologías renovables apoyadas con almacenamiento, importaciones y aumentando la producción de los ciclos combinados pero, en consecuencia, habrá un incremento de la «dependencia energética de Cataluña, el coste eléctrico y las emisiones».

El estudio indica que habrá impacto en el coste del sistema eléctrico, con aumentos de pool en 2035 de entre 13 y 29 euros el megavatio/hora (MWh); pérdida de los cerca de 10.500 puestos del sector, y alerta de que «sin un suministro eléctrico fiable, la industria catalana verá limitada el crecimiento de su demanda eléctrica».

También advierte de que los objetivos energéticos de Cataluña contemplan un desarrollo de renovables «muy ambicioso» para 2030, instalando 1.500 megavatios (MW) al año cuando el ritmo de desarrollo de los últimos 10 años ha sido de 24.

El informe defiende extender 10 años más la vida útil de las nucleares, lo que asegura que supondría 18.700 metros cúbicos de residuos adicionales, un volumen que «no sería significativo y apenas tendría impacto en el plan actual de gestión de residuos radioactivos».

ACCIONES PROPUESTAS

Entre las acciones propuestas está anular, declarar no válido o actualizar el Protocolo de Cierre Nuclear de marzo de 2019 y «ajustar la imposición estatal», revisando los 3.100 millones de euros de costes en el 7 Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) destinados al Impuesto Ecológico y Asignaciones a ayuntamientos.

Se plantea modificar las ecotasas extremeñas, catalanas y valencianas para ajustarse al nuevo reparto, y modificar la Disposición adicional sexta de la Ley 54/1997 y las responsabilidades de Enresa para que las estimaciones del coste de gestión de residuos «sean definitivas y no puedan ser actualizadas anualmente».

El informe también llama a garantizar que, antes de las fechas establecidas en el Protocolo de Cierre Nuclear, se emiten nuevas autorizaciones de explotación para el periodo definido de alargamiento de la vida operativa de las centrales nucleares.

INTERVENCIONES

En una mesa redonda posterior, el director de Desarrollo Sostenible de Foment del Treball, Salvador Sedó, ve un contrasentido, en sus palabras, cerrar las nucleares si se quiere descarbonizar, y añade: «Hoy en día no podemos prescindir de la energía nuclear en Catalunya porque si no tendremos un apagón energético».

El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha instado a sentarse y hablar y ha destacado las cualidades de las nucleares para generar energía: «A uno le gustará más, a otro menos, pero tenemos que seguir comiendo, viviendo y las industrias tienen que funcionar».

El presidente de la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac), Juan Pedro Sánchez, cree que «no es el momento de cerrar las nucleares» porque no se ha desarrollado suficientemente el almacenamiento y llama a no ir hacia un punto de no retorno.