Editorial
El mismo terreno puede valer uno, si no es construible, diez, si sólo puede levantarse un chalet o mil si se permite una torre de veinte pisos y quien decide ese valor es el ayuntamiento al otorgarle una calificación u otra. La calidad de la tierra, sus cualidades productivas o sus posibilidades intrínsecas han pasado a ser irrelevantes y no sólo en Cantabria. En Valencia, cualquier circunstancia que menoscabase los campos de naranjos era considerada como un ataque a lo más íntimo de su raigambre y combatida de una forma tan exacerbada como aquí nunca hemos llegado a conocer con la ganadería. Sin embargo, en los dos últimos años, muchos campos han quedado sin recoger y están a la espera de otra cosecha mucho más jugosa, la inmobiliaria. Y es que los amores de toda la vida también pueden cambiar.
Así hemos llegado a la paradoja de que para algunos propietarios españoles sería muy mala noticia que apareciese petróleo en su parcela, porque alguien les ha regalado un procedimiento mucho más rápido y más limpio de hacer grandes cantidades de dinero. Compraron cuando debían, se produjo el cambio de calificación cuando suponían y, en el caso de las fincas que se encuentran frente al Parque Tecnológico de Santander pueden venderlas con unas plusvalías de más de 20.000 millones de pesetas dejando que otro se tome la molestia de construir las 6.500 viviendas y gane otro tanto. Y, por si la operación no fuese aún lo bastante rentable para los promotores privados o tuviesen dificultades para vender las viviendas, les estamos haciendo con dinero público un magnífico puente que no tiene ninguna otra utilidad que se sepa. Muchos recursos deben sobrar para gastarlos en hacer un puente a una finca privada en la que en muchos años ni siquiera vivirá nadie.
Estos son los grandes negocios de Cantabria, para qué nos vamos a engañar. Y no sólo se dan en Santander. Se puede recorrer la costa y, en mayor o menor escala, encontrar episodios semejantes en casi todos los pueblos. Alcaldes con fortunas inmensas e intermediarios de suelos y promotores que se aprovecharon de que el urbanismo es una ciencia ignota para la mayor parte de los paisanos, que aún no hace tanto iban a protestar al Ayuntamiento cuando alguna de sus fincas era convertida en urbana porque tenían que pagar más contribución.
Insinuar que lo que hemos dado en llamar pelotazo urbanístico es una suerte de actividad económica tan razonablemente sana y legal como el fabricar puertas es tomar el pelo a la ciudadanía. Los pelotazos ni son sanos ni son espontáneos. Casi siempre están prefabricados y detrás suele haber una larga historia de connivencias y financiaciones nonsanctas. De ahí sale el dinero para pagar algunas campañas electorales tan lustrosas como las que vemos. Y lo peor, como se demostró en Marbella, es que sólo una pequeña parte llega ahí; el resto se queda entre las escurridizas manos de personajes que se mueven entre bambalinas y reaparecen cada vez que se otea en el horizonte una costera electoral, como ahora: Ya han vuelto los recaudadores para echar las redes entre las constructoras. ¿Alguien cree están asustados por tanto escándalo como aflora?
