Antonio Durán-Sindreu, asesor fiscal

Pregunta.– ¿Cuáles son las mejoras más destacables del nuevo IRPF?
Antonio Durán-Sindreu.– La nueva fiscalidad de las rentas del ahorro, que van a tributar a un tipo único del 18% en lugar de sumarse al resto de los ingresos y aplicarse los tipos progresivos de la escala. Para mí, es la novedad más destacable, aparte de la reducción de tipos y de otros cambios importantes en planes de pensiones, en el sentido de que se desincentivan los planes que se cobran en forma de capital para incentivar los que se cobran en forma de renta.

P.– ¿Y los cambios más criticables?
A D-S.– La propia novedad, porque España ha adoptado un modelo dual, que quiere decir que las rentas del capital, las rentas del ahorro, van a un 18%, y las otras rentas van a tipos progresivos que pueden llegar hasta el 43%. Lo que ocurre es que un impuesto dual, para que técnicamente lo sea ha de cumplir tres circunstancias que en España no se dan: la primera, que el tipo de las rentas de capital –que es del 18%–, no sea muy diferente de las restantes rentas y aquí sí lo es, porque en las rentas del trabajador pueden llegar hasta el 43% lo que supone una diferencia importante; la segunda, que el tipo por Impuesto de Sociedades no sea sustancialmente diferente y no lo es en España, con el 25 o el 30%, y la tercera, y más importante, que no haya un riesgo de que el capital pueda marchar del país atraído por fiscalidades más beneficiosas en otras naciones con las que no hay intercambio de información. Para evitar esa fuga de capitales se considera justificado un tratamiento privilegiado a las rentas del capital, pero eso en España tampoco ocurre porque hay convenios de intercambio de información con otros países. Como consecuencia, un trabajador puede llegar a pagar el 43% de su sueldo mientras que una persona que se dedica exclusivamente a obtener rentas de dividendos o intereses pagará sólo un 18% y eso para mí es presuntamente inconstitucional, porque vulnera uno de los principios básicos, el de capacidad de pago, es decir, que dos personas de igual nivel de renta van a pagar de forma distinta en función de donde provengan los ingresos.
P.– La disminución de tramos en el Impuesto de Sociedades es un objetivo que han defendido en los últimos años todos los partidos, pero eso ¿aporta eficacia?:
A D-S.– Yo creo que sí. Hay una tendencia en todo el mundo a reducir tramos porque simplifica el impuesto y se gana en eficacia, pero nadie se atreve a aplicar el impuesto a tipo único, que es lo que el Gobierno socialista en un principio parecía que iba a hacer. Cuando hablamos de impuesto tipo único me refiero a un impuesto con un tipo del 20, 25 o 30% y con un mínimo exento, es decir, que sólo lo que supere determinada cantidad tributa. De esta manera se consigue una verdadera progresividad. Si hay un tipo que se aplica desde cero euros evidentemente no hay una progresividad, pero si hay un mínimo que se combina con un tipo único sí. Pero es muy difícil que la sociedad entienda que con un mínimo exento y un tipo único, están igual tratadas las rentas altas que las rentas bajas. Por eso todos los países de nuestro entorno van como mínimo a dos tipos, porque hay dificultad en convencer al ciudadano.

P.– Usted ha publicado que esta reforma fiscal es más injusta y menos equitativa. ¿Cómo se justifica con un Gobierno de izquierdas?
A D-S.– Absolutamente injustificable. Cómo es posible que un gobierno progresista apruebe una reforma en la que las rentas productivas del trabajo o de una profesión puedan llegar a pagar el 43% y las rentas no productivas, del capital, sólo paguen el 18%. Hay argumentos técnicos pero no se cumplen en España. Parece difícil encajar que un gobierno de las características del que hay en nuestro país apruebe una reforma más clásica de un gobierno liberal o de centro-derecha.

P.– ¿Le preocupa la posible competencia fiscal entre autonomías como consecuencia del margen de decisión que tienen en las deducciones o de la modificación de impuestos como Sucesiones y Actos Jurídicos Documentados?
A D-S.– Aquí yo soy muy crítico. Creo que hay un auténtico caos autonómico en el que cada autonomía está haciendo lo que le parece para competir con la otra; yo creo que se están haciendo actuaciones más allá de lo que permite la Ley Orgánica de Financiación Autonómica. Y eso ha ocurrido en Madrid, en Cantabria, en La Rioja, en Baleares y en Valencia, porque llegar casi a anular la tributación del Impuesto sobre Sucesiones, para mí es invadir una competencia que sólo tiene el Estado, aunque tal y como se articula puede ser ejercida por la Comunidad. Me explico: sólo el Estado puede decir que no se paga sucesiones y si una comunidad autónoma llega a un resultado igual a lo que sólo el Estado puede hacer, está vulnerando la LOFCA. Creo que las comunidades autónomas no están ejerciendo correctamente su competencia normativa. Las comunidades han entrado también en una dinámica de reducir impuestos y no aumentarlos, lo cual es una auténtica incoherencia porque con una Ley de Dependencia, con un problema de envejecimiento que hay que atajar y con un incremento de las prestaciones lo que necesitamos son más ingresos públicos. ¿Cómo va a ser eso compatible con que comunidades como Madrid empiecen a bajar impuestos? Yo creo que lo que ocurre es que el político sólo convence reduciendo impuestos y nos faltan políticos que sean capaces de convencer aumentando impuestos.
También hay que clarificar el terreno de juego. Creo en la competencia fiscal entre las competencias autónomas pero con una corresponsabilidad fiscal muy bien marcada, porque la solidaridad es básica es un Estado concebido como el español. Por ejemplo, ¿Por qué un gallego ha de pagar el impuesto de sucesiones y un residente en La Rioja no? ¿Por qué en Navarra se siguen manteniendo determinados privilegios fiscales? Quizá en el caso de La Rioja y Cantabria esté justificado por la proximidad geográfica del País Vasco y de Navarra, pero eso es un efecto dominó; ahora quien está colindante con La Rioja y con Cantabria va a querer hacer lo mismo.

P.– Su contencioso con el Estado por haber aplicado el IVA en las subvenciones a las empresas está obligando a devolver una gran cantidad de dinero ingresado indebidamente en las arcas públicas. ¿Se lo habrán agradecido los beneficiarios?
A D-S.– El supuesto que dio lugar a este recurso, que fue del Ayuntamiento de Sant Cugat, es realmente curioso porque yo no cobré por él. Es un tema del que tú estas convencido, lo propones y te dicen adelante.

P.– Se estima que esa sentencia supondrá la devolución de unos 2.000 millones de euros. ¿Es así?
A D-S.– En su momento, el ministro Solbes dio algunas cifras que se acercaban a ese importe, pero yo nunca he podido contrastarlas. Mi sensación es que es mucho menos, pero me gustaría que la administración del Estado dijera lo que ha representado y segregado por cada Comunidad. Contribuimos a unos gastos de un Estado cuyo control exige transparencia y debemos utilizar esa transparencia para reflexionar por qué la fiscalidad acaba tocando siempre el bolsillo de los que tienen rentas por trabajo, los grupos menos organizados, con menos posibilidades de hacer lobbyes…
– ¿Qué ha ocurrido para que las empresas se hayan mostrado poco activas en esas reclamaciones del IVA que tuvieron que pagar sobre las subvenciones?
A D-S.– Primero, que la norma preveía que transcurridos cuatro años quedaba prescrito. Lo segundo es que muchas de estas subvenciones a empresas no tenían excesiva trascendencia económica consideradas individualmente, aunque sí en su conjunto, y el procedimiento para su devolución era un poco farragoso. Eso ha producido cierto desánimo. También han pesado el temor a las inspecciones, no porque haya nada que ocultar, sino porque eso podría producir distorsiones. Tengo que decir que las devoluciones que se están realizando han sido muy rápidas, pero también que ha habido pocas, y el sector público, desconozco por qué, no las pide, siendo el más afectado, y me refiero a empresas de transporte público, empresas de ferrocarriles, de cultura, teatros, etc. que reciben subvenciones sistemáticas para su funcionamiento. Me temo que haya habido algún pacto con las autonomías a cambio de no hacer devoluciones.