El Congreso pide al Gobierno que analice el impacto del empaquetado genérico de tabaco en la economía canaria

La CNMC pone peros a la medida de Sanidad: reclama «evidencias empíricas», razones de interés general y una norma de rango de ley

El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa auspiciada por Coalición Canaria que pide al Gobierno analizar el impacto en la economía del archipiélago del empaquetado genérico de las cajetillas de tabaco que quiere implantar el Ministerio de Sanidad. Todo el hemiciclo ha votado a favor de la medida salvo Vox, que ha votado en contra.

Aunque la iniciativa original era una moción de Coalición Canaria, la formación insular llegó a un acuerdo con PSOE y Sumar para modificar el texto y suavizar el contenido del primer borrador.

Asi, en lugar de pedir la eliminación de la introducción del empaquetado genérico, finalmente el Congreso insta a analizar el impacto de la medida, en caso de que se pretenda adoptar, en función de la experiencia de otros países y su impacto en el tejido industrial, económico y social de las Islas Canarias.

Precisamente este jueves la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto reparos al decreto el Ministerio de Sanidad, exigiendo una norma de rango de ley que incluya razones de interñés general y «evidencias empíricas» para acreditar que se ajustan a los principios de buena regulación y de libertad de empresa.

Asimismo, la iniciativa pide al Ejecutivo consensuar con los posibles sectores y las autoridades autonómicas afectadas, entre ellas Canarias, en el caso de que se pretenda adoptar la medida.

Por último, se pide al Gobierno colaborar con la comunidad autónoma para la transformación del sector del tabaco en el archipiélago por su importancia para el tejido industrial de las islas, al mismo tiempo que se llevan a cabo las medidas de lucha contra el tabaquismo en Europa y en España, con el objeto de mantener la capacidad industrial, la inversión, la innovación y el empleo del sector.

VALIDO YA ANUNCIÓ EL ACUERDO

Ya durante el debate de la iniciativa el pasado martes la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, anunció que había alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Industria y Turismo para analizar el impacto del empaquetado genérico de las cajetillas de tabaco en la economía del archipiélago.

«Tenemos ese acuerdo, el sector tabaquero está contento con este acuerdo y en adelante trabajaremos, por supuesto, para vigilar su cumplimiento», celebró Cristina Valido desde la tribuna de la Cámara Baja.

En el turno de Sumar, el diputado Rafael Cofiño Fernández defendió la necesidad de una transición productiva «con rostro humano» para el sector tabaquero de Canarias, poniendo como ejemplo la reconversión minera en Asturias.

SUMAR ABOGA POR UNA TRANSICIÓN «CON ROSTRO HUMANO»

Destacó la importancia de no dejar «atrás a los trabajadores» en los procesos de transformación de sectores con impacto negativo en la salud, «dando respuestas a las personas trabajadoras» que históricamente han sido utilizadas en diferentes industrias.

Por parte del PSOE, la diputada Dolores Corujo hizo hincapié en la importancia estratégica de la industria tabacalera en Canarias: «Está estrechamente ligada con la propia historia de las islas y ocupa un papel muy importante tanto en la cultura como en la parte económica».

Corujo destacó los datos económicos del sector, señalando que «de las 36 empresas que operan en España, 21 de ellas se encuentran en Canarias», resaltando que «la principal exportadora de bienes industriales es precisamente la industria del tabaco, por encima de un producto tan emblemático como el plátano».

La diputada socialista puso de manifiesto la relevancia económica del sector, indicando que «representa el 12,9% del PIB industrial» y «ocupa a 4.500 personas, tanto en empleo directo como indirecto». «Para Canarias, con una alta dependencia del turismo, todo lo que tenga que ver con el ámbito industrial es sumamente importante», ha explicado.

PP, PNV Y VOX CUESTIONAN LA MEDIDA

La parlamentaria del PNV Idoia Sagastizabal cuestionó la eficacia de esta propuesta argumentando que «no viene recogida por ninguna norma nacional o comunitaria, ni tampoco en el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027».

Destacó que la experiencia en otros países como Francia, Reino Unido, Australia o Irlanda demuestra que el empaquetado genérico «parece ineficaz para reducir el consumo del tabaco» y advirtió que este tipo de medidas «pueden conllevar efectos adversos, como el fomento del comercio ilícito», citando datos de incremento del mercado negro en países que ya lo han implementado. Un estudio de AFI, según la diputada, «podría provocar la pérdida de hasta 460 millones de euros y 5.600 empleos» en España.

El diputado del PP, Juan Antonio Rojas Manrique, advirtió sobre los posibles efectos no deseados de esta medida, subrayando que «los estudios realizados en otros territorios revelan una caída en la recaudación fiscal y un debilitamiento de las industrias legales».

Así, reclamó «responsabilidad y diálogo», insistiendo en que «no se puede legislar sin medir las consecuencias» y que es fundamental «estudiar la implantación del empaquetado genérico a partir de la experiencia internacional».

De su lado, el diputado de VOX, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, criticó duramente que se plantee la introducción del etiquetado genérico del tabaco, argumentando que «no tiene un efecto probado sobre la prevalencia del tabaquismo», mientras que supondría «un impacto inmediato sobre la generación del valor del sector» tabacalero, especialmente en Canarias.

Rodríguez Almeida advirtió que el etiquetado genérico podría provocar «la pérdida entre 3.200 y 5.600 puestos de trabajo» y una reducción del PIB «entre un 30,7 y un 46,5%, es decir, entre 122,4 y 185,5 millones de euros».