Inventario

El eterno pagano

El sector público se hace cargo de casi todo, siempre que el volumen de afectados sea lo suficientemente grande para que formen un grupo de presión. Hay quien reclama que el Estado (es decir, todos nosotros) indemnice a los afectados de Forum y Afinsa. Por supuesto, si hay que demoler las casas ilegalmente construidas, somos todos los que tenemos que hacernos cargo de los costes del derribo y de la indemnización a los compradores. Y, cuando otros insensatos, como Hormaechea, se llevan por delante los viejos edificios de Astilleros del Atlántico sin expropiación previa, pues también tenemos que pagar del procomún. El erario público regional se tuvo que hacer cargo de los trabajadores de la empresa quebrada y ahora hemos tenido que indemnizar con nada menos que 21 millones de euros a los titulares de las acciones de unos astilleros extintos hace veinte años, muchos de los cuales se hicieron con ellas con el único fin de sacar tajada de la Administración pública, pagana de todas las guerras.
Pero el suma y sigue no queda ahí, porque ha venido a añadirse, como cabía imaginar, la cooperativa de Monte, un chiringuito financiero modesto pero incontrolado que ha venido funcionando a sus aires, sin que ningún organismo público se sintiera responsable, hasta que ha dejado de funcionar. El agujero creado por la mala gestión del gerente y la connivencia con un grupo de empresas que se valía de ese descontrol no se puede cubrir ni de lejos con los pocos activos que tenía la cooperativa, ni con la venta de la clientela al Banco Santander y cómo no, es el aval del Gobierno regional el que permitirá que los afectados puedan cobrar al menos el 80% de las cantidades que tenían depositadas. Pero todo eso nos costará alrededor de 2.000 millones de pesetas.
Es curioso que en este tipo de problemas no haya diferencias ideológicas. Ni siquiera los más liberales del PP se atreven a recordar que son riesgos privados y que el sector público no puede asumirlos, entre otras cosas, porque crea agravios con los perjudicados por otras inversiones fallidas que, por ser menos en número, no tienen fuerza suficiente para torcer la mano del político. En este caso, los afectados son familias a las que no les sobra el dinero y resulta más entendible que el Gobierno haya puesto toda la carne en el asador para resolver el problema. Pero seguramente habrá inversores de Forum y Afinsa en situaciones parecidas y por qué no aflojar el bolsillo para salvar también a una fábrica en crisis o, incluso, al equipo de fútbol local cuando corre el riesgo de extinguirse. Hemos tenido ejemplos de todo ello y eso demuestra que cuando se abre una puerta a la discrecionalidad es muy difícil cerrarla. Pero el dinero público no puede ser el bálsamo de todos los males, incluidos los privados.
Proclamarse liberal o ultraliberal en este país es muy fácil. Pero todos aquellos que lo hacen están obligados a pronunciarse cuando se producen estos casos concretos. Y no lo van a hacer, para no mojarse y porque, en el fondo, en España no hay liberales. Hemos crecido en la cultura de que el Gobierno lo tiene que resolver todo, incluso nuestras vidas privadas, y a lo más que llegamos es a cambiar el envoltorio de la demanda. Como es demasiado burdo y prosaico pedir el dinero, ahora se suelen pedir recalificaciones. ¿Qué le cuesta al Gobierno o al Ayuntamiento un simple trámite burocrático como éste, cuando se trata de hacer más grande a nuestro club de fútbol, para que construya un nuevo estadio, pueda fichar más o evite descender?
Pero se pague del cajón A, el del dinero público, o del B, el de la recalificación, no podemos someter al erario público a un chantaje cada día. El problema es que no hay nadie que se atreva a decir no.

El reto de la nueva legislatura

En los últimos cuatro años, en Cantabria hemos vivido una campaña electoral permanente. Tanto que algunos altos cargos parecían ubicuos y, por no alejarse de la poltrona, ni siquiera han cogido vacaciones. Ahora se lo tomarán con más calma, una vez pasada esa neurosis de querer hacerlo todo y lo más deprisa posible y darán paso a una actitud un poco más reservona, la de quien ya sabe lo que es el poder y empieza a quedarse sin ideas nuevas.
Si se reedita el pacto, como parece probable, la legislatura que ahora empieza será distinta por esas razones. El PRC llevará cuatro mandatos y el PSOE, donde más se notaba la ansiedad del recién llegado al poder, comenzará el segundo. No vendrá mal un poco de sosiego, porque la política no es muy distinta del resto de las actividades humanas y exige contemplar los hechos con una cierta distancia para evitar una perspectiva desenfocada.
Pero, a cambio, las ideas empiezan a agotarse. Ya no será fácil poner en marcha políticas nuevas, a excepción de la aplicación de la Ley de Dependencia, que va a ser una auténtica revolución social. El resto vendrá dado por la anterior legislatura: la apertura de polígonos industriales que no dio tiempo a concluir, la continuidad de la estrategia de subvenciones para todo, la conclusión de las faraónicas obras de saneamiento de la Cuenca del Asón y del Besaya… y poco más.
De hecho, a lo largo de la campaña electoral no se han formulado promesas concretas, ni por parte de los dos grupos políticos que formaban el gobierno, ni por parte de la oposición, lo que contrasta mucho con el aluvión de compromisos de los candidatos municipales.
En realidad, el único cambio puede estar en la capital. El desencuentro del Gobierno regional con el anterior alcalde, Gonzalo Piñeiro, le ha venido muy mal a la ciudad, al esterilizar muchas de las propuestas por ambos lados. Además del distanciamiento político había un distanciamiento personal y quizá por la personalidad del nuevo alcalde, Iñigo de la Serna, las cosas pueden ser muy distintas ahora. Pero esa es una mera conjetura. Si ambas partes actúan con un poco de inteligencia, el Ayuntamiento desbloqueará el Edificio Moneo y el Gobierno regional le facilitará a De la Serna las dos bazas que tenía Cabezón en su mano: la reordenación de la zona portuaria, que dará lugar a un nuevo Santander, y la unificación de las vías de Renfe y Feve, para crear la gran avenida de entrada que la ciudad necesita.
Aunque eso consolide a De la Serna como alcalde casi perpetuo, el cambio de la capital deberá ser el gran proyecto de legislatura del Gobierno, porque frente a las grandes reformas que han conocido ciudades parecidas, como Vitoria u Oviedo, Santander sigue sin reaccionar.

Realidad virtual

Al ciudadano medio le cuesta suponer que el efecto de los precios sobre su bolsillo coincide con el IPC de cada mes, quizá porque el índice no es representativo de las pequeñas compras, que son las que crean opinión. Pero podía pasarle otro tanto con las encuestas. Resulta sorprendente que el terrorismo, por ejemplo, vuelva a convertirse en la segunda preocupación en orden de importancia de los españoles que en los últimos cuatro años sólo han vivido un atentado mortal, una situación que no se producía desde la década de los 60.
Quizá haya que poner en entredicho el método de muchas encuestas. No es lo mismo forzar al entrevistado a que recuerde aquellas cosas que le preocupan, donde lo probable es que mencione el cómo pagar la hipoteca, los problemas que tiene con su jefe o sus circunstancias de salud, que ponerle delante de los ojos una lista en la que figuran la inmigración, el terrorismo, las obras públicas, la unidad territorial o el estado de la región, materias que con ser importantes, no suelen ser las que desvelan por la noche a las familias, mucho más angustiadas por lo propio que por lo colectivo.
Tampoco puede extrañar que por este sistema de inducción de las respuestas, personas que no se han subido en un tren desde que compraron un coche hace treinta o cuarenta años y que no se van a subir a él, por mucho que mejore en calidad y velocidad, consideren que lo más urgente para todos los cántabros es el AVE.
Cuando a alguien le fuerzan a elegir entre una ristra de asuntos como éstos es obvio que se ve obligado a fruncir el ceño y ponerse en situación, pero a veces el resultado es poco creíble. En una reciente encuesta regional aparece como una de las demandas más sentidas de los cántabros (con 7,14 puntos sobre 10) la carretera Reinosa–Potes. A cualquiera que haya hecho encuestas le cabrán muchísimas dudas de que tanta gente conozca ese proyecto (al margen de los lebaniegos, obviamente) y que sea tan prioritario para la mayoría.
Algo parecido ocurre con el estatuto de Autonomía. Alrededor de un 35% de los cántabros opina, al parecer, que hay que reformarlo porque se nos queda corto, mientras que otro 41% cree que está bien como está y sólo un 24% se abstiene de emitir una opinión. ¿Pero se lo han leído? ¿Podría decir alguno de los que piden más autogobierno al menos dos o tres competencias nuevas que debamos reclamar? ¿Serían capaces unos y otros de señalar al menos una decena de las que ya tiene la autonomía? ¿Cómo es posible que alrededor de un 80% de la ciudadanía tenga opinión sobre un tema que haría dudar a muchos expertos juristas?
O bien estas respuestas se obtienen forzando al entrevistado a pronunciarse sobre algo que no conoce a fondo o la cocina de los datos recogidos los ha guisado tanto que las conclusiones apenas tienen validez alguna.
Si damos por buenos los resultados, podemos componer una realidad virtual como ésta: entre los cántabros hay una cierta tensión en favor de una reforma del estatuto de autonomía; el primer problema regional es el terrorismo, están deseando que haya AVE para viajar todos en tren y abandonar el coche de una vez y consideran prioritario hacer la carretera Reinosa-Potes dado que, al parecer, la mayoría la tendría muy a mano.
Pruebe a sondear entre sus conocidos cuáles son sus preocupaciones vitales y, si al menos una de ellas coincide con éstas, dé por buenas las encuestas. Pero lo probable es que no ocurra, porque en el mundo real, y no en el virtual, lo que preocupa es qué hacer con los niños el día de fiesta escolar, unos diagnósticos médicos, lo que sube la hipoteca o por qué empieza a hacer un ruido el coche en el momento más inoportuno. Quizá algún día también éstas figuren en la lista y así tendremos una imagen más exacta de lo que sentimos y padecemos los españoles, que casi nunca está directamente relacionado con la política, excepto que alguien ponga mucho empeño en que la política se convierta en un problema doméstico.