Cenavi impulsa el derribo de los edificios inconclusos de La Arena para cobrar la indemnización

La paradoja de que quien construyó los apartamentos sea ahora el más interesado en que se inicien los derribos no es tal. En realidad, Cenavi se siente un perjudicado más, aunque sus intereses sean distintos a los que tienen los compradores de las viviendas, pero no son contradictorios, ya que sólo pretende que se tiren los edificios que quedaron sin terminar, que son los derribos que han salido a concurso. La demolición de los edificios construidos y habitados (102 apartamentos) es harina de otro costal y no parece una eventualidad que pueda producirse por el momento, ni sobre el que la constructora tiene interés alguno, aunque en esos bloques terminados le quedaron 12 apartamentos sin vender.

Estrategia de demora

El Ayuntamiento de Arnuero fue el encargado por el juez de proceder a los derribos, pero ha demorado la ejecución cuanto ha podido, justificando que sólo el coste de tirar los edificios que quedaron en estructura ya excede las posibilidades de su presupuesto anual. Tras varios años de aplazamiento, no ha podido dilatar más esta responsabilidad y se ha visto obligado a sacar a concurso los derribos, pero dividiéndolos en tal número de fases que, en la práctica, los convertía en un goteo a muy largo plazo. En el primer concurso se ha limitado a los dos bloques sin concluir, en los que estaban previstos 42 apartamentos, separando, incluso, los derribos de la reforestación del suelo.
Cenavi se presentó al derribo de estos edificios que, por la paralización de la obra, nunca llegó a acabar ni a vender, para deshacerse de una vez de un problema que estuvo a punto de hacerla desaparecer y recibir la indemnización que le corresponde, unos 15,5 millones de euros (alrededor de 2.600 millones de pesetas) según la tasación pericial aceptada por los jueces. En esa cantidad se recoge la cuantía empleada en su día en los dos bloques, los gastos que originó el crédito que la empresa promotora suscribió con la Caja y el lucro cesante de la inversión a lo largo de un periodo de tiempo tan dilatado.

Dos problemas con solución a largo plazo

Cenavi abordó esta promoción a través de una sociedad a medias con el empresario Miguel Ángel Segurado. La paralización de la obra tras la sentencia judicial que declaraba ilegal el cambio de calificación del suelo y, por tanto, la licencia, provocó la crisis de la promotora, la separación de ambos socios y unas consecuencias económicas muy graves para Cenavi, que se vio obligada a recomprar a la Caja el crédito concedido.
El problema se agravó aún más para la empresa de Eugenio Nava Viar, porque coincidió en el tiempo con otra sentencia que anuló la reordenación urbanística aprobada por el Ayuntamiento de Santander de los terrenos que había adquirido a Nueva Montaña Quijano y empezaba a desarrollar, con clientes tan significativos como El Corte Inglés.
Cenavi sobrevivió a ambos tragos, aunque en el caso de Nueva Montaña tuvo que esperar más de dos años –con un endeudamiento asfixiante– a que de nuevo se aprobase la reordenación de los terrenos, y en el de La Arena casi quince, si finalmente se producen los primeros derribos.

Nuevo concurso

Por el momento, la demolición de la primera fase de La Arena sigue sin tener fecha. El adjudicatario, la empresa navarra Erri Berri no se presentó a realizar el derribo, después de recibir un gran número de amenazas anónimas, aunque eso le supuso perder la fianza depositada. Ante esta eventualidad, el Ayuntamiento manifestó su intención de convocar un nuevo concurso, pero Cenavi envió una carta ratificando su oferta para que se le adjudicase el trabajo, como segundo clasificado en el ya celebrado, y evitar así nuevas demoras. A pesar de su interés, la constructora cántabra tampoco lo ha conseguido, ya que su aliado en la UTE, la empresa Bedia, ha argumentado que la carga de trabajo no le permite, ahora, hacer frente al encargo.
Parece claro, por tanto, que el Ayuntamiento podrá declarar desierto el primer concurso y convocar uno nuevo para estas fases y que Cenavi tendrá esperar algo más para cobrar la multimillonaria indemnización que ha de pagar el Gobierno regional. En los numerosos pleitos a que dio lugar esta licencia de 1988, anulada en junio de 1994, ha quedado claro que la responsabilidad última fue de la Comisión Regional de Urbanismo, presidida entonces por Juan Badolato, al aceptar la recalificación de unos terrenos que no cumplían ninguna condición para ser declarados urbanizables por el Ayuntamiento.
El caso quizá hubiese discurrido por otros cauces distintos si el presidente Hormaechea hubiese recurrido en plazo la primera sentencia, dictada a finales de 1993, algo que parecía lo normal dado que había sido su propio gobierno el condenado. No obstante, Hormaechea siempre consideró “una traición” esta operación urbanística de la que no estaba informado y ni siquiera quiso asumir la defensa de un acto ocurrido durante su primer mandato.
Aunque se produzca el derribo de los dos bloques inconclusos, lo que se producirá antes o después, quedará por concursar la demolición de los edificios vendidos y habitados. Un asunto que se antoja casi imposible, a la vista de los problemas que está dando el hacer desaparecer unas estructuras que no tienen utilidad para nadie y perturban la estética de la zona por sí mismas y por la siniestra decoración de monigotes colgados y pancartas amenazantes que le han añadido los vecinos.