Una conquista social y un motor de empleo

En Cantabria se han censado unos 6.000 grandes dependientes, de los que casi la mitad ya disponían de plazas en residencias o centros de día. El resto dependía del cuidado esforzado de su familia y veía muy lejana la posibilidad de conseguir una plaza en una residencia, bien porque no son suficientes las existentes o porque el criterio de renta ha venido excluyendo de las plazas públicas a las clases medias y los centros privados, con unos precios medios de 1.800 euros al mes, sólo están al alcance de los más pudientes.
El sistema público cántabro cuenta ahora con 2.681 plazas públicas o concertadas en residencias que, como era previsible, se van a quedar muy cortas para hacer frente a los derechos que se han reconocido en los últimos meses, si bien a esta cifra hay que sumar las plazas en los centros de día (674), que cubren las necesidades de una parte de los grandes dependientes, donde hay vacantes.

Los primeros en ponerla en marcha

La Consejería de Bienestar Social, que dirige la vicepresidenta Lola Gorostiaga, ha sido la primera del país en poner en marcha los mecanismos de la Ley de Dependencia. A comienzos de diciembre, cuando en Cantabria se habían recogido y mecanizado 5.250 solicitudes de ayuda, la comunidad de Madrid sólo llevaba 700.
También se han puesto en marcha medidas prácticas como la de extender los horarios de atención de los centros de día, que ya funcionan toda la semana, en lugar de hacerlo de lunes a viernes, como ocurría anteriormente.
La aplicación de la ley va a ser progresiva, por el enorme movimiento de recursos físicos (residencias, centros de día, cuidadores, etc) y financieros que va a requerir. Eso impide percibir, por el momento, los efectos económicos que también va a producir, pero van a ser muy importantes. Hay que tener en cuenta que por cada dos personas atendidas es necesario un puesto de trabajo. La proporción es aún mayor en el sector público y vale como referencia el centro de día que pronto se abrirá en Castro Urdiales, donde habrá 57 personas de plantilla para atender a 88 personas y en ese cómputo no se incluyen tareas como la limpieza, que estarán externalizadas.
Médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, cocineros, pinches… Una estructura muy cara que obligará al Ejecutivo cántabro, como a todos los demás, a subcontratar muchos de estos servicios al sector privado, cuyo coste por plaza de residente es menos de la mitad.

Dignificar la profesión y remunerarla mejor

Los empresarios privados discuten si los precios que paga el Gobierno (unos 45 euros/día en una residencia de 24 horas) son suficientemente remuneradores, sobre todo a partir de las nuevas exigencias dotacionales y de personal que entran en vigor este mes, pero parece evidente que ambas partes están condenadas a entenderse. El Gobierno, porque necesita sus plazas y los empresarios porque la Consejería de Bienestar Social es su principal y, en muchas ocasiones, único cliente. En Cantabria prácticamente no hay residencias privadas que renuncien a concertar plazas y los pocos intentos de abrirlas no han tenido mucho éxito, ya que los precios de las privadas puras están al alcance de muy pocas familias.
Julio Soto, director general de Políticas Sociales asegura que, a pesar de esa posición de fuerza que le da al Gobierno contratar miles de plazas no se vale de ello: “Se trata de pagar un precio que cubra los costes y remunere al empresario”, afirma. No obstante, el Gobierno parece dispuesto a subir las tarifas ahora que ha elevado el nivel de exigencia para las residencias privadas hasta equipararlas con el que ya tenían las públicas.
“Hay que hacer que el sector sea rentable”, manifiesta Soto. “Que se establezcan salarios dignos, porque, o los dignificamos o no encontraremos a nadie para hacer ese trabajo”, añade. Y esa dignificación pasa, según el Gobierno, por conseguir que el prestigio profesional y las remuneraciones de una auxiliar de clínica no sean distintos del que tiene una auxiliar del Hospital Valdecilla.

Clientela asegurada

Tener la clientela asegurada es una ventaja para cualquier empresario y esa es la principal ventaja de quienes conciertan las plazas. Incluso hay quien antes de lanzarse a la aventura de construir una nueva residencia ha consultado si tendría garantizado el concierto. La Consejería, que parece la primera interesada en impulsar estas iniciativas, no ha tenido problema en confirmarlo, siempre que el emplazamiento se ajuste a las zonas donde se concentra la demanda potencial. Esta seguridad en los ingresos, antes incluso de iniciar la obra, puede compensar el hecho de que el negocio de las residencias no haya resultado tan rentable como se calculó en el pasado.

Cambio de criterio

La Ley de Dependencia está claramente vinculada a una forma muy progresista de entender el Estado del Bienestar, pero hay un postulado aparentemente poco congruente con los principios tradicionales de la izquierda, ya que cambia radicalmente el criterio anterior de rentas para igualar los derechos de cualquier persona dependiente. “Alguien puede entender equivocadamente que para acceder a una plaza pública en una residencia no debe tener el mismo derecho Emilio Botín –si tuviera necesidad de ella, que no la va a tener– que cualquier persona de la calle”, explica Lola Gorostiaga. “Pero no es así”, continúa. “Hay que aplicar el mismo principio universal que tiene la Seguridad Social y que nadie discute. Y hay que tener en cuenta que hasta ahora estábamos dejando fuera de este derecho a toda la clase media, muchísimas personas que probablemente no podían pagar una residencia privada y a las que tampoco le damos una plaza pública”.
El problema se plantea cuando el número de plazas es inferior al de quienes adquieren el derecho a ocuparlas con la nueva Ley, de forma que el sector público tendrá que darse mucha prisa para promoverlas directamente o fomentando que las hagan los empresarios privados.
Pero la solución más inmediata va a llegar precisamente por otra vía indirecta, la de utilizar a las familias, una institución que en España ha sido el sostén tradicional para las personas dependientes. En vista de que son muchos los potenciales usuarios que prefieren permanecer en su entorno, el Gobierno socialista de la nación optó por remunerar a los cuidadores o facilitar la atención en el domicilio, una solución que puede resultar más gratificante para algunas personas y, a la postre, más barata que una residencia.

Desfuncionarizar

No es la única medida que busca la proximidad en la prestación de estos servicios. Luisa Real, directora general de Servicios Sociales del gobierno de Cantabria lo explica: “Hemos apostado por los centros de día, porque es una forma de acercar la atención al usuario [dependiente], de no desarraigarlo, y de humanizar el servicio que se presta. Por eso, el objetivo es crear centros de día y residencias pequeñas y cercanas, de facilitar el catering social (comida a domicilio) o prestar unas horas de atención al día en el propio domicilio del dependiente, según sus necesidades”.
Muchas de estas prestaciones que realizaba la Consejería se van a desfuncionarizar con la creación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, el equivalente al Servicio Cántabro de la Salud, mucho más ágil para la gestión que el régimen actual: “No se puede hacer esperar a alguien que necesita un servicio de este tipo”, explica Lola Gorostiaga para defender el nuevo planteamiento, otro más de los grandes cambios que se van a producir en la asistencia a los dependientes, aunque en este caso sea de carácter administrativo.