Y la pantalla se iluminó… con cincuenta años de retraso

A finales de los años noventa, Peter McNicol, aquel abogado bajito y pelirrojo de la serie de televisión Ally McBeal, al que todos llamaban Bizcochito, vino a pasar unos días a Lamasón, invitado por el alcalde, con el que mantiene una relación de amistad desde que éste residía en Estados Unidos. Los vecinos de Lamasón, al igual que los de Herrerías o Rionansa, no conocían de nada al entrañable Bizcochito porque la mayoría de ellos nunca habían tenido acceso a las emisiones de las televisiones privadas. Las cosas no han cambiado demasiado desde entonces y hoy, como hace diez años, es mas fácil que una estrella de Hollywood visite la comarca del Nansa que llevarles la señal de televisión a algunos vecinos.
Se calcula que al menos 28.000 personas siguen sin poder ver en Cantabria los canales privados y para 17.000 de ellos, por difícil de creer que resulte, aún no ha llegado la era de la televisión, ya que no reciben ni las cadenas públicas ni las privadas. Con este precedente, parece banal el hecho de que la señal de La Sexta, la última de las incorporaciones a la oferta de televisión generalista, no le llegue aún a más de 170.000 personas.
La era digital, la de la universalización de las telecomunicaciones, no ha podido dar una respuesta asequible al problema que plantean las abundantes zonas de sombra (allí donde no llega la señal de los repetidores) que persisten en la región. Y los ciudadanos que se quedaron al margen de la televisión analógica corrían el peligro de quedarse también al margen de la televisión digital. La tecnología elegida por el Ministerio de Industria para universalizar la TDT no podrá dar cobertura a un ocho por ciento de la población cántabra, aquella que vive en valles donde las ondas terrestres no llegan y la difusión de la señal para esos pequeños núcleos de población a través de una miriada de reemisores, con sus respectivas acometidas eléctricas, resulta tan costosa que el Plan Técnico Nacional de la Televisión Terrestre renuncia a conseguirlo. Un porcentaje de excluidos que en el conjunto nacional supondrá el 2% de la población, que no podrán ver las cadenas públicas y el 4% en el caso de las privadas, pero que en Cantabria será el doble (8%).
Para estas decenas de pequeños emplazamientos rurales, que muchas veces no pasan de media docena de vecinos, recibir la TDT significaría pasar del cero absoluto a un modelo de televisión casi a la carta pero, por el procedimiento estatal de TDT eso tiene unos costes difíciles de asumir. Con esta realidad en la mano, en el 2010, cuando se produzca el apagón analógico, unas treinta mil personas se quedarían definitivamente sin posibilidades de recibir ningún tipo de señal de televisión gratuita, ni la digital ni la convencional.

La solución satélite

El Gobierno de Cantabria ha tratado de dar respuesta a este problema por el único procedimiento que parece salvar todos los obstáculos y va a convertirse en operador de telecomunicaciones con un sistema propio de televisión digital por satélite. Una decisión que no ha sido fácil de tomar y que ha encontrado contestación de Abertis, concesionaria de la extensión de la TDT terrestre, lo que le otorga una situación de monopolio de hecho. La heredera de la antigua Retevisión pública ha visto como otra empresa, SES Astra, se ha hecho con el concurso convocado por el Gobierno cántabro para poner en marcha la TDT vía satélite para llegar a los núcleos rurales, pero que podría ser sintonizada en cualquier otro lugar de la región siempre que se tenga una antena parabólica y un receptor.
La posición de Abertis en Cantabria, al igual que en el resto de España, es privilegiada. El gobierno de José María Aznar puso en venta Retevisión en 1997 y, con la privatización, los nuevos gestores adquirieron todos los derechos sobre las concesiones otorgadas por juntas vecinales, ayuntamientos y por la antigua Diputación Provincial de Cantabria en decenas de ubicaciones donde había repetidores. En todos los casos, fueron cesiones gratuitas de terrenos y de centros reemisores, que nunca se revisaron. Muchas de las concesiones fueron prácticamente regaladas a la entonces empresa pública porque, en la práctica, las fincas tenían un valor limitado y el objetivo prioritario tanto de las autoridades como los ansiosos ciudadanos de cada pueblo era que llegase la televisión cuanto antes.
La vigencia de esas concesiones podría ser revisada ahora por el Gobierno, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones, cuyo director, Marín Sánchez, parece empeñado en poner orden en un sector en el que impera la ley de la selva. Sin embargo, eso exigiría un proceso de control de concesiones sobre las que posiblemente no existan ni tan siquiera documentos y la verificación de las cláusulas de muchos de ellos que obligan a que los centros reemisores se utilicen exclusivamente para difundir la señal de televisión y no para otros usos, como los de telefonía.
El alojamiento irregular de las antenas de telefonía móvil en los reemisores es una práctica extendida, debido a que las empresas han tenido que buscar otras fuentes de financiación para cubrir los gastos que originan estos centros.

Nueva empresa pública

Abertis gestiona 150 reemisores en la región, un número que resultaría desmesurado para cubrir toda Castilla pero que, sin embargo, no permite dar cobertura al cien por cien de la población de Cantabria, por su movida orografía. La irrupción del Gobierno autonómico como operador en este escenario de la televisión digital va a materializarse en la creación de una empresa pública, denominada Tdcan, que gestionará una red parelela de centros reemisores. De ellos ya existen nueve; dos más están en construcción y tres en proyecto y el objetivo es que aumenten para llegar a toda la población.
Con esta decisión, el Gobierno de Cantabria se convierte en un potencial competidor de Abertis Telecom y no solo en la TDT, ya que verá peligrar otros negocios, como el transporte y la difusión de la señal que emitirán las televisiones autonómicas y locales que el Ejecutivo adjudicará próximamente en un concurso público. Tdcan ayudará a la viabilidad técnica y económica de esas televisiones difundiéndoles la señal con unos precios mas baratos que la competencia.
Al disponer de una doble infraestructura, Tdcan podrá enviar la señal de esas televisiones a los hogares a través del satélite, allí donde no se pueda llegar por vía terrestre y por TDT para el resto de la población.
Además, la red paralela de reemisores que va a montar el Gobierno ofrecerá otros servicios como la telefonía o la banda ancha y será el soporte de la red Tetra, un sistema estratégico de comunicaciones al servicio de la Administración y las policías para garantizarse la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia o de saturación de la red convencional. La red Tetra fue la única que pudo proporcionar comunicaciones estables en las horas posteriores a los atentados del 11M en Madrid, cuando los móviles dejaron de funcionar por saturación.
La decisión del Gobierno de Cantabria de competir en la difusión de la señal por vía terrestre rompe el monopolio fáctico que Abertis mantiene en la región y ha contribuido a hacer aún menos fluidas las relaciones, que ya eran tensas, entre el Ejecutivo regional y esta empresa.
El cambio de Gobierno tras las elecciones de 2003 y la llegada de los socialistas a la Consejería de Industria, de quien dependen las telecomunicaciones, supuso la revisión de los contratos que Abertis mantenía con el Gobierno regional desde los años noventa por los que la autonomía asumía gran parte de los costes (hay quien asegura que la totalidad) de los centros reemisores que se creaban. El Ejecutivo, además, subvencionaba los consumos de luz eléctrica de los reemisores que atendían a municipios con una población más reducida. La rescisión de esos contratos condicionó las relaciones entre Gobierno de Cantabria y Abertis en adelante. El concurso por el que se adjudicó a SES Astra la televisión digital por satélite sólo ha supuesto un paso más en el desencuentro.
Abertis tiene en la región 150 reemisores, aunque sólo nueve están adaptados para emitir en digital. No obstante, son los más importantes y cubren una gran parte de la población: Peñacabarga, Ibio, Cueto, Pico Jano, Unquera, Candiano, Montecaballar y Cabo Quejo. Eso supone, según la empresa, que la señal digital terrestre llega ya al 77% de los ciudadanos. Cada nuevo reemisor, una vez que se cubren las grandes áreas de población, alcanza un territorio más reducido y, por tanto, a un menor número de población.
El Plan Nacional de TDT exige que el próximo 31 de julio, el 88% de la población reciba ya la señal, por lo que el tiempo apremia. Y aún en el caso de conseguirse, puede que entre las cifras ofrecidas públicamente y la realidad haya cierta distancia, ya que muchos de los hogares que en teoría tienen la capacidad para recibir la señal digital, vienen padeciendo serios problemas de sintonización, al recibir una calidad de señal muy baja, con interrupciones constantes.
Quizá estas deficiencias justifiquen la paradoja de que los ciudadanos que ya reciben TDT sigan prefiriendo ver la tele a través de la antena de toda la vida. Sofres, la empresa líder en medición de audiencias, baraja cifras sorprendentes. Sólo el 12% de los espectadores eligen hoy la TDT como soporte para ver sus programas favoritos y el resto sigue fiel a la televisión analógica.

Muerte de la analógica

El municipio lucense de A Fonsagrada ha sido el primero de España en ensayar el apagón analógico. Desde el 5 de abril sus habitantes sólo pueden recibir televisión digital, pero eso representa mucho menos de lo que parece. En realidad, el apagón analógico generalizado, previsto para 2010, suscita aún muchas dudas. Algunos responsables de su puesta en marcha reconocen no tener la seguridad de cuál será el grado de implantación para esa fecha, cuando, según el Plan Nacional debería alcanzar un porcentaje que oscila entre el 96% y el 98% de la población. En todo caso, la coexistencia de los dos tipos de emisión mucho más allá de esa fecha es improbable. Lo previsible es que nadie tome la decisión política de acabar con la televisión analógica, dejando algunas zonas sin cobertura ninguna, y que muera por simple consunción.
Para entonces, las grandes cadenas sólo emitirán en digital y los contenidos que podrían seguir viéndose en analógico estarían orientados a un público testimonial. Mucho más en Cantabria, donde el satélite cubriría las zonas de sombra. Y otras regiones van a seguir el mismo camino, como Navarra, Aragón y Asturias, que ya han anunciado su decisión de copiar el modelo cántabro, convencidos de que será la única forma de acceder a las remotas aldeas del interior.
Será la primera vez que en muchos hogares rurales se reciba la televisión, un acontecimiento histórico para ellos, aunque llegue con casi cincuenta años de retraso, cuando ya el común de la ciudadanía ni siquiera recuerda esta experiencia. Pero no les bastará con adquirir un televisor. También tendrán que disponer de una antena parabólica y un sintonizador digital que el Gobierno financiará, para que los equipos no les cuesten mucho más que a quienes se enganchan a la TDT terrestre, unos cincuenta euros, aunque la subvención dependerá de la renta percibida.
En esos lugares de sombra, Bizcochito seguirá siendo un desconocido hasta que alguno de los canales reponga «Ally McBeal» pero otras estrellas mediáticas ocuparán su lugar. Será el fin de la inocencia.