CEOE pide al Gobierno más avales, rebajas fiscales y quitar los límites de edificabilidad

La patronal CEOE-Cepyme de Cantabria ha presentado al Gobierno regional una batería de propuestas para abordar la crisis, en la que se incluye desde una reducción de la fiscalidad autonómica a una reconsideración del concepto del suelo rústico, pasando por la posibilidad de que los ayuntamientos tengan más margen de maniobra para decidir las edificabilidades o la aportación financiera de diez millones de euros a Sogarca, lo que le permitiría otorgar avales a las empresas por un importe diez veces superior.
El Gobierno nacional ha aprobado varios paquetes de medidas contra la crisis y el Gobierno regional ha hecho un esfuerzo presupuestario para que no se detenga la obra pública, uno de los dos motores de la construcción. Ahora llegan las aportaciones de ideas desde el sector privado. Un auténtico aluvión que, sumadas a las anteriores, puede que no resuelvan la crisis, pero no será por falta de iniciativas.
La CEOE es consciente de que los presupuestos para el próximo año ya están presentados en el Parlamento Regional y que cualquier partida nueva de gasto exigiría la reducción de otra, algo que resulta muy difícil de encajar políticamente.
En realidad, atender las propuestas de la CEOE sólo incrementaría el gasto público en dieciséis millones de euros, aunque el desequilibrio presupuestario que producirían es bastante superior, ya que también pretende reducir los impuestos a las empresas, lo que recortaría sensiblemente los ingresos de la autonomía.
Las medidas más numerosas y de mayor calado son las relacionadas con la normativa urbanística o con actuaciones directa o indirectamente destinadas a apoyar al sector de la construcción, como la creación de una partida de cinco millones de euros para subvencionar la adaptación de edificios públicos y privados a las nuevas normativas de seguridad. Algo parecido ocurría con la recomendación de que se autoricen las centrales de ciclo combinado de Sniace y Solvay, por el positivo efecto que la inversión tendría sobre los proveedores de equipos y sobre los contratistas de las obras.

Avales para las pymes

La patronal también pide un adelanto de las licitaciones de las obras, aunque es consciente de que el Gobierno debe buscar fuentes de financiación para conseguirlo, y vuelve a insistir en la vieja reclamación de que se contrate preferentemente a empresas cántabras.
En la batería de propuestas se incluye la pretensión de que se privatice la logística que utiliza el Servicio Cántabro de Salud para su aprovisionamiento y un plan de dinamización del consumo privado mediante programas de apoyo al comercio y a la hostelería que la propia CEOE se ofrece a poner en marcha.
La propuesta más onerosa, y probablemente la más eficaz para todo el entramado empresarial ya que afectaría a todos los sectores, es la que sugiere dotar con una partida extraordinaria de diez millones de euros a la sociedad de garantía recíproca Sogarca. Con este músculo financiero, en función de la regulación legal que rige para estas entidades, podría prestar avales por un importe diez veces superior. Una cifra muy respetable cuando se trata de atender las inversiones de pequeñas y medianas empresas, que son las que suelen recurrir a Sogarca en busca de las garantías que les exigen los bancos.
Con las restricciones que están afectando tanto a los créditos para inversiones como a la renovación de líneas de descuento, Sogarca se convierte en el refugio natural de muchas empresas que no consiguen financiación, tanto para las que desean invertir como para aquellas otras que pueden verse asfixiadas por problemas de liquidez.

Exenciones fiscales

La patronal también reclama la congelación de todas las tasas públicas que afecten a las empresas y la exención del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (el que se aplica sobre las escrituras) en los préstamos hipotecarios que se utilicen para la adquisición de inmuebles destinados al desarrollo de actividades económicas. También se pide rebajar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 7% vigente al 1% cuando al menos la mitad del activo de la sociedad que se vende esté formado por inmuebles. Una medida que favorecería el que algunas empresas inmobiliarias en dificultades fuesen absorbidas por otras, con un coste mínimo.
CEOE-Cepyme incluye entre sus propuestas la pretensión de que se bonifiquen al menos en un 95% las donaciones de padres a hijos y descendientes, tanto si se realizan en metálico como en especie, cuando se utilicen para la creación de una empresa o en la adquisición de alguna existente y una exención idéntica para los padres que hagan una donación a sus hijos para la compra de su primera vivienda habitual.

Polígonos en suelo rústico

Las medidas de más calado, no obstante, se dan en el plano urbanístico, entre ellas la posibilidad de crear polígonos industriales en municipios que carezcan de planeamiento. CEOE lo justifica por el hecho de que 29 de los 102 ayuntamientos de la región no lo tienen y en bastantes más está obsoleto, lo que dificulta cualquier asentamiento que no sea de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o análogas. En el documento entregado al Gobierno propone que se modifique la Ley de Ordenación del Territorio de Cantabria para que todo aquel suelo rústico que no tenga unos valores intrínsecos auténticos puedan ser utilizados para la implantación de actividades empresariales o productivas. Una reforma sencilla de llevar a cabo pero de notorias consecuencias, dado que en estos 29 municipios el suelo rústico, que es casi todo el que poseen, pasaría al mercado.

Silencio positivo para la vivienda

Para reactivar la vivienda, la CEOE propone otro cambio que, como el anterior, puede parecer formal, pero que tendría grandes consecuencias administrativas y jurídicas. Se trata de interpretar el silencio administrativo como una autorización para empezar las obras, en lugar de como una negativa, como se ha entendido tradicionalmente.
Para desterrar la práctica que utilizan algunas administraciones de solicitar nuevos documentos o subsanaciones con el único fin de dilatar los plazos que tienen para dar respuesta a las tramitaciones, la patronal propone que, para las obras pequeñas, se establezca un plazo cerrado de un mes, a partir de la solicitud, y de tres meses para las restantes (cuatro cuando se requiera el informe preceptivo de otras administraciones).
En las evaluaciones de impacto ambiental, la patronal pretende excluir a la comunidad autónoma cuando se trata de localidades que tienen la potestad de hacer la aprobación definitiva de sus planes urbanísticos, que son las de mayor tamaño. De esta forma, Santander, Torrelavega, Camargo o Reinosa, por ejemplo, quedarían exentos de esta supervisión autonómica.

Quitar los límites de edificabilidad

En materia de urbanismo hay propuestas que darían lugar a otros cambios sustanciales, como la desaparición de los límites máximos de densidad y edificabilidad establecidos en la Ley de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico de Cantabria (Lotrusca). Según la normativa vigente, en el suelo urbano no consolidado y en el urbanizable la densidad máxima permitida no podrá ser superior a 70 viviendas por hectárea y la edificabilidad no será mayor de un metro cuadrado construido por metro cuadrado de suelo cuando se trate de municipios de más de 10.000 habitantes. Estos parámetros se reducen a un máximo de 50 viviendas por hectárea y 0,5 metros cuadrados construidos por metro cuadrado de suelo en los demás municipios. En los ayuntamientos de carácter turístico se puede superar la limitación de densidad máxima en un 25%, pero no la edificabilidad.
En el suelo industrial, la ley establece que la ocupación por construcciones no puede superar los dos tercios de la superficie del sector de que se trate.
CEOE quiere acabar con estas limitaciones y pide que la densidad sea decidida en cada uno de los planes municipales de urbanismo, atendiendo simplemente “a la capacidad de acogida” del suelo de que se trate. La patronal se siente obligada a explicarse antes de que alguien considere su propuesta como una gran puerta abierta a la especulación, y asegura que va dirigida a racionalizar el uso del suelo “para hacer más eficiente la realización de viviendas, tanto económica como energéticamente, haciendo ciudades más sostenibles y con menos costes de recursos naturales”.

Subvenciones a la contratación indefinida

En las medidas de apoyo a la contratación indefinida, para la que el Gobierno ha presupuestado cinco millones de euros, los empresarios piden que se quiten las actuales restricciones. En concreto, quieren que se suprima el compromiso de reducir la temporalidad para las empresas que soliciten la ayuda y tengan más de 25 trabajadores, un requisito del que están exentas las de nueva creación.
Igualmente, CEOE pide de que las partidas que van dirigidas al apoyo específico al trabajo autónomo (6,4 millones de euros) puedan beneficiarse las empresas ya constituidas y no sólo a las de nueva creación.

Mayor control del absentismo

Para mejorar la productividad regional, CEOE propone un mayor control del absentismo laboral, recordando que provoca la pérdida de un 7% de las horas de trabajo. “Este fenómeno hasta la fecha nunca se ha abordado con decisión desde la Administración regional, pero supone un coste importantísimo para las empresas de Cantabria”, advierte con alarma. Su disminución puede reducir sensiblemente los costes laborales de las empresas “sin necesidad de acometer una reducción o congelación de los salarios”, argumenta la CEOE, que propone constituir una mesa sobre absentismo junto a los sindicatos, la Dirección General de Trabajo, la Consejería de Sanidad, el INSS y las mutuas.
Por último, la patronal cántabra pretende que todos los partidos políticos apoyen la proposición que ha presentado Convergencia i Unió en el Congreso, en la que pide medidas urgentes para frenar el incremento de la morosidad en las relaciones comerciales, evitando que se agrave la desaceleración económica.