La Agencia Tributaria cántabra sigue los pasos de la estatal
Las relaciones de los contribuyentes con Hacienda han cambiado tanto que para confirmar un borrador de declaración del IRPF basta con una simple llamada de móvil. Sin embargo, si el trámite tiene que ver con alguna de las competencias tributarias cedidas a la administración autonómica, es posible que el interesado se vea obligado, todavía, a guardar cola.
Situaciones como ésta, son las que la Consejería de Hacienda quiere resolver, dotando de más agilidad a sus servicios tributarios y el camino elegido ha sido la creación de una Agencia Tributaria cántabra a imagen de la estatal, un modelo con el que intenta escapar de la rigidez burocrática que imponen los procedimientos administrativos. Se trata del mismo impulso que ha llevado a la proliferación de empresas públicas y que puede suscitar idénticas reservas sobre la conveniencia de que se multipliquen los organismos y entidades que operan fuera del estricto cauce del derecho administrativo.
El nuevo ente público ha sido diseñado para centrarse en un solo objetivo, recaudar, dejando que sea la Dirección General de Hacienda la que continúe ocupándose de las cuestiones de política tributaria.
Se trata de un cambio de modelo para aumentar la eficacia a este área de gestión, que ahora resulta más vital, dado que en el nuevo sistema de financiación autonómica las autonomías dependerán, en buena medida, de su eficiencia como recaudadores. No hace tanto, la región ni siquiera era capaz de ejercer en toda su extensión alguna de las competencias sobre la materia que estaban transferidas. Es el caso de las atribuciones sobre el juego que, aunque fueron cedidas en 2002, tuvieron que seguir siendo gestionadas en su vertiente recaudatoria por la Agencia Estatal hasta hace dos años, ya que la administración cántabra no tenía medios para hacerse cargo de esa tarea.
La creación de este nuevo ente público con el comienzo del año no supone necesariamente más puestos de trabajo, ya que se ha dotado con los funcionarios que tenía el Servicio de Tributos. Sin embargo, es posible que sí aumente el personal que atiende la red de oficinas –actualmente son diez– desplegada por la comunidad autónoma, donde la Consejería reconoce carencias.
En lo que sí se realizará un esfuerzo inversor es en la informatización del servicio que prestará la Agencia cántabra, en línea con la modernización telemática que se ha realizado en la estatal. También aquí, la flexibilidad del modelo de agencia le va a permitir contratar por sí misma a los informáticos que precise, sin tener que depender de los servicios generales de la administración, para los que las peticiones de Hacienda en materia de apoyo informático es sólo una más de las muchas que presentan los departamentos.
La capacidad para utilizar los recursos humanos con la versatilidad e inmediatez de una empresa privada es uno de los objetivos que se esperan conseguir con la creación de la Agencia. Baste el dato de que para destinar a un puesto de atención al público a un funcionario que venga desempeñando otra tarea en la Dirección General de Tributos se precisa un proceso administrativo que tarda año y medio en completarse. Algo que se da de bruces con la eficacia.
Ayudar a los Ayuntamientos
Aunque pocas veces se recuerda, el Gobierno de Cantabria asumió con la autonomía las obligaciones de apoyo a los ayuntamientos que tenía la extinta Diputación Provincial. Entre esas obligaciones está el facilitar a aquellos que lo requieran la gestión de los tributos locales (IBI, recibo del agua, etc).
Dados sus escasos recursos, para la inmensa mayoría de las corporaciones locales es un lujo contar con un departamento de recaudación propio, por lo que no cabe extrañar que 70 de los 102 ayuntamientos de la región hayan delegado esa función en la Dirección General de Tributos y que otros hayan contratado a recaudadores privados, una figura que parece medieval.
Esta carga de trabajo añadida complica aún más la actividad de la Dirección de Tributos, que a veces debe desentrañar listados remitidos desde los ayuntamientos a bolígrafo y con datos tan imprecisos como ‘herederos de José” o un simple nombre de pila.
La Agencia también pretende mejorar la comunicación con los ayuntamientos, para que estén más informados sobre la gestión que realiza de sus tributos.
Esperando el nuevo modelo de financiación
La intención de la Consejería es que la versatilidad de la Agencia facilite, además, la adaptación a los cambios que va a introducir el nuevo modelo de financiación autonómica. Sin embargo, las previsiones apuntan a un simple incremento de los porcentajes cedidos del IRPF, del IVA y de algunos impuestos especiales (tabaco, alcohol y carburantes) que el Estado destina a las comunidades autónomas. En todos estos casos, la gestión seguirá correspondiendo a la Agencia estatal, aunque la aplicación de un sistema organizativo idéntico en la autonomía puede facilitar la coordinación entre ambos servicios y servir de puente hacia una fórmula de consorcio entre la haciendas central y la autonómica, como la que se está creando en Cataluña.
La Agencia tiene su propio presupuesto y funcionará mediante un contrato de gestión, aprobado por el Gobierno, que le fija los objetivos y planes de acción para cada ejercicio. Su director, Pedro Pérez, que hasta ahora era director general de Tributos, es un cargo de confianza del consejero de Hacienda, que preside el nuevo ente público.
La Agencia Cántabra de Administración Tributaria ya es una realidad, aunque su traslado a la que será su sede, el ‘Edificio de Piedra’ del Paseo de Pereda, deberá esperar que se concluyan la obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en el inmueble, algo que podría ocurrir el próximo mes de abril.
Jesús Polvorinos
