Editorial
El actual Gobierno ha frenado, en la Comisión de Urbanismo, muchas de esas prácticas, que dieron lugar a las sentencias de demolición. De hecho, la inmensa mayoría de las urbanizaciones condenadas provienen de licencias concedidas hace más de una década, pero la corrección impulsada por una Comisión mucho más rigurosa y menos sometida a la voluntad de los encementadores no ha impedido que se produzca la chapuza del Ecoparque Besaya y ahí no hay ningún alcalde al que echarle la culpa. La sentencia que anula la operación de privatización es tan demoledora que no necesita mayores comentarios. Lo que no dice es por qué había tanto interés en hacer la adjudicación a Alcalá 120, cuando esta empresa ni siquiera se tomó la molestia de hacer un proyecto solvente con unas mínimas ideas sobre los usos que podría tener el terreno.
El Gobierno se justificó en su día asegurando que era él, a través de la sociedad titular del suelo, el que debía planificar los usos y aportar las ideas, pero en ese caso no había materia para decidir cuál era el mejor de los concurrentes. Por otra parte, el proyecto que hizo el propio Ecoparque era absolutamente somero y superficial, algo incomprensible cuando se trata de los terrenos con más valor estratégico que quedan en Cantabria. En ningún otro se dan tantas circunstancias favorables: Una vez perdido el uso minero, no tienen ningún destino, se encuentran exactamente en el eje que forman las autovías del Cantábrico y La Meseta, junto a un núcleo de población como Torrelavega y en la boca misma del principal polo de atracción turística de la región, Santillana del Mar. Una oportunidad irrepetible y no solo por el emplazamiento, sino porque nunca más se encontrará en la región una propiedad de 300 hectáreas en manos de un solo propietario y con todos los usos por decidir.
El Gobierno hubiese podido justificar toda una legislatura con un proyecto como este, pero se limitó a entregarlo a una empresa privada para que hiciese lo más previsible que cabe esperar: Todas las viviendas posibles y un centro comercial. Para colmo, ni siquiera con esa actitud entreguista se garantiza ya la rentabilidad, porque colocar 4.500 pisos en Torrelavega, a día de hoy, tampoco es una tarea fácil. No es eso lo que se esperaba de un proyecto singular ni de un Gobierno que parecía mucho más ambicioso. Ya se han hecho bastantes barriadas en otros sitios, incluidas las nuevas urbanizaciones de Santander, y la excusa de que hacen falta más viviendas sociales no puede valer como coartada permanente para acabar con el escaso suelo estratégico que conservamos y menos cuando hay miles de viviendas sin vender.
En los terrenos de la Mina de Reocín caben muchas cosas pero, sobre todo, las ideas. Afortunadamente, los jueces nos han concedido tiempo de sobra para pensar.
