Los cambios en Sociedades crean tensión en empresas y asesores

La profunda reforma contable llevada a cabo para adaptar la normativa española a los estándares mundiales, que modifica el Impuesto sobre Sociedades entró en vigor en enero de 2008 y, a pesar del año y medio transcurrido desde entonces, aún se están resolviendo muchas consultas vinculantes que pueden afectar a la aplicación y, lo que es peor, las aplicaciones informáticas de gestión tributaria para confeccionar la nueva y compleja declaración fiscal han dado muchos problemas, porque los desarrolladores de software apenas han tenido mes y medio para adaptarlas desde que se conoció el modelo.
A estos problemas se ha unido la exigencia del nuevo “estado contable de cambios en el patrimonio neto”, algo que la mayoría de las empresas desconocía; la obligatoriedad de la declaración telemática y el hecho de que para quien domiciliase el pago (lo que hace ya casi todo el mundo), el plazo para liquidar el impuesto concluía cinco días antes.
Aunque los cambios en el Impuesto no han sido sustanciales, el nuevo formulario ofrecía nada menos que 57 ajustes al resultado contable para llegar a la base imponible, lo que ha venido a complicar aún más la liquidación.
Todas estas circunstancias se han agravado por el hecho de producirse en un mes como julio, cuando parte del personal administrativo de las empresas ya estaba de vacaciones. La propia Hacienda no varió los planes de vacaciones de su personal a pesar del enorme embrollo que ha causado la primera aplicación práctica de la reforma.
En opinión de uno de los expertos fiscales que ha vivido la compleja experiencia de este mes de julio “ha sido una locura”.
Y ha puesto en evidencia que no sólo los contribuyentes dejan sus obligaciones para el último día. También Hacienda.

Candemat pagará el 50% de la deuda

La titular del Juzgado de lo Mercantil de Santander ha aprobado el convenio de acreedores presentado por Cántabra de Matricería (Candemat), que se encuentra en situación de concurso voluntario –antigua suspensión de pagos– desde el 27 de junio de 2007. Candemat pagará el 50% de sus créditos en un plazo de cinco años.
El pasado 18 de junio se celebró la Junta de Acreedores, en la que el convenio presentado por la empresa fue respaldado por el 67,8% del pasivo ordinario, es decir, de las deudas no preferentes que tiene la empresa. Según establece la Ley, deben dar su visto bueno acreedores que representen en conjunto más del 50% de las deudas.
El convenio, ratificado ahora por el juzgado, establece que Candemat pagará a los acreedores ordinarios la mitad de sus créditos en un plazo de cinco años. La empresa deberá abonar el 5% el primer año; el 10% el segundo; el 15% el tercero; el 30% el cuarto y el 40% restante en el quinto.

Los precios de la VPO se podrán aumentar en 37 municipios

No es el mejor momento para subir los precios, pero la normativa sale ahora: 37 municipios cántabros están incluidos en una Orden publicada por el Ministerio de Vivienda por la que podrán incrementar hasta un 15% el precio máximo general de venta de las viviendas protegidas de nueva construcción, salvo las de precio concertado; y hasta un 30% las viviendas libres usadas y las protegidas de precio concertado.
Los municipios son Alfoz de Lloredo, Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Camargo, Castro Urdiales, Colindres, Comillas, El Astillero, Escalante, Guriezo, Laredo, Liendo, Limpias, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Meruelo, Miengo, Noja, Piélagos, Polanco, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Ruiloba, San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santillana del Mar, Santoña, Suances, Torrelavega, Val de San Vicente, Valdáliga, Villaescusa y Voto.

Acercar los precios a la vivienda libre

El Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 incluye la posibilidad de que algunas localidades puedan alcanzar precios más altos de lo fijado en la normativa, para mantener una proporcionalidad con el mercado de la vivienda libre, algo cuya utilidad actual, en plena caída de precios, ha pasado a ser discutible. Estos territorios entran así a formar parte de los ámbitos de precio máximo superior, donde están comunidades como Cataluña, Baleares, Asturias, Galicia, Madrid o la Valenciana, entre otras.