Los Reyes Magos pueden volverse por donde vinieron

El concurso eólico cántabro ha suscitado el interés de todos los grandes grupos nacionales del sector y de muchas empresas locales, relacionadas o no con la energía. Eléctricas, constructoras, entidades financieras, talleres metalúrgicos e ingenierías se han puesto las pilas para participar en el gran negocio del siglo XXI, el aparente sucesor del declinante sector inmobiliario. Cada uno de los concurrentes estaba obligado a venir con un pan debajo del brazo, en forma de nueva industria o centro de investigación y la Comisión que ha de decidir se ha encontrado con un auténtico bazar de proyectos entre los que tendrán que decidir.
No será fácil escoger los mejores pero, a medida que transcurren las semanas aumenta una duda más existencial: si habrá o no elección. Los dos socios del Gobierno cántabro parecen tener ideas contrapuestas al respecto y eso puede producir un serio problema en una coalición que hasta ahora nunca había mostrado fisuras, porque para el PSOE el concurso eólico es el auténtico leit motiv de la legislatura.
Aunque Revilla ha manifestado en varias ocasiones que 2010 será el gran año eólico de Cantabria, miembros de su Gabinete parecen temer el resultado de los recursos que se han planteado contra el concurso y prefieren blindarlo legalmente antes de fallarlo. En cambio, los socialistas están convencidos de que cualquier espera representará un coste de oportunidad para la región, puesto que no sólo se van a atrasar inversiones que consideran vitales para salir de la crisis, sino que algunas empresas podrían replantearse sus ofertas. De hecho, algunas multinacionales que han concurrido están a la espera de lo que ocurra en Cantabria para decidir el emplazamiento de plantas de fabricación que necesitan tener en funcionamiento a corto plazo y que podrían derivar a otro punto de la costa Norte del país o del Suroeste francés.
El problema principal no está en la legalidad del concurso, sino en la debilidad del Plan Energético Regional, completamente desfasado desde el mismo día en que se aprobó en el Parlamento Regional. Ya por entonces se sabía que nunca habría tres grandes plantas de ciclo combinado en Cantabria y los 300 MW eólicos, repartidos en tres zonas, apenas tienen nada que ver con los 1.400 que más tarde decidió concursar el Gobierno, distribuidos en siete demarcaciones.

Aplazamiento

El mero añadido de algunas garantías accesorias en el concurso, como precisar que la adjudicación de las demarcaciones no supone una autorización formal para levantar los aerogeneradores, sino que es un paso previo, puede provocar retrasos, pero ninguno comparable a la reforma del Plan Energético Regional, que exigiría una nueva Evaluación de Impacto Ambiental. Demasiado tiempo como para que el concurso pudiera llegar a fallarse antes de las elecciones regionales. Y, desde el PRC, hay quien prefiere que el concurso se demore a la siguiente legislatura, para no poner en riesgo las buenas perspectivas electorales que ahora les auguran las encuestas.

Preocupación empresarial

La posibilidad de que el concurso quede en el limbo preocupa más en el ámbito empresarial –y, sobre todo, entre los concurrentes– que los problemas legales y políticos que pudiera arrastrar el fallarlo. Sectores económicos enteros confían en que las adjudicaciones deparen una nueva demanda para sus productos y servicios, tanto en la obra civil que requiere la puesta en pie de los molinos y de las instalaciones industriales que se han ofrecido como compensación social, como en el suministro de piezas para aerogeneradores y plantas fabriles.

Unos Reyes Magos industriales

El concurso ha abierto unas expectativas inéditas para la región. Entre las ofertas hay una ensambladora que montaría el molino completo; una fábrica de generadores; otra de palas; otra más de molinos de pequeña potencia; varias plantas de biodiésel, biomasa y biogás, que además resolverían el insidioso problema de deshacerse de los residuos ganaderos… Los 51 ofertantes presentan nada menos que 176 proyectos en los que tratan de demostrar una generosidad con la comunidad que debe concederles las licencias que haría palidecer a los mismísimos Reyes Magos.
En realidad, el Gobierno sólo podrá quedarse con siete (uno por demarcación) y como en los concursos televisivos, tendrá que ir desprendiéndose de los restantes hasta que en la selección sólo queden los mejores. Pero no será fácil, porque la mayoría de las ofertas son complejas –a veces con una multiplicidad de propuestas– o están muy repetidas. Tampoco resulta sencillo determinar su solvencia real. Ni siquiera ayudan las cifras que los ofertantes anuncian como inversión y como volumen de empleo a crear, que en muchos casos parecen demasiado abultadas para ser reales.
Más difícil aún es valorar los proyectos de I+D, entre los que abundan las propuestas relacionadas con el desarrollo de la energía eólica marina y que, por sí solas, llenarían de laboratorios varias veces el Parque Tecnológico y Científico de Cantabria.

Una inversión histórica

El concurso eólico se ha convertido en una oportunidad para la región, que el Gobierno está decidido a aprovechar, al empujar a los adjudicatarios a retornar parte de los beneficios que les va a reportar la concesión en forma de proyectos industriales o de investigación, que crearán mucho más empleo que los propios los parques eólicos, cuya explotación necesita muy poco personal. Es pretencioso suponer que los siete que se elijan puedan producir, por sí solos, un cambio en el modelo económico de la comunidad, pero no hay duda de que su puesta en pie simultánea va a suponer un importante revulsivo para la recuperación económica de Cantabria, donde nunca ha coincidido en el tiempo una inversión privada de semejante volumen.
Esta revista estimaba el pasado verano que acudirían al concurso más de treinta consorcios, pero el número final ha sido bastante superior. A las empresas del sector eólico se han sumado las principales constructoras locales (Ascan, Bolado, SIEC…); entidades financieras como el Banco Santander, Caja Cantabria o la gallega Caixanova; ingenierías, como Apia XXI; fabricantes de equipos, como Alsthom, Vensys o LM; fábricas locales, como Sniace o Sonkyo; gasistas como Gas Cantabria… Un totum revolutum en el que no parece faltar nadie y que ha provocado una montaña de proyectos, como no había reunido convocatoria alguna realizada por el Gobierno de Cantabria en el pasado.

Recuperar proyectos

De atender a las cifras ofrecidas por las empresas concurrentes, sobre la región caería una lotería de inversiones por importe de más de 1.000 millones de euros en forma de todo tipo de plantas industriales y laboratorios vinculados con la energía. Una cuantía a la que, obviamente, habría que añadir los alrededor de 1.500 millones que costará poner en pie los parques de molinos. Pero la realidad no será tan fastuosa, puesto que habrá que descartar las propuestas de 44 de los 51 concurrentes, es decir, la mayoría.
El Gobierno es consciente de que en la selección perderá muchos proyectos de interés, y no descarta recuperar algunos de ellos por sus propios medios. Las bases del concurso le permiten hacerlo, incluso sin contar para nada con la empresa que hace la propuesta, pero no es probable que actúe así. De hecho, la Consejería de Economía tenía la intención de ofrecer a los mentores de estos proyectos de interés el apoyo del Instituto Cántabro de Finanzas para llevarlos a cabo por sí mismos, conservando la titularidad.

Anticipar los proyectos industriales

No será fácil que lo hagan, porque lo que parece un premio de consolación puede convertirse en una doble condena, ya que son proyectos arriesgados y difíciles de rentabilizar a corto plazo, que únicamente se justifican por los beneficios que sus oferentes esperan conseguir con los parques eólicos, uno de los pocos negocios cuya rentabilidad está asegurada. Sin el parque, serán pocos los interesados en llevar a cabo su proyecto industrial o la investigación sobre las nuevas energías que proponen, a pesar del interés intrínseco de muchos de los proyectos presentados.
El Gobierno es consciente de que la implantación de los primeros parques eólicos llevará tiempo, ya que cada empresa deberá estudiar, previamente, los emplazamientos de los parques dentro de la demarcación concedida y la más adecuada para cada molino, además de obtener las preceptivas licencias ambientales. Por ese motivo, y si el concurso no se aplaza, pretende instar a las empresas a anticipar sus proyectos industriales y de investigación, de forma que lleguen a tiempo de empujar la economía regional hacia la recuperación.
La mayoría de los concurrentes conocen perfectamente esas necesidades y algunos, como Iberdrola, han tratado de ganarse la voluntad gubernamental comprometiéndose en la misma propuesta a iniciar el llamado proyecto socioeconómico el día en que le sea otorgada una concesión.
La mayoría de los consorcios que se han presentado concurren a más de una demarcación, pero ninguno de ellos confía en obtener más de una. Saben que el reparto está muy competido y que para el Gobierno resultará un poco más fácil contentar a siete empresas que a cinco, cuatro o tres, aunque alguna de las propuestas industriales más importantes está condicionada a que se le entreguen al menos 600 MW de potencia, es decir, tres demarcaciones.
En realidad, muchos de los que han acudido se hubiesen conformado con unidades más pequeñas que las dibujadas para el concurso (alrededor de 200 MW cada una) que es una cifra muy considerable. Hay que tener en cuenta que el único parque eólico existente hasta el momento en Cantabria apenas tiene la décima parte de esa potencia. La convocatoria se diseñó de esta manera con el objeto de atraer a las mayores empresas del sector eléctrico y conseguir de ellas grandes compromisos de inversión, pero la realidad es que ha atraído a empresas de todo tipo y condición.
Todas ellas esperan llenas de incertidumbres. Por si no tenían pocas, ahora ni siquiera saben si el concurso se fallará en enero, como estaba previsto, o se aplazará, lo que puede causar un serio problema económico y político, porque nunca hubo tanto en juego.