Cantabria cifra en 540,5 millones el impacto del coronavirus y cree que tendrá que endeudarse

Cantabria ha gastado ya 63,26 millones por el coronavirus y prevé que a final de año esta cifra se eleve hasta los 376,6, a lo que habría que sumar una merma de 163,9 millones en los ingresos de la comunidad por tributos propios derivados de la caída de la actividad económica por la pandemia, con lo que el impacto ascendería a unos 540,5 millones.

Si se tienen en cuenta los ingresos adicionales que la comunidad ha recibido durante el estado de alarma –como los 10,2 millones que recibirá de los distintos fondos aprobados ya del Gobierno de España– o algunos fondos europeos FEDER y del Fondo Social Europeo que se van a «reprogramar» para destinarlos a gastos del COVID-19, el impacto en el presupuesto global es de 497 millones.

Este impacto hará que, previsiblemente, Cantabria tenga que obtener recursos para hacer frente a la situación vía endeudamiento en una cantidad aún no definida –ya que dependerá, por ejemplo, de las aportaciones adicionales del Gobierno de España y de Europa– pero que podría rondar entre los 300 y 500 millones.

Al menos estas son las estimaciones hecha este miércoles por la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez (PSOE), en su nueva comparecencia ante la comisión especial del coronavirus del Parlamento de Cantabria.

Allí, ha señalado que el impacto del COVID-19 en las cuentas de la comunidad (tanto en gastos como en ingresos) y las necesidades que generará harán que sea preciso que la comunidad pueda acceder a una «buena cantidad de recursos», que están «muy por encima» de los recursos presupuestarios actualmente existentes.

Por ello, ha señalado que desde la Consejería de Economía y Hacienda se está estudiando las alternativas para obtener estos recursos por la vía del endeudamiento, algo que debe autorizar el Estado, el cual –ha explicado Sánchez– está a su vez a la espera de las directrices de Europa antes de dar el visto bueno a las comunidades autónomas para recurrir a esta vía.

En cuanto a la posibilidad de endeudamiento de Cantabria para hacer frente a este impacto del COVID-19, la consejera ha afirmado que «la situación financiera de la comunidad es razonablemente satisfactoria», lo que permitiría tramitar (si el Estado lo autoriza) una Ley de crédito extraordinario o de suplemento de crédito por un importe «pendiente de determinar en estos momentos», pero que podría situarse entre 300 y 500 millones.

La consejera ha reconocido que le genera «frustración» tener que recurrir al endeudamiento después de que la comunidad autónoma este año «por primera vez en mucho tiempo» había comenzado a reducir su deuda pública en 35 millones. Según ha dicho, a 30 de diciembre del año pasado el endeudamiento consolidado ascendía a 3.187,7 millones y representa el 22,32% del PIB regional.

Sánchez ha advertido que, a la hora de plantearse este nuevo endeudamiento, la comunidad debe «conducirse con precaución» ya que esta deuda tiene un «carácter intergeneracional» ya que implica detraer recursos futuros para hacer frente a necesidades presentes.

Antes de fijar la cuantía de este endeudamiento, la consejera ha señalado que se deben conoce, por ejemplo, la cantidad que le corresponderá a Cantabria del fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones de euros que el Gobierno de España distribuirá a las comunidades autónomas, cuyo reparto está aún «en discusión».

Según ha señalado, según los criterios inicialmente establecidos, y de los que ella «discrepa», a Cantabria le corresponderían unos 186 millones de euros, si bien se va a reclamar entre 240 y 288, que es lo que la comunidad considera «justo».

En este sentido, la consejera ha hecho un llamamiento a todos los partidos con representación en la Cámara (PRC, PP, PSOE, Cs y Vox) a que se sumen a la reivindicación y pidan un reparto «justo» para Cantabria de esos 16.000 millones a través a través de sus representantes en el Congreso de los Diputados, donde se debatirá sobre este fondo.

En cuanto al impacto de 163,9 millones en los ingresos de la comunidad autónoma, ésta se corresponde con una caída estimada de 93,6 millones sobre lo previsto en impuestos indirectos y de 70,3 en tasas y precios públicos.

Además, Cantabria también sufrirá una caída de ingresos procedentes de las transferencias del Estado, aunque, según Sánchez, «no es especialmente significativa».

En este sentido, la consejera ha valorado que el Estado haya garantizado la financiación de las entregas a cuenta previstas, algo que supone «un esfuerzo que hay que agradecer» ya que, según ha advertido, si en estos momentos se actualizaran dichas entregas a cuenta con la previsión de crecimiento actual, la comunidad recibiría 500 millones menos, lo que supondría una situación «muy complicada» para la comunidad.

Lo que, al parecer, ya se ha avisado –aunque sin comunicación oficial– es que no llegarán 18 millones de euros que le correspondían a la comunidad para políticas activas de empleo.

GASTOS

En cuanto a los gastos ya efectuados por el COVID-19, de los casi 63,3 millones ya hechos, 22,45 millones son por gastos directos (de los 22,15 son sanitarios y 0,3 por sociosanitarios) y 40,77 millones por indirectos, esto es que sin tener relación directa con actuaciones sanitarias o sociosanitarias específicas en relación con la pandemia, sí han resultado inducidos por ésta.

En su intervención, Sánchez ha aludido al coste concreto e impacto en el Presupuesto de las medidas anunciadas por el Gobierno de Cantabria en su plan de choque contra el coronavirus, algunas de las cuales –ha reconocido– sí provocaran algunas «tensiones en Tesorería».

Otras tendrán un impacto «cero» en el presupuesto, bien porque se financiarán con transferencias del Estado o, por ejemplo, redistribuyendo partidas.

Uno de estos casos sin impacto sobre el Presupuesto son los 8 millones del Plan de Choque municipal ya que, según ha explicado Sánchez, se financia con la afectación de la segunda parte del Fondo de Cooperación Municipal que, según ha anunciado, se pagará en el segundo semestre del año, sobre finales de septiembre. Además, respecto a los ayuntamiento ha defendido que se les permita gastar el superávit que tienen.

También ha defendido algunas medidas para el fomento de la actividad económica cuestionadas por algunos de los grupos parlamentarios, como es la ampliación de la garantía de la línea de avales ICO, la cual –ha dicho– recoge «el sentir» de los empresarios.

LA OPOSICIÓN

Los grupos de la oposición han aludido a la escasez de recursos que, a su juicio, se han destinado al plan de choque y la necesidad de otras medidas, para lo que le algunos grupos le han instado a «pelear» en Madrid por un reparto justo del fondo de 16.000 millones.

Así, por ejemplo, desde Cs se ha pedido que el Gobierno destinar avales del cien por cien, con créditos de hasta 25.000 euros, para autónomos y pequeñas empresas de la región, una medida que a la consejera le parece una «buena propuesta» que su departamento está «estudiando».

La consejera ha reconocido que, como plantean los grupos, le hubiera gustado un plan de choque «más ambicioso» pero ha señalado que no había más recursos, los cuales han procedido de partidas detraídas de los presupuestos de las distintas consejerías y, con ello, de su «generosidad».

En cuanto a la posibilidad de nuevas medidas, ha señalado que, por ahora, cada consejería las deberá financiar con su propio presupuesto.

Por parte del PP, su portavoz parlamentario, Íñigo Fernández, ha señalado que «tiene la sensación» de que la consejera está «desbordada», va «a remolque», es «como un barco a la deriva dando bandazos» y «carece de visión de conjunto, de soluciones y de una hoja de ruta».