Aedaf avisa de «importantes problemas» de seguridad jurídica por la transposición de la directiva DAC 6

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) avisa de que la transposición de la directiva DAC 6 al ordenamiento tributario español, que obliga a intermediarios a informar de la planificación fiscal agresiva, continúa planteando «importantes problemas de seguridad jurídica».

En una nota, la asociación señala que el proyecto de ley recientemente aprobado por el Gobierno, por el que se modifica la Ley General Tributaria en transposición de dicha directiva, no llega a resolver las «importantes deficiencias técnicas» que concurrieron en la aprobación de la directiva de la Unión Europea.

Esta modificación, explica, tiene que ver con el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

Aunque el actual proyecto incorpora algunas modificaciones «de relevancia» en relación con el anteproyecto que sometió a trámite de información pública el 20 de junio de 2019, y sobre el que Aedaf ya llevó a cabo las oportunas observaciones y sugerencias de mejora, los asesores fiscales siguen incidiendo en tres aspectos fundamentales del proyecto.

Estos son la regulación del secreto profesional, la regulación del régimen de infracciones y sanciones y la ausencia de referencia a la exclusión de las sanciones en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, realizados antes de la aprobación y entrada en vigor de dicha norma de transposición.

Según Aedaf, el proyecto efectúa un cambio considerable en la regulación del deber de secreto profesional como dispensa de la obligación de información, ahora claramente configurado como tal dispensa.

Sin embargo, a su juicio la simple lectura de la nueva disposición adicional 24.2 de la Ley General Tributaria incorporada en el proyecto pone de manifiesto que «ni uno ni otro se respetan con la regulación de dicho secreto profesional» y sostienen que «el proyecto opta por restringir el alcance del secreto profesional al denominado asesoramiento neutro y, además, no alcanza tampoco a los intermediarios que asesoren sobre la evaluación de la adecuación de dicho mecanismo a la normativa aplicable si se encargan de procurar o facilitar la implantación del mismo.

«La regulación actual sigue siendo más restrictiva que lo previsto en la directiva y no respeta el reconocimiento constitucional y legal previo que nuestro ordenamiento atribuye al deber de secreto profesional», apunta Aedaf.

Asimismo, indica que el proyecto incorpora varias novedades en el régimen sancionador frente al que incorporaba el anteproyecto, como que las infracciones tributarias previstas pasan de tener la calificación de muy graves en el anteproyecto a simplemente graves en el proyecto, pero «de forma paradójica» se incrementa el importe de la sanción, que «no se ajusta por tanto al principio de proporcionalidad».

Finalmente, los asesores fiscales insisten en que el proyecto sigue «guardando silencio» en torno a la imposibilidad de sancionar conductas realizadas antes de la entrada en vigor de la ley que se apruebe tras la tramitación del presente proyecto de ley. Por ello, cree que deberán ser los tribunales, y en última instancia los obligados tributarios, los que deban instar al cumplimiento de las exigencias derivadas del principio de legalidad y de tipicidad en materia sancionadora, que vinculan a tribunales y al legislador.