Gobierno calcula que 204 viviendas con sentencia de derribo no se podrán ‘salvar’ y quiere iniciar trámites este año
El Gobierno de Cantabria calcula que 204 de las 511 viviendas que hay aún en la comunidad con sentencia de derribo tendrán que demolerse y prevé iniciar este mismo año el procedimiento para licitar y ejecutar estas obras, que correrán «a cargo» de los ayuntamientos donde se ubican.
Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente del Gobierno regional, que ha explicado que en el Consejo de Gobierno de este jueves se ha analizado el plan de derribos diseñado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo que dirige el regionalista José Luis Gochicoa y los ayuntamientos de Argoños, Arnuero, Escalante, Piélagos y San Vicente de la Barquera.
Esta propuesta actualiza el plan de derribos realizado en 2011, cuya vigencia ya ha concluido. Así, el nuevo documento prevé la demolición de 204 de las 511 viviendas afectadas a día de hoy por sentencia y cuantifica en algo más de 23,3 millones de euros el coste de las obras de derribo, las indemnizaciones y la construcción de viviendas de sustitución, cantidad que será financiada al 50% por el Ejecutivo y los municipios afectados.
La previsión es que esté culminado al término de la presente legislatura, en 2023, ha informado el Ejecutivo regional.
Zuloaga ha señalado que se pretende impulsar la aprobación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) que pueda contribuir a evitar derribos, «fundamentalmente» en Piélagos y Argoños.
Precisamente, esta tarde, está previsto que el titular del área se reúna con representantes de AMA, la asociación que aglutina en Cantabria a los afectados por la sentencia de derribo en la comunidad.
