La paradoja de los residuos de construcción

Durante la larga etapa de frenética actividad constructora no hubo en Cantabria una normativa que regulase el destino de los abundantes residuos procedentes de la construcción ni su tratamiento, de forma que la mayoría acabaron en vertederos ilegales.
Hoy, con la actividad prácticamente paralizada, el sector dispone de un flamante decreto regional que, desde el pasado mes de diciembre, regula la producción y gestión de los RCD (residuos procedentes de la construcción y demolición), y de dos plantas de tratamiento a las que, en breve pueden sumarse tres más, todas ellas privadas.
Tan sorprendente paradoja no oculta la necesidad de regulación que existía en un sector que ha ido demasiado tiempo por libre, cargando a los excavadores con la responsabilidad de deshacerse de los vertidos pero sin un control adecuado de su destino final.
Tras la entrada en vigor del nuevo decreto, el promotor de una obra deberá acompañar la petición de licencia municipal con un plan de gestión de los residuos que produzca la obra, avalado por una fianza y deberá certificar su cumplimiento. Pero esta vez tendrá la posibilidad de recurrir a instalaciones específicas para el tratamiento de los escombros y la recuperación de los materiales que suelen acompañarlos (madera, metales, plásticos, vidrios o restos de cerámica, yeso u hormigón). Una infraestructura que resultaba mucho más necesaria años atrás, pero que no deja de ser un buen punto de partida para cuando el sector recupere su vitalidad.

Menos residuos, pero más control

Una muestra de cómo se ha moderado el quebradero de cabeza que tradicionalmente han generado los residuos procedentes de la construcción queda reflejada en la Guía editada recientemente por la Consejería de Medio Ambiente para explicar la nueva regulación. Las 114.350 toneladas depositadas en 2008 en el vertedero de El Mazo –el único controlado y autorizado para el depósito de residuos inertes–, se habían reducido a 84.075 en 2009 y es muy probable que esta cifra haya sido bastante inferior en 2010, cuando han concluido buena parte de las obras que estaban en marcha sin ser reemplazadas por otras.
Estos datos son sintomáticos, aunque no puedan darse como absolutos, porque muchos residuos vertidos de forma irregular escapan a todo control. La propia Guía reconoce que en Cantabria sigue sin disponerse de un inventario fiable de los RCD realizado a partir de las fuentes que los generan, por lo que los datos disponibles provienen exclusivamente de los residuos llevados al Mazo desde las grandes obras y los procedentes de obras domésticas y rehabilitaciones, recogidos previamente a través de los puntos limpios.
El objetivo que persigue la nueva directiva europea sobre residuos –que se aprobó en 2008 y que desde el pasado diciembre es aplicable en España– va más allá del simple control de estos vertidos. Entre los objetivos que se impone está el conseguir el reciclado del 50% de los residuos domésticos y similares (aquí se incluirían los RCD procedentes de las obras menores), para el año 2020. También se pretende que, para entonces, el 70% (en peso) de los residuos no peligrosos procedentes de la construcción y demolición sean reutilizados, aunque no tengan mejor uso que el simple relleno.
En España ya existía un Real Decreto de 2008 que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, pero faltaba una normativa regional que detallase los aspectos que la legislación estatal deja en manos de las comunidades autónomas. Entre ellos, algunos tan fundamentales para el logro de los objetivos que se persiguen como la regulación de la fianza que promotores y constructores deben depositar para garantizar que van a retirar los escombros y llevarlos a un centro controlado.

Un Plan de gestión para cada proyecto

Con el procedimiento ahora establecido, el promotor que vaya a solicitar una licencia de obra al Ayuntamiento deberá presentar, además del habitual proyecto técnico, un estudio de gestión de los residuos (EGR) que se generen en la obra.
Ese estudio deberá ser aprobado por los técnicos municipales antes de emitir la licencia y, para garantizar que los residuos se gestionan tal y como figura en el compromiso, el Ayuntamiento impondrá una fianza. Como referencia para los ayuntamientos se establecen dos cuantías para este aval: seis euros por metro cúbico para aquellos casos en que el estudio contemple un procedimiento adecuado para la separación de los residuos en origen, y diez euros por metro cúbico si no es así. En cualquier caso, las cuantías no podrán superar los 60.000 euros, ni situarse por debajo de los 40.
Concluida la obra, y una vez que se aporte la documentación acreditativa de que los residuos se han gestionado correctamente, el Ayuntamiento devolverá la fianza.

Quejas municipales

El activo papel que se otorga a los ayuntamientos en la nueva regulación ha generado protestas desde las propias administraciones locales por entender que han de asumir nuevas cargas. Un criterio que no comparte la Consejería de Medio Ambiente, cuya subdirectora general, Carmen Cuesta, puntualiza: “Con el decreto autonómico no se ha creado ni una sola nueva obligación ni para los ayuntamientos ni para los promotores; simplemente se ha desarrollado la normativa estatal”.
Es cierto, que en caso de duda sobre los datos que aporte el promotor de la obra, deberá conllevar una inspección por parte del Ayuntamiento. Como señala la subdirectora general de Medio Ambiente, “no es cuestión de que te presenten un papel más sino de hacer una estimación de esos residuos y de comprobarlo”. Otra cosa es que los ayuntamientos dispongan de los técnicos o de los recursos necesarios para esta labor de control.

Dos plantas de tratamiento

Tan importante como el establecimiento de un marco legal para la gestión de los RCD es la existencia de lugares donde depositarlos o reciclarlos y, en ese sentido, Cantabria ha experimentado un considerable avance con la creación de dos plantas para el reciclaje. La pionera es la levantada hace dos años por el Grupo Empresarial Sadisa en Meruelo, con capacidad para tratar unas 80.000 toneladas al año, y la segunda, inaugurada el pasado mes de diciembre, es la de Reciclajes Camargo, ligada a la empresa de contenedores TransSantander, que después de una espera de varios años, ha abierto en Revilla de Camargo una planta capaz de tratar 150.000 toneladas de escombros al año.
Con estas dos instalaciones queda cubierta el área de la Bahía y una parte de la zona oriental de Cantabria, pero siguen siendo precisas varias plantas más para aproximar el punto de tratamiento al lugar donde se generan los residuos, si bien es cierto que las que se han puesto en servicio están enclavadas en las áreas donde la actividad constructora es más intensa.
De ahí que la Consejería prevea la puesta en marcha a a corto plazo de otras tres instalaciones de reciclaje de RCD, todas ellas de iniciativa privada. Al menos una se situaría en Campoo, aunque son varios los proyectos que se manejan en esa zona.
En la empresa pública Mare se barajan otras posibles soluciones para extender la red de recogida de residuos procedentes de la construcción, como la creación de plantas de transferencia para RCD. Consistiría en una simple tolva y una compactadora, situadas en los puntos limpios, donde los escombros serían pretratadados para reducir sustancialmente su volumen antes de ser trasladados a una planta de gestión.
El último eslabón de la cadena para resolver el problema que plantean estos residuos es contar con un vertedero de inertes donde depositar los que no sean susceptibles de recuperación. Colmatado el El Mazo, donde desde el pasado mes de noviembre no se pueden depositar RCD, como tampoco en el de Pico Carrasco, Cantabria ha buscado una alternativa en el nuevo vertedero de residuos no peligrosos de Monte Carceña, en Castañeda, promovido por la sociedad semipública Integraciones Ambientales de Cantabria (Iacan). A él se derivarán las fracciones que no sean reciclables, así como los rechazos de las plantas de tratamiento en caso que no sean aptos para su uso en obras de restauración, acondicionamiento o relleno.
Con los pasos dados en los dos últimos años, la región cuenta por fin con la infraestructura necesaria para abordar un problema histórico pero, paradójicamente ha llegado cuando el sector de la construcción menos lo necesita.