La construcción en suelos rústicos
Por Emilio Carrera. Miembro de Ecologistas en Acción
No acabamos de adivinar cuáles han sido las razones para que, como acompañamiento o tal vez puro entretenimiento en este tiempo de crisis, el Gobierno y el Parlamento de Cantabria en bloque hayan registrado un primer borrador de una nueva Ley del Suelo y una proposición de ley de Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico de Cantabria, «con el objeto de agilizar la aprobación y la adaptación de los planes generales al Plan de Ordenación del Litoral.con la modificación de sendos artículos de la Ley 2/2011, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral». Y, por si fuera poca la imaginación e hiperactividad institucional en momentos tan propicios al debate –o tal vez al ocultamiento de las intenciones perversas en los objetivos que se persiguen– el presidente de Cantabria, tras la reunión constitutiva del Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria, ha anunciado que la nueva Ley del Suelo incluirá una serie de medidas dirigidas a favorecer la construcción en suelo rústico de viviendas unifamiliares e instalaciones para actividades artesanales, de ocio y turísticas en 39 municipios de la Comunidad Autónoma en situación de riesgo de despoblamiento. La futura normativa, en la que ya trabaja la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, autorizará en estos municipios la construcción en suelo rústico sin necesidad de que exista una figura de planeamiento urbanístico, no exigirá superficie mínima de parcela y liberará del pago de la licencia a los promotores. Y para completar la operación «flexibilizará» la adaptación de los Planes Generales de Ordenación Urbana al Plan de Ordenación del Litoral para mejorar aún más la calidad ambiental y urbanística de núcleos y periferias tan bien conservados y tratados como Santander, Camargo, Laredo, Santoña, Castro Urdiales, Noja, Suances, Comillas, San Vicente de la Barquera…., en esta Cantabria Infinita de Paisajes Rematados.
Es decir, «si eramos pocos….» ahora somos todos los inventores de la pólvora: el fomento de la especulación del suelo desde el interior hasta la costa –dénse una vuelta estos reformadores del POL por ejemplo, por el singular tramo de costa entre Trasierra y Fonfría en Ruiloba para recrearse en sus enredos jurídicos o recorran con más detenimiento la franja litoral entre Laredo y Castro, en torno a la Bahía de Santander, el Cabo de Ajo, Npja, y Somo-Loredo, en los estuarios del Deva, el Nansa, el Besaya, el Pas o el Asón, o dentro de los perímetros «protegidos» de los Parque naturales de Oyambre, Liencres o las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel–; la acentuación de la dispersión del poblamiento y el encarecimiento en la construcción o mantenimiento de las infraestructuras, los equipamientos y los servicios para usuarios y ayuntamientos; la desaparición de los supuestos atractivos turísticos, los valores ambientales o el mal llamado Patrimonio menor en cuanto a la degradación de las estructuras de mosaico y los paisajes de cercas, la introducción de tipologías, diseños o mobiliarios urbanos ajenos a la identidad de las áreas rurales; los efectos pantalla y el secuestro de las perspectivas abiertas por causa de las plantaciones masivas e indiscriminadas de eucaliptos y pinos –con la devaluación de su precio como regalo asociado–; la pérdida de suelos rústicos de alto valor agroganadero u otros aprovechamientos hortofrutícolas o forestales para la diversificación de las economías rurales; el olvido reiterado de las Administraciones Públicas en el fomento de una política de vivienda destinada a la rehabilitación del Patrimonio edificado, las viviendas en ruinas o abandonadas, o la colmatación de los solares urbanizables en el interior de los núcleos de población ya existentes o en sus corolas inmediatas; la carencia de un sistema de transportes públicos y colectivos o de una red de carriles-bici y arcenes peatonales para garantizar la frecuencia, la seguridad y la sostenibilidad de los desplazamientos; el desprecio a las leyes y normas comunitarias, estatales, autonómicas y locales que sigue sin identificar o depurar a los responsables privados e institucionales –incluidas la Confederación Hidrográfica y la Demarcación de Costas en los tramos litorales y las llanuras de inundación de las áreas rurales– del incumplimiento de las Leyes de Costas, Aguas, Montes, Suelo, o Patrimonio Natural y Biodiversidad de España o de las Leyes y Planes del Suelo, Patrimonio Cultural, Conservación de la Naturaleza, Ordenación del Litoral…, dentro de los retrasos y aplazamientos en la ordenación territorial y los recursos naturales o en la falta de supervisión, vigilancia y adaptación de los Planes Generales de Ordenación Urbana o las Normas Subsidiarias de Planeamiento en los municipios a las leyes y normas de rango superior en Cantabria.
La despoblación y la España o la Cantabria vacía no han surgido, pues, por generación espontánea o de la noche a la mañana: Es el resultado de la parálisis, la inhibición, la complicidad. o el desconocimiento institucional —escójase lo más apropiado para cada caso– sobre los procesos subyacentes y de largo recorrido en la marginación de las áreas rurales como fruto del intercambio desigual del reparto de las plusvalías en los mercados agroganaderos, forestales y mineros sometidos a la especulación, los intermediarios y la manipulación de los precios en perjuicio de sus habitantes; y es también el resultado de la contaminación fiscal de unos regímenes tributarios que han seguido los modelos urbanos –desde el IBI hasta el IRPF o los impuestos municipales–, ciegos a la condición marginal y discriminatoria que han venido sufriendo desde varias generaciones unas poblaciones castigadas por el desprecio y el olvido de las injustas relaciones entre el campo y la ciudad, incluyendo a los «desertores del arado» como quinta columna de un fenómeno que no ha tenido, en muchos casos, la respuesta adecuada por parte de los Ayuntamientos afectados.