El Congreso vota mañana el decreto de medidas agrarias y créditos a la Seguridad Social por 30.500 millones

El Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 26 de mayo que prorrogó tres meses las medidas excepcionales para promover el empleo temporal agrario, un mes más el aplazamiento de impuestos para autónomos y pymes, y aprobó sendos créditos a la Seguridad Social por 30.500 millones de euros.

En vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Constitución exige que en el plazo de un mes los decretos leyes deban ser debatidos y votados en el Congreso para decidir si se convalidan o se derogan.

En todo caso, la Cámara Baja tiene la opción de tramitarlos como proyectos de ley, lo que abriría la puerta a modificar su redacción vía enmienda y así dar cabida a aportaciones de los grupos en el Parlamento.

EMPLEO TEMPORAL Y JÓVENES EXTRANJEROS EN EL CAMPO

Concretamente, el decreto ley prorroga hasta el 30 de septiembre las medidas extraordinarias aprobadas el pasado mes de abril para la flexibilización del empleo agrario y garantizar el trabajo en el campo durante la pandemia del virus Covid-19, garantizando la disponibilidad de trabajadores temporeros ante limitaciones sanitarias a la movilidad de aquellos procedentes de otros países.

Asimismo, concedió un permiso de trabajo y residencia de dos años, renovable por otros dos, a jóvenes migrantes que recientemente se hubieran incorporado a los trabajos de recogida del campo durante la pandemia del coronavirus, y aprobó ayudas por casi 10 millones de euros a las explotaciones agrarias y ganaderas afectadas por la gota fría y los siniestros de 2019 que ocasionaron daños en producción y las explotaciones agrarias.

Pese a que será el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el que defenderá ante el Pleno del Congreso la convalidación de este decreto ley, el nuevo texto normativo incluye una batería de medidas referidas a la Seguridad Social, el pago de impuestos, la portabilidad móvil, medidas en el sector financiero y el otorgamiento de avales para poner en marcha uno de los primeros mecanismos de apoyo europeos aprobados en esta crisis.

CRÉDITOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

En materia de Seguridad Social, el decreto ley aprobó dos créditos, por un importe global de 30.502 millones de euros, para afrontar la pérdida de ingresos de la Seguridad Social por los mayores gastos en prestaciones, las exenciones de cuotas y menores cotizaciones, así como para hacer frente al pago del mayor número de prestaciones por desempleo derivadas de la crisis sanitaria.

En concreto, un crédito extraordinario del Estado a la Seguridad Social, por importe de 14.002 millones de euros para mantener el equilibrio presupuestario ante los menores ingresos del sistema por las medidas de protección adoptadas (prestación extraordinaria para autónomos, exoneración de cotizaciones en los ERTEs, entre otras).

Asimismo, otro crédito, por un máximo de 16.500 millones de euros sin intereses, para afrontar el pago del mayor número de prestaciones por desempleo que ha causado la pandemia. También se incluyen dos suplementos de crédito motivados por la doble prórroga presupuestaria de 99 y 272 millones de euros para completar prestaciones no contributivas y la prestación por hijo a cargo, respectivamente.

AVALES PARA UN MECANISMO ANTICRISIS DE LA UE

El decreto ley también autoriza el otorgamiento de los avales necesarios para la participación de España en el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia creado por la Comisión Europea, conocido como SURE.

Este programa es uno de los mecanismos aprobados por la Unión Europea de apoyo para mitigar los efectos económicos y sociales del Covid-19, y que permitirá financiar esquemas temporales de apoyo al empleo como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs).

Por otro lado, el decreto ley amplía la cobertura al personal de los centros sanitarios que haya contraído el virus para que sus prestaciones se consideren contingencia profesional derivadas de accidente de trabajo.

RETRASO EN LA NUEVA LISTA DE MOROSOS

En el ámbito fiscal, el decreto ley amplía un mes más, hasta los cuatro meses, el plazo para ingresar impuestos sin intereses de demora en los aplazamientos tributarios motivados por la crisis del coronavirus y también retrasa a septiembre la publicación de la nueva lista de morosos con Hacienda.

El Gobierno aprobó el 12 de marzo el aplazamiento de impuestos de hasta 30.000 euros para pymes y autónomos durante seis meses, los tres primeros sin pago de intereses, que ahora se amplían a cuatro.

También contempla facilidades en el Impuesto sobre Sociedades, habilitando un régimen especial para presentar otra declaración a empresas que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales en plazo como consecuencia de la emergencia sanitaria.

PORTABILIDADES TELEFÓNICAS Y PAGO DE FACTURAS PENDIENTES

En materia de telecomunicaciones, el decreto ley levanta las restricciones a las portabilidades, tras más de dos meses en vigor, mantiene la prohibición de interrumpir comunicaciones antes del fin del estado de alarma y crea sistema de pago flexible de facturas pendientes.

En concreto, los operadores estarán obligados a ofrecer un fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en la que hayan podido incurrir sus abonados desde la fecha de inicio del estado de alarma y hasta el 30 de junio de 2020, con un plazo de seis meses, salvo que el abonado haya acordado libremente con el operador un plazo diferente, y no se podrán devengar intereses de demora ni se exigirán garantías para el fraccionamiento y aplazamiento.

FUNDACIONES BANCARIAS Y RESTRICCIÓN DE DIVIDENDOS

Finalmente, el decreto ley también amplía en un año el plazo para que las fundaciones bancarias creen un fondo de reserva, afectando a las fundaciones de Unicaja y Kutxabank, cuyo plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024, y prorroga el mandato del actual presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, que continuará en su cargo hasta que se nombre a su sustituto.

Asimismo, incluye un incentivo a la moratoria de las préstamos hipotecarios y no hipotecarios, que amplía a los beneficiarios de un aplazamiento de deuda; y adopta en el texto la recomendación del Banco Central Europeo (BCE) para que las entidades de crédito se abstengan de repartir dividendos o de contraer compromisos irrevocables de repartir beneficios hasta al menos octubre de este año.