El Congreso avala tramitar la Tasa Tobin y frena el intento de PP, Vox y Cs de tumbarla

El Pleno del Congreso ha avalado este jueves la tramitación del proyecto de ley del Impuesto sobre las transacciones financieras, la conocida como Tasa Tobin , rechazando así las enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos que buscaban tumbar la iniciativa y devolver el proyecto al Gobierno.

Para ello, además del PSOE y Unidas Podemos, el Ejecutivo ha contado con los votos de ERC, Junts, PNV, EH-Bildu, Más País, las CUP, Compromís, el BNG, Nueva Canarias.

En su defensa de la iniciativa, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado a PP y Vox de poner en duda la legitimidad de un sistema tributario, criticando que «la derecha y la extrema derecha lo que están haciendo realmente es enmendar a la totalidad la existencia misma del sistema tributario» español.

«Algunas de las argumentaciones en contra del proyecto tiene en su base un peligroso e irresponsable intento de deslegitimación del sistema tributario, o de una fiscalidad que hunda sus raíces en principios constitucionales que no son equivalentes a los de igualdad o progresividad», ha dicho.

La titular de Hacienda ha reivindicado que este nuevo impuesto «no es un invento ni una excentricidad», que la propuesta de la Comisión Europea para impulsar esta figura fiscal se remonta a septiembre de 2011 y que, ante este retraso –se preveía su puesta en marcha en 2014–, países como Bélgica, Francia, Italia, Finlandia, Rumanía o Polonia ya han ido aplicando figuras similares.

Para Montero, resulta «lógico» que, tras sufragar un coste de 4,6 billones de euros para el rescate del sector financiero a nivel europeo, estas entidades «contribuyan en justa medida al sostenimiento de los servicios públicos».

Con una recaudación proyectada de en torno a 850 millones, ha defendido que «no sólo es una herramienta recaudatoria», sino que también busca «disuadir movimientos especulativos» y «turbulencias que alteran el funcionamiento de los mercados».

RIESGO DE DESLOCALIZACIONES Y DISTORSIÓN A NIVEL EUROPEO

El diputado popular Miguel Ángel Castellón ha lamentado que, en lugar de un nuevo impuesto, no se hable en la Cámara de rebajas fiscales a sectores como la hostelería o el turismo, y ha acusado al Gobierno de abandonar el mecanismo de cooperación reforzada europeo. Tampoco cree que el impuesto vaya a servir para «consolidar» los ingresos públicos ante su incertidumbre recaudatoria. «Ni siquiera la AIReF se la cree», ha dicho, encuadrando el impuesto como «otro hachazo fiscal a la clase media».

Rubén Manso Olivar, de Vox, ha cuestionado el efecto del impuesto sobre el resto de figuras fiscales, y ha señalado el riesgo de deslocalización de entidades financieras e incluso la aparición de instrumentos equivalentes a las acciones, no gravadas, pero más especulativos.

«Ahora es muy fácil deslocalizar e irte de España», ha abundado la portavoz fiscal de Cs, Mari Carmen Martínez Granados, que también ha incidido en la posible marcha de empresas. «Ya tenemos muy pocos incentivos a que lleguen empresas. ¿Queremos poner otra traba más?», se ha preguntado.

¿A LA CABEZA O EN EL FURGÓN DE COLA EN INGRESOS FISCALES?

Tras PP, Vox y Ciudadanos, todos y cada uno de los grupos que han subido a la tribuna han avanzado su rechazo a las enmiendas a la totalidad, y el consecuente respaldo a la tramitación del impuesto. El PSOE, a través de su diputado Antonio Hurtado, ha preguntado a las bancadas de los grupos enmendantes si quieren estar «en el furgón de cola» de los ingresos europeos o «en el grupo de cabeza», ya que «esos países son los que tienen el Estado de Bienestar más fuerte y más calidad de empleo».

Para Laura López, de En Comú Podem (Unidas Podemos), las enmiendas de PP, Vox y Cs son «clasistas» e «incoherentes», con el único objeto de «salvar a sus amiguitos » del sector financiero de «un pequeño pago» –«En su vocabulario, un paguito «, ha dicho–, pues sólo grava el 0,2%. «Dejen de ser los abusones del patio», les ha pedido.

¿POR QUÉ NO SE GRAVAN LAS ACCIONES DERIVADAS?

Esquerra directamente ha pedido al Gobierno que profundice en este impuesto, gravando «operaciones más especulativas», como los derivados, mientras que EH-Bildu ha lamentado que, aun yendo en «la buena dirección», este tipo de impuesto se quede en «pequeños pasos o parches». Respecto al riesgo de deslocalizaciones, Oskar Matute ha ironizado con una «fórmula» para convencerlas: «Probablemente, la esclavitud les encantaría», ha dicho.

El PNV, con Idoia Sagastizabal, ha pedido no gravar los planes de pensiones complementarias sin ánimo de lucro, los cuales precisamente se estudia incentivar, así como un acuerdo con el resto de haciendas forales. Junts también ha pedido seguir trabajando en un acuerdo común europeo, así como un criterio de coherencia en su aplicación a nivel nacional.

GRAVAR AL 0,2% LA COMPRA DE ACCIONES ESPAÑOLAS

Conocido como tasa Tobin , el nuevo Impuesto sobre transacciones financieras gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. La liquidación del impuesto será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual.

Solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.

Quedan fuera del ámbito de la tasa Tobin la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. En concreto, entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen se encuentran las operaciones del mercado primario (salida a Bolsa de una compañía), las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

La estimación inicial al aprobar el proyecto de ley el pasado mes de febrero, antes de estallar la crisis provocada por la pandemia del virus Covid-19, pasaba por ingresar unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, dirigidos a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social, mientras que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajaba dicha estimación a una horquilla entre los 420 y 850 millones.