El Gobierno firma convenios de reducción de cargas administrativas con CEOE, Cepyme, ATA, cámaras y Cermi

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha suscrito este viernes con representantes de CEOE, Cepyme, ATA, la Cámara de Comercio de España y el Cermi un convenio de reducción de cargas administrativas, centrado en el sector energético, la economía circular y la lucha contra el cambio climático, con el objetivo de facilitar la labor de emprendedores, eliminar barreras burocráticas e impedimentos en las relaciones con la Administración General del Estado.

Durante el acto de firma de los distintos convenios, la ministra ha explicado que el objetivo de los convenios es eliminar obligaciones innecesarias, reducir la frecuencia de petición de datos, facilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás documentos.

Los convenios de este año se centrarán principalmente, pero no de manera exclusiva, en los procedimientos que afectan al sector energético, en el ámbito de la economía circular y lucha contra el cambio climático, fomento del trabajo autónomo, procedimiento administrativo común, así como las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad y sus familias.

Darias ha mostrado su intención de trabajar por conseguir una Administración «accesible, cercana, amable y a la vanguardia en nuevas tecnologías», así como acometer una «modernización sin precedentes» que permita avanzar hacia una Administración digital, así como impulsar una «alianza común».

Asimismo, ha indicado que de la pandemia del Covid-19 se han aprendido «muchas lecciones», como la importancia de trabajar «juntos» y ahora de «reconstruir juntos» mediante una «alianza en común», y tratando de conseguir una Administración «eficaz y eficiente» que «responda a las demandas de la ciudadanía del siglo XXI».

De esta forma, los convenios permitirán acciones para mejorar el funcionamiento de la administración electrónica, reducir la documentación que se solicita en los procedimientos, mejorar la interconexión entre diferentes departamentos (interoperabilidad), mejorar la información disponible en las webs de determinados organismos, facilitar la cumplimentación de formularios, o la puesta en marcha de campañas informativas sobre temas de interés general, para empresas y ciudadanos.

EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, ha destacado el «papel eficaz» que en los 11 años que lleva firmando la organización empresarial el convenio ha desempeñado al haber propuesto ccerca de 500 normas o simplificación de normas, de las que entre un 15% o 20% han pasado por el Consejo de Ministros, con un ahorro de más de 600 millones.

Asimismo, el secretario general de Cepyme, Pedro Fernández, ha valorado también el convenio y ha pedido «liquidez, aplazamiento y flexibilidad», también de cara a la reconstrucción, así como ser «creativos».

De su lado, el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, ha puesto en valor el convenio como un «buen modelo» de la colaboración público-privada, y ha hecho hincapié en que las empresas demandan agilización en las tramitaciones administrativas.

En este sentido, ha apuntado que la Cámara de Comercio presentó el año pasado cerca de 70 iniciativas, que alcanzan los 700 millones en términos económicos. También ha pedido que las empresas tengan un «papel central» en la reconstrucción al generar empleo, riqueza y por consiguiente bienestar social.

A su vez, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, ha abogado por la colaboración «útil» para conseguir una Administración «más amable, productiva y con un acento mucho más social y humano».

A este respecto, ha destacado que gracias al convenio más de 100.000 conductores con discapacidad no se verán obligados a desplazarse hasta la sede física de la Jefatura provincial de tráfico como hasta ahora para que el médico ratificase las adaptaciones de los vehículos para conducir.

Por último, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que la crisis sanitaria ha enseñado «muchas cosas», como que «gran parate» del tejido empresarial y de autónomo no estaba preparado, pues «faltaban firmas digitales y certificados para hacer gestiones», pero tampoco la Administración estaba «suficientemente preparada».

Amor ha valorado el convenio, que su organización lleva suscribiendo seis años, y ha resaltado la necesidad de «quitar trabajas, trámites y cargas», así como unificar criterios, puesto que durante la pandemia se ha conseguido en el ámbito sanitario pero no en otros campos, como en el de ayudas de autónomos que se solapaban entre administraciones.

«Para un emprendedor, autónomo, empresa, empresario y ciudadano, ser productivo es perder el menos tiempo posible tratando con una Administración», ha incidido Amor, quien ha insistido en avanzar para evitar solapamientos competenciales y unificar criterios.

148 PROPUESTAS ANALIZADAS EN 2019

Los convenios suscritos forman parte de las políticas de simplificación administrativa y las propuestas que originan son uno de los puntos de partida de los planes de simplificación y reducción de cargas que los ministerios elaboran anualmente, al tiempo que amparan también la organización de laboratorios de ideas o foros de discusión.

Durante 2019, se analizaron un total de 148 propuestas, que afectaban a los distintos ministerios, destacando el mayor volumen las que corresponden a Asuntos Económicos y Transformación Digital, Hacienda e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además, entre 2018 y 2019 se celebraron 16 encuentros con empresarios y colectivos, en Santander, Madrid, Gijón, Valencia, Sevilla Las Palmas, Elche, Granada y Pamplona.