Los constructores piden a las administraciones que promuevan 8.000 VPO para venta y alquiler

El sector de la construcción no necesitaba problemas nuevos porque le sobran con los que ya tenía. El Covid solo viene a rematar una situación de crisis que empezó en 2008 y no tiene visos de acabar. Por ello, los promotores y constructores cántabros han decidido pasar a la acción y proponer a los grupos parlamentarios un paquete de medidas con las que sacar suelo al mercado e impulsar su actividad, con el sector público como promotor principal. Sus medidas dibujan tres posibles nichos de mercado: el alquiler, los pisos de estudiantes y la rehabilitación gracias a las ayudas públicas, además de la obra pública.

La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) ha elaborado una batería de medidas para reactivar la economía una vez superada la crisis sanitaria del coronavirus y para proteger el futuro del sector, muy renqueante desde la anterior recesión. Entre las propuestas que la patronal ha trasladado a los grupos parlamentarios para su inclusión en el plan de choque del Gobierno regional para minimizar el impacto del Covid-19 figuran la promoción de viviendas de protección pública, el desarrollo de suelo, ayudas a la rehabilitación y a la mejora de la eficiencia energética de inmuebles, o la creación de alojamientos protegidos para universitarios.

El colectivo profesional también pide líneas financieras que faciliten el acceso de los compradores a la vivienda o que les conceda préstamos la administración, a la que insta a impulsar la obra pública, licitar con celeridad y adjudicar con urgencia.

En el ámbito normativo, los constructores urgen la reforma de la Ley del Suelo, la aprobación de la Ley autonómica de Vivienda y varios decretos para simplificar y agilizar la tramitación administrativa.

Más obra pública

Además, reclaman que parte del superávit de los ayuntamientos se destine a infraestructuras y obras públicas, y que los próximos presupuestos del Estado, del Gobierno regional y de los ayuntamientos incluyan partidas para nuevos proyectos, una vez superada la actual crisis sanitaria y económica, que ha provocado una importante caída de la actividad de la construcción y un notable incremento del paro en el sector, que en marzo acumulaba 3.250 parados en Cantabria.

Tras la suspensión de las obras durante dos semanas por el endurecimiento de las restricciones del estado de alarma, la Asociación ha diseñado una batería de medidas para reactivar la economía y salvaguardar el futuro de un sector que genera el 10% de la actividad del país y que cerró el 2019 con 1,27 millones de trabajadores ocupados, de los que uno de cada cuatro son autónomos.

Promoción de viviendas

En el ámbito de la promoción, la ACP propone la construcción de 8.000 viviendas de protección pública –el 40% en régimen de alquiler o acceso diferido a la compra– y facilitar el acceso a las mismas a los ciudadanos con menores rentas, especialmente a los jóvenes. La patronal plantea el desarrollo, por iniciativa tanto pública como privada, de nuevo suelo para la edificación de 3.000 de esas viviendas.

En este sentido, reclama al Gobierno que impulse modificaciones de planeamientos, planes parciales, proyectos singulares de interés regional y otros instrumentos urbanísticos, sin descartar la compra directa de suelo o los convenios de cesión con otras administraciones para reducir el precio del metro cuadrado y dinamizar el mercado inmobiliario.

Siguiendo esta línea, la APC aboga por crear un parque público de vivienda en alquiler, con al menos 600 pisos procedentes de la promoción de inmuebles protegidos, la cesión de patrimonio de diferentes administraciones para este fin, y la absorción de parte del stock de vivienda libre a precio de VPO.

Y, en colaboración con las universidades de Cantabria, la Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Europea del Atlántico, la patronal de la construcción plantea la promoción de 200 alojamientos protegidos para sus estudiantes.

Estímulos

En el capítulo de estímulos al sector privado y a los propietarios, el sector propone la concesión de al menos 2.000 ayudas para promociones de VPO con máxima eficiencia energética (clases A, B, C) y para mejorar las clasificaciones mediante reformas, y 8.000 ayudas más para propietarios que rehabiliten sus viviendas, especialmente en barrios y centros urbanos degradados pero también en núcleos rurales.

La Asociación pide, asimismo, líneas que faciliten el acceso a la financiación tanto para la promoción, como para la rehabilitación y adquisición de vivienda, y que el Ejecutivo regional pueda otorgar préstamos reintegrables a los adquirientes de viviendas.

La ACP también le pide a las Administraciones que impulsen la obra pública incurriendo, si fuera necesario, en un endeudamiento controlado o facilitando la incorporación del capital privado para su financiación, así como “máxima celeridad” en la licitación y adjudicación de proyectos y en la devolución de avales presentados en estos procesos, que a su juicio han de ser “más justos”, primando a las empresas cántabras o con arraigo en la región.

Y para acabar con el problema endémico de la morosidad, le exige a las entidades públicas que paguen a las empresas del sector en el plazo máximo de 30 días tras la correspondiente certificación, devengando a partir de ese momento intereses de demora.

Más edificabilidad y menos cesiones

En el marco normativo, los constructores y promotores cántabros abogan por varias reformas, entre ellas la de la Ley del Suelo, para revisar los límites máximos de densidad y edificabilidad y el régimen jurídico del suelo urbano incluido en ámbitos de renovación o reforma urbana, así como para disminuir el porcentaje de cesión del aprovechamiento público al 5%.

También son partidarios de modificar el decreto por el que se establecen las condiciones mínimas de habitabilidad, para simplificar y agilizar la tramitación administrativa, suprimiendo la exigencia de la cédula y mejorando las condiciones de las viviendas.

También proponen otros cambios en la normativa urbanística para dar valor a suelos destinados a vivienda que las inmobiliarias adquirieron “a altos precios en su día y que hoy el mercado no admite”.

Y quieren que la concesión de licencias urbanísticas se tramite mediante una mera presentación de declaraciones responsables o por urgencia, incluido para las que se encuentran en tramitación.

Puestos a soslayar los plazos administrativos, también defienden que las licitaciones y adjudicaciones de infraestructuras necesarias para prestar servicios públicos se realice igualmente por el procedimiento de urgencia, para acortar trámites. Por último, la ACP urge al Gobierno a que termine la Ley Autonómica de Vivienda y la lleve al Parlamento para que se apruebe.