La CNMC valora positivamente el decreto sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos

Recomienda introducir medidas que eviten el intercambio de información comercial sensible entre los agentes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha valorado positivamente el proyecto de real decreto por el que se modifican las normas sobre la gestión de los residuos de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos.

El organismo supervisor cree que la norma ofrece más seguridad jurídica a los operadores, al mismo tiempo que destaca las mejoras en la trazabilidad de los residuos incorporadas y la reducción de las cargas administrativas, especialmente las garantías financieras.

La regulación, que transpone parcialmente una directiva de la Unión Europea e introduce medidas adicionales en la normativa de estos residuos, introduce también una serie de obligaciones con el objetivo de proteger los intereses generales vinculados con la salud pública y la conservación del medio ambiente.

En todo caso, plantea algunas recomendaciones para mitigar el impacto de la norma sobre la competencia, como introducir medidas para reducir el riesgo de intercambios de información comercialmente sensible entre los miembros de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de los productores de residuos, que podrían facilitar prácticas colusorias.

Entre otras medidas, también contempla las advertencias expresas sobre el deber de respeto de la normativa de competencia; la evaluación periódica de los modelos de responsabilidad ampliada del productor; o encomendar la gestión de la información comercialmente sensible a terceros independientes.

Asimismo, recomienda que la difusión de información entre los miembros de los sistemas colectivos se realice de forma agregada, así como que se delimiten y justifiquen las actividades complementarias voluntarias en los sistemas colectivos de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que se promuevan las licitaciones públicas para asegurar la recogida de RAEE, frente a los convenios de entidades locales con distribuidores; y una mayor racionalización de las normativas de ambos tipos de residuos (pilas y RAEE), en aspectos como la vigencia de las autorizaciones.