¿Con cuánto dinero contamos?

Entre el mes de diciembre y comienzos de marzo, España ha ofrecido cinco cifras distintas de déficit público, con una diferencia entre ellas de 27.000 millones de euros. Es difícil de entender que en un país moderno, con unos sistemas de contabilidad evolucionados, no sea posible establecer con precisión y rapidez los ingresos y gastos reales de las administraciones públicas, unos organismos que, si por algo se caracterizan es por la prolija documentación necesaria para realizar cualquier gasto. A menor escala, esa misma situación se ha dado en Cantabria. Diez meses después de las elecciones, el nuevo Gobierno seguía facilitando cifras de deuda muy discrepantes entre sí. ¿Tan difícil es conocer con exactitud la realidad?
A comienzos de marzo, la Comisión Europea envió a España un grupo de inspectores para tratar de aclarar cuáles son las cifras de déficit de nuestro país. No es un motivo de orgullo el haber creado la sensación de que no somos capaces de hacer el trabajo por nosotros mismos, pero es que las cifras que se habían facilitado eran demasiadas y demasiado distintas. Desde el 6% de déficit que declaraba el Gobierno socialista al 8,51% que finalmente ha sido ratificado por los expertos comunitarios. En Cantabria, el anterior gobierno PRC-PSOE aseguraba que el peso de la deuda regional en el PIB era del 6,7%, uno de los más bajos del país, y el actual gobierno del PP sostiene que el porcentaje es del 9,3%, uno de los más altos, aunque en ningún momento ha desvelado qué parte de la deuda acumulada por facturas farmacéuticas o por otros servicios corresponde a su gestión, iniciada hace ya diez meses.
¿Por qué se ha disparado el déficit el año pasado si los gastos de la autonomía se redujeron sensiblemente? Pues por el mismo motivo que subió en el resto del país, a pesar de que los gastos de las autonomías cayeron el pasado año un 4,5% y el del Estado un 15,9%: porque los ingresos han bajado aún más y el diferencial que ha de pagar el sector público para financiarse ha subido notablemente. No es suficiente con ahorrar, como se planteaba Rajoy al llegar al Gobierno o como suponía Diego, que todavía en enero se permitió rebajar el Impuesto sobre el Juego y desmantelar lo que quedaba del de Sucesiones, la parte que afectaba a los grandes patrimonios. Tanto Diego como Rajoy tuvieron que optar a las pocas semanas por dar un giro copernicano y subir otros impuestos y tasas.
Pero ¿cómo se podrá recaudar más este año, con un PIB que va a decrecer un 1,7%, si el año pasado, cuando la economía creció un 0,7%, el IVA obtenido en las operaciones interiores españolas bajó un 1,9% y los ingresos por impuestos especiales un 4,2%?
Aparentemente, es imposible, pero el Gobierno nacional espera recaudar este año 15.000 millones de euros más, un 14% por encima de lo obtenido en 2011. Con la subida de impuestos aprobada en diciembre sólo se podría llegar a 6.275 millones, menos de la mitad y, obviamente, si el escenario económico fuese el mismo que el año anterior, que no lo será.
En condiciones normales, la subida de impuestos provoca un aumento de recaudación, aunque no tanto como supone el legislador. Cuando la situación económica es tan débil como la actual, puede pasar exactamente lo contrario. Basta mirarse en el ejemplo de Grecia, donde ha provocado una caída del consumo y el resultado final ha sido el contrario al que se pretendía: menos ingresos fiscales.
La economía tiene muchos componentes sociales como para deparar resultados mecánicos y muchos deslizamientos inerciales, para bien y para mal. Por ejemplo, los gastos de personal del Estado crecieron el pasado año un 1,7% después de congelar, primero, y bajar después el sueldo de los funcionarios. Y, lo que es más sorprendente aún, a pesar del bloqueo en las contrataciones, en el primer trimestre del año la nómina de funcionarios estatales ha crecido en 11.200 personas.
No sólo crean incertidumbre los efectos depresivos sobre el consumo que tiene una subida de impuestos o las inercias en el gasto público. También la propia confusión creada por quienes han decidido poner las bridas a tanto desajuste. Por estadística, el recortazo de 10.000 millones de Rajoy, aplicable sobre la sanidad y la educación (competencias ambas de las autonomías) debiera tener un efecto de 120 millones de euros en Cantabria. De ser así, la comunidad tendría que sumar ese recorte al que Ignacio Diego anunció en febrero, pero en la práctica son las mismas o parecidas medidas (ampliación de la jornada laboral de docentes y sanitarios, retirada de los complementos económicos para quienes están de baja…) y no se puede recortar lo mismo dos veces. A día de hoy, nadie ha explicado cómo nos afectará ese segundo paquete restrictivo, que parece imposible de aplicar en la comunidad autónoma.
Como resultado de estas otras incertidumbres, lo único evidente es que los Presupuestos de Cantabria para 2012 no tienen ningún parecido con la realidad, a pesar de haberse metido a la Cámara con bastante retraso. Ni por el lado de los gastos ni por el de los ingresos, donde se daba por hecho contar con la misma cuantía económica de la que dispuso el Gobierno PRC-PSOE en su último año de legislatura. Una de las muestras más evidentes de que cuando se hizo ya se cuadró a martillazos es la recaudación de 55 millones prevista para el Impuesto de Sucesiones. Una expectativa inexplicable si se tiene en cuenta que ese impuesto desaparecía el mismo 1 de enero en que entraban en vigor los Presupuestos.
Dado que la recaudación prevista es totalmente irreal (en otros impuestos también están muy sobreestimadas) y las transferencias de capital que el Gobierno de Diego suponía que llegarían de Madrid van a venir muy mermadas, la gestión de los consejeros no se basa, como sería normal, en las partidas de gasto disponibles, sino en gastar lo menos posible o, mejor aún, nada. Hay reuniones de Consejo de Gobierno es las que no se aprueba más gasto que la compra de guantes y jeringuillas desechables, es decir, los consumibles ordinarios que, por rutinarios, antes ni siquiera aparecían en las referencias de lo aprobado.