De todo…

Concurso de acreedores de B3 Cable

Transcurrido el plazo legal de cuatro meses desde que la sociedad B3 Cable se acogiese a la figura del preconcurso, la empresa de Maliaño se ha visto obligada a presentar la solicitud de concurso de acreedores al no poder conseguir nuevos inversores, como pretendía. La entidad financiera PNC Bank, principal acreedor de B3 Cable, no ha llegado, hasta el momento, a ningún acuerdo con los dos fondos de inversión que estaban interesados en la compra de la planta cántabra de fabricación de cables.
A partir de ahora se abre el proceso de concurso en el que se seguirá trabajando sobre la posibilidad de que algún grupo inversor, nuevo o ya conocido, muestre interés por hacerse con los activos de la empresa y proseguir con su actividad.
En estos momentos, la factoría de Maliaño trabaja al diez por ciento de su capacidad de producción para atender compromisos que ya tenía adquiridos. Además, B3 Cable mantiene un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) temporal para el cien por cien de la plantilla, que entró en vigor el pasado 2 de julio y que estará vigente hasta el próximo 31 de octubre.

Por la dependencia de muchos aeropuertos
Fomento no lo tendrá fácil para sancionar a Ryanair

La amenaza del Ministerio de Fomento de retirar la licencia de vuelo a Ryanair por sus reiterados incidentes no será fácil de sustanciar sin graves consecuencias para el turismo nacional y para algunos aeropuertos concretos, como el de Parayas, que perdería el 81% de sus pasajeros. En el primer semestre del año, Ryanair ha movido 641.182 personas de las 790.390 que han utilizado el aeropuerto cántabro.
La dependencia de Ryanair hace que cualquier medida que quiera imponer el Ministerio de Fomento tenga muy graves consecuencias. La compañía irlandesa lo sabe y con frecuencia lo ha utilizado para conservar subvenciones o conseguir otras. El margen de maniobra del Gobierno es pequeño y la ministra probablemente no pueda pasar de las amenazas, porque sabe que sin Ryanair la gestora pública de aeropuertos Aena no tendría posibilidad alguna de volver a los beneficios a corto o medio plazo, como se pretende, y el país vería reducida sensiblemente el número de turistas, ya que ocho de cada diez pasajeros de Ryanair son extranjeros. Pero lo peor de todo es que España ni siquiera tiene potestad para quitar la licencia a la compañía, como le acaba de recordar Bruselas a la ministra, dado que esa competencia es de su país de origen, Irlanda.
Fomento sólo puede imponer multas a la compañía irlandesa, por incumplimiento de la normativa española. Pero ni siquiera está claro que ejerza esa potestad, porque sabe que Ryanair reacciona destempladamente a cualquier medida que interprete como un acto hostil, y puede poner en peligro diez aeropuertos españoles, entre ellos el cántabro, donde representa más del 40% del movimiento. El problema es menor en Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca, en los que otras aerolíneas estarían encantadas de sustituir a la irlandesa, pero no en los aeropuertos de segundo y tercer nivel, donde la rentabilidad es más discutible, al menos sin subvenciones.

El Plan Renueva mejora las ventas de automóviles

Un 30% de los 1.257 vehículos nuevos vendidos en Cantabria en los meses de julio y agosto se han acogido al Plan Renueva puesto en marcha por el Gobierno de Cantabria para mitigar la disminución de ventas que sufre el sector automovilístico desde 2007, y que hasta 2011 ha supuesto una caída de las matriculaciones del 67,7%. Este plan, que comenzó a funcionar en julio y que se prolongará hasta el 15 de diciembre, ha conseguido en sus dos primeros meses de funcionamiento mejorar las expectativas del sector porque los concesionarios preveían vender sólo 1.000 vehículos.
El Consejero de Industria, Eduardo Arasti ha reconocido que los cuatro meses que quedan de 2012 van a ser «muy complicados» para el sector, debido al aumento del IVA, que va a promover una «menor incentivación de las ventas», algo que se intentará frenar con el Plan Renueva.
Aunque el Plan, al que el Ejecutivo regional ha destinado 500.000 euros, sólo tiene vigencia hasta diciembre, el consejero ha asegurado que «si el próximo año la situación no mejora» es «probable» que el Gobierno se planteé «continuar con esta medida».

La fiesta de Reyes, el 7 de enero

Cantabria contará en 2013 con doce fiestas laborales de ámbito autonómico, según el calendario aprobado por la Consejería de Economía. En el caso de la fiesta de Reyes Magos, que el próximo año cae en domingo, se celebrará el lunes, 7 de enero.
El calendario de fiestas laborales, o de días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, se completa con Año Nuevo (martes) Jueves Santo (28 de marzo); Viernes Santo (29 de marzo); Lunes de Pascua, el 1 de abril; Fiesta del Trabajo el 1 de Mayo (miércoles); Santiago Apóstol, el 25 de julio (jueves); la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto (jueves); Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre (sábado); Todos los Santos, el 1 de noviembre (viernes); Día de la Constitución Española, el 6 de diciembre (viernes); y la Natividad del Señor, el 25 de diciembre (miércoles).

El copago hace bajar la factura farmacéutica

Por discutible que sea la medida, la puesta en marcha del copago desde el pasado 1 de julio está demostrando su capacidad para frenar la imparable deriva al alza de la factura sanitaria. El gasto farmacéutico bajó en Cantabria el primer mes de aplicación de la medida un 24%, un porcentaje tan elevado que podía achacarse, en parte, a una estrategia de los usuarios para acopiar medicinas en junio. Sin embargo, en agosto ha ocurrido lo mismo, con un descenso casi idéntico (21,2%). El Servicio Cántabro de Salud pagó 9,9 millones de euros frente a los 12,5 millones del mismo mes del año anterior.
Además de prescribirse menos, el gasto medio por receta descendió un 12,8% (10,8 euros frente a los 12,4 de hace un año).
En cuanto a las recetas facturadas, en agosto se emitieron en Cantabria 914.020, lo que supone un 9,5% menos. El descenso interanual por este concepto es del 2,8%.

Fomento reanudará el tramo Solares-Torrelavega de la A-8

Cantabria recibirá el próximo año 159,2 millones de euros en inversiones del Gobierno central. Una cifra que si bien representa un 32% más respecto a lo invertido en 2012, no satisface las expectativas, dado que se aleja mucho de las cifras de años anteriores y parte de la dotación irá destinada a pagar obras ya ejecutadas.
El ministerio más inversor es el de Fomento, como suele ser habitual, con casi 70 millones de euros, pero solo parte de ese dinero irá destinado a obra nueva. En concreto, servirá para volver a poner en marcha los tramos de La Encina-Torrelavega y Solares-La Encina de la Autovía del Cantábrico (A-8), que suman 28 kilómetros y para los que se prevén más de 26 millones. El resto de las cantidades asignadas van destinadas a terminar los pagos de la Ronda de la Bahía y el Distribuidor de la Marga, obras ya ejecutadas.
Para lo que no se prevé partida alguna es para el proyecto de alta velocidad (AVE) a la región, que en el presente ejercicio contaba con una cuantía de 10.000 euros.

Las hipotecas caen a un ritmo del 23%

Son ya 27 los meses de caídas consecutivas de las viviendas hipotecadas, sin que se atisbe cuándo se tocará fondo. El pasado mes de julio el número de hipotecas constituidas en Cantabria sobre viviendas se situó en 312, lo que supone un descenso del 22,9% en relación al mismo mes de 2011, según el INE. La cifra fue la más baja en este mes desde 2003.
El tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios alcanzó en julio el 4,27%, un 0,2% menos que en igual mes de 2011, mientras que el interés medio en el caso de las viviendas fue del 4,24%, un 1,8% más.

Significativo descenso en el último año
El coste laboral en Cantabria ya está por debajo de la media

El coste medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.290 euros en el segundo trimestre del año en Cantabria, lo que supone un descenso del 2,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El coste laboral en Cantabria ya es bastante inferior a la media nacional, que sólo ha disminuido un 0,3% en el último año y se sitúa en 2.591 euros. No obstante, este pequeño descenso nacional es el primero tras cinco trimestres consecutivos al alza y de cerrar el pasado año con un aumento del 1,6%.
Del total del coste laboral, el salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) mantuvo el mismo nivel que hace un año en España y alcanzó los 1.939 euros, mientras que en Cantabria descendió un 2%, hasta los 1.701 euros.
Los otros costes bajaron un 1,4%, hasta los 652 eur+os en España, y en Cantabria disminuyeron un 3,6%, situándose en 588 euros.

Malestar por la anulación de la deuda de Santander con Mare

La decisión de la empresa pública Mare de condonar parte de la deuda que mantenía el Ayuntamiento de Santander por el servicio de recogida de basuras ha creado un agravio comparativo con otros municipios. El portavoz de Economía del Grupo Regionalista en Torrelavega, Pedro Pérez, ha recordado, además, que MARE tiene una «importante deuda» con su municipio, en concreto con Gesmator (empresa participada por el Ayuntamiento de Torrelavega que se encarga de la gestión del vertedero de El Mazo), que hasta 2011 ascendía a 750.000 euros. Según el portavoz regionalista «no es lógico» que se adeude dinero a unos ayuntamientos, como es el caso de Torrelavega, y a otros se les condone parte de su deuda.

El consumo, bajo mínimos

El empeoramiento de la industria y los servicios ha tirado a la baja de la economía cántabra, que ha registrado una variación interanual negativa del 1% en el segundo trimestre del año, según el Indicador del Crecimiento del Producto Interior Bruto elaborado por la Cámara de Comercio de Cantabria.
Según señala el informe, el comportamiento del sector productivo industrial presentaba en junio un deterioro anual del 5%, en términos del Índice de Producción Industrial, variación inferior a la registrada en el conjunto del país que presentó un retroceso del 6,9%.
En el sector servicios, cayeron el comercio al por menor (-4,5%) y las pernoctaciones, que registraron en junio una disminución interanual del -5,9%. En el resto del país estas variaciones fueron sensiblemente menores.
El informe de la Cámara destaca que el consumo sigue bajo mínimos y añade que en el actual escenario, con políticas restrictivas, aumento de impuestos, elevado desempleo y escasa confianza, es poco probable que se recupere en un plazo razonable.

Una de cada diez familias tiene a todos sus miembros en paro

Los datos sobre el paro nos siguen hablando de la profundidad de la crisis económica. Así, el 9,7% de los hogares cántabros con al menos un activo tiene a todos sus miembros en paro, aunque ese porcentaje es inferior a la media nacional, que alcanza el 13,3%. Son datos del Informe AGETT del mercado laboral, que también indica que el 51,6% de los parados cántabros lleva más de un año buscando un empleo y que los desempleados mayores de 55 años se han multiplicado por cuatro desde que comenzó la crisis.

Pese a las críticas dl PP en el pasado
El PSOE asegura que Diego quiere extender los PSIR a todo tipo de suelos

La reforma por segunda vez en lo que va de legislatura de la Ley del Suelo, esta vez para extender el uso de los PSIR (Proyectos Singulares de Interés Regional) a todo tipo de actividades y en todo tipo de suelos, incluso los especialmente protegidos, ha sido objeto de fuertes críticas por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su portavoz, Miguel Angel Palacio, constituye una «temeridad», además de «un engaño y un fraude» después de ocho años de «oposición frontal» del PP a esta figura urbanística.
Esta nueva reforma de la Ley del Suelo tiene, según Palacio, un segundo objetivo, que los ayuntamientos «puedan modificar tantas veces como lo deseen» los planeamientos anteriores a la Ley del Suelo, sin necesidad de adaptarse a esta norma aprobada por unanimidad en el año 2001, lo que hará que «estos viejos planeamientos se perpetúen en el tiempo».
Ambos motivos han llevado al PSOE a presentar una enmienda a la totalidad solicitando la devolución al Gobierno de este proyecto de ley de Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Palacio señala que la Ley del Suelo concibió la figura del PSIR como un instrumento para desarrollar proyectos de interés regional en casos «excepcionales» justificados por su «urgencia o necesidad» (como polígonos industriales, viviendas de protección oficial u hospitales). El portavoz socialista recordó que en las dos últimas legislaturas, el PP promovió desde la oposición un rechazo «frontal» a esa figura, y «defendió que la autonomía municipal y los derechos de los propietarios estaban por encima del PSIR», para acabar anunciando que modificaría la Ley del Suelo para cambiar este instrumento. Con estos antecedentes, afirma Palacio, «entendíamos» que el PP hubiese tratado de «eliminar los PSIR o limitarlos aún más», y sin embargo propone «justo lo contrario».
El diputado socialista denuncia que autorizar el desarrollo de PSIR «para todo tipo de actividades y en toda clase de suelos», «rompe la excepcionalidad y el carácter tasado» de este instrumento, y «no respeta las cautelas» que la legislación estatal prevé para los suelos protegidos. «Es una temeridad intentar desarrollar PSIR en un suelo especialmente protegido, que generará recursos en los tribunales», advierte.

Pérdida de seguridad jurídica

Por otro lado, Palacio considera que con esta nueva reforma de la Ley del Suelo, el PP pierde «una segunda oportunidad» de revisar esta norma para facilitar a los ayuntamientos la adaptación de sus planeamientos, algo necesario en vista de las «dificultades» que los municipios están teniendo para aprobar sus nuevos planes urbanísticos. “Santander ha tardado más de siete años, tres legislaturas, y eso poniendo el Gobierno la máxima diligencia, como ha dicho el presidente», recuerda Palacio.
En opinión del portavoz socialista, la Ley del Suelo fue una norma «novedosa» que garantizó el principio de legalidad y aportó «soluciones reales». Una ley aprobada por consenso que «protege el medio ambiente y el patrimonio como nunca hasta entonces», que aportó una «gran seguridad jurídica» y que es «la solución» al problema de los derribos, ya que la mayor parte de las sentencias de demolición se produjeron con anterioridad a esta ley.
Según Palacio, las modificaciones de los planeamientos municipales estaban «tasadas» para que los ayuntamientos los adaptaran «cuanto antes» a la Ley del Suelo. Sin embargo, al «autorizar toda clase de modificaciones, estos viejos planeamientos se perpetuarán en el tiempo», lo que «retrasa los derechos que la Ley del Suelo confiere a los ciudadanos y la seguridad jurídica que ofrece».La reforma por segunda vez en lo que va de legislatura de la Ley del Suelo, esta vez para extender el uso de los PSIR (Proyectos Singulares de Interés Regional) a todo tipo de actividades y en todo tipo de suelos, incluso los especialmente protegidos, ha sido objeto de fuertes críticas por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su portavoz, Miguel Angel Palacio, constituye una «temeridad», además de «un engaño y un fraude» después de ocho años de «oposición frontal» del PP a esta figura urbanística.
Esta nueva reforma de la Ley del Suelo tiene, según Palacio, un segundo objetivo, que los ayuntamientos «puedan modificar tantas veces como lo deseen» los planeamientos anteriores a la Ley del Suelo, sin necesidad de adaptarse a esta norma aprobada por unanimidad en el año 2001, lo que hará que «estos viejos planeamientos se perpetúen en el tiempo».
Ambos motivos han llevado al PSOE a presentar una enmienda a la totalidad solicitando la devolución al Gobierno de este proyecto de ley de Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Palacio señala que la Ley del Suelo concibió la figura del PSIR como un instrumento para desarrollar proyectos de interés regional en casos «excepcionales» justificados por su «urgencia o necesidad» (como polígonos industriales, viviendas de protección oficial u hospitales). El portavoz socialista recordó que en las dos últimas legislaturas, el PP promovió desde la oposición un rechazo «frontal» a esa figura, y «defendió que la autonomía municipal y los derechos de los propietarios estaban por encima del PSIR», para acabar anunciando que modificaría la Ley del Suelo para cambiar este instrumento. Con estos antecedentes, afirma Palacio, «entendíamos» que el PP hubiese tratado de «eliminar los PSIR o limitarlos aún más», y sin embargo propone «justo lo contrario».
El diputado socialista denuncia que autorizar el desarrollo de PSIR «para todo tipo de actividades y en toda clase de suelos», «rompe la excepcionalidad y el carácter tasado» de este instrumento, y «no respeta las cautelas» que la legislación estatal prevé para los suelos protegidos. «Es una temeridad intentar desarrollar PSIR en un suelo especialmente protegido, que generará recursos en los tribunales», advierte.

Pérdida de seguridad jurídica

Por otro lado, Palacio considera que con esta nueva reforma de la Ley del Suelo, el PP pierde «una segunda oportunidad» de revisar esta norma para facilitar a los ayuntamientos la adaptación de sus planeamientos, algo necesario en vista de las «dificultades» que los municipios están teniendo para aprobar sus nuevos planes urbanísticos. “Santander ha tardado más de siete años, tres legislaturas, y eso poniendo el Gobierno la máxima diligencia, como ha dicho el presidente», recuerda Palacio.
En opinión del portavoz socialista, la Ley del Suelo fue una norma «novedosa» que garantizó el principio de legalidad y aportó «soluciones reales». Una ley aprobada por consenso que «protege el medio ambiente y el patrimonio como nunca hasta entonces», que aportó una «gran seguridad jurídica» y que es «la solución» al problema de los derribos, ya que la mayor parte de las sentencias de demolición se produjeron con anterioridad a esta ley.
Según Palacio, las modificaciones de los planeamientos municipales estaban «tasadas» para que los ayuntamientos los adaptaran «cuanto antes» a la Ley del Suelo. Sin embargo, al «autorizar toda clase de modificaciones, estos viejos planeamientos se perpetuarán en el tiempo», lo que «retrasa los derechos que la Ley del Suelo confiere a los ciudadanos y la seguridad jurídica que ofrece».