Cantabria vuelve a desgravar los gastos en sanidad privada

A pesar de éxitos como el obtenido en la Comunidad de Madrid para frenar su privatización, la sanidad pública pasa por momentos de incertidumbre. Quizá por ello la contratación de seguros de salud, aunque acusa las difíciles circunstancias económicas que padecen las economías domésticas, no deja de crecer. Eso sí, en cotas mucho más moderadas que en años anteriores, ya que entre 2007 y 2011 las primas de los seguros de salud aumentaron un 29%. El pasado año lo hicieron en un 1,6%, la mitad que el anterior, pero la salud sigue siendo el único ramo del seguro no-vida que mantiene un comportamiento positivo y suma ya 6.896 millones de euros en primas en España.
Aunque el modelo de sanidad pública es muy valorado por los usuarios, los recortes y las listas de espera hacen que quien se lo puede permitir busque en la sanidad privada un servicio complementario. Una demanda a la que las aseguradoras han respondido con pólizas muy flexibles, ofreciendo la posibilidad de contratar solo las prestaciones que se deseen.
Aún así, en Cantabria el porcentaje de asegurados está en el entorno del 11% de la población, una cifra baja si se compara con otras comunidades, pero que tenderá a crecer porque la sanidad privada está en España lejos de haber alcanzado su madurez. Con poco más del 20% de la población con doble cobertura, en la medida que son clientes directos de clínicas o a través de las aseguradoras, la sanidad privada tiene aún mucho recorrido hasta alcanzar el 30% de países europeos como Francia o Alemania.

El motor de las desgravaciones fiscales

Para facilitar que eso ocurra, el sector hace tiempo que pide que la vuelta de la desgravación fiscal para los seguros médicos que estuvo vigente hasta 1998, cuando el Gobierno de José María Aznar la eliminó. Curiosamente, ahora son tres comunidades gobernadas por el PP (Cantabria, Aragón y Baleares) las que la están recuperando.
En el caso de Cantabria, la reforma fiscal promovida por el Gobierno regional facilita que, desde el pasado 1 de enero, se pueda desgravar el 5% de las cantidades abonadas anualmente en concepto de cuotas de seguros médicos o mutualidades de carácter no obligatorio, con un límite anual de 200 euros en la declaración individual y de 300 en la conjunta. Con carácter más genérico, se podrán deducir el 10% de los gastos sufragados durante el año por razones de enfermedad, salud dental, nacimiento de hijos, accidentes e invalidez, con un límite anual de 500 euros en la tributación individual y de 700 euros en la conjunta.
En ambas deducciones, los límites se incrementan en 100 euros para aquellos contribuyentes que tengan una discapacidad igual o superior al 65%.
Para evitar el pago en dinero negro o que estos ingresos no sean declarados por los perceptores, los pagos realizados en efectivo no podrán beneficiarse de estas deducciones.
La iniciativa de estas tres comunidades ha sido recibida con satisfacción por el IDIS (el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad Privada) que, con la llegada del Gobierno de Rajoy, inició una recogida de firmas para para pedir que las familias contratantes de un seguro privado puedan desgravar una parte del coste en la declaración de la renta. Según sus cálculos, un incentivo fiscal de un 15% para las rentas inferiores a 30.000 euros llevaría a un millón de personas a contratar un seguro. Una población que saldría de manera voluntaria del sistema público de salud –total o parcialmente– y le generaría un ahorro de hasta 1.500 millones de euros a la sanidad pública.
Pero también hay voces críticas de quienes ven en iniciativas como esta una disminución de los ingresos fiscales, lo que supondrá un menoscabo de los recursos para el mejor funcionamiento de la sanidad pública.
En breve se podrá saber si medidas adoptadas por la comunidad cántabra y otras regiones suponen o no un anticipo de lo que el Gobierno central planea hacer. El Ministerio de Hacienda encargó un estudio sobre posibles rebajas fiscales para 2014 que su titular, Cristóbal Montoro, se comprometió a presentar en el mes de marzo. De momento, ha ocurrido todo lo contrario. Las medidas ya anunciadas para subir indirectamente las cotizaciones a la Seguridad Social, han supuesto un jarro de agua fría para el sector de los seguros médicos.

Un encarecimiento de las pólizas de empresas

La precaria situación de las cuentas de la Seguridad Social, que acabó 2013 con un déficit muy sustancial, ha llevado al Gobierno central a adoptar unas medidas que las aseguradoras sanitarias consideran muy regresivas para la contratación de seguros colectivos.
Según un informe realizado por la consultora AON, el impacto de la ampliación de los conceptos retributivos computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social podría tener un impacto superior a los 500 millones de euros en el ámbito de los seguros de la salud.
En España hay 2.969.330 seguros colectivos de asistencia sanitaria que, con esta subida abonarían a las arcas públicas 510 millones de euros más. La mayor parte la pagarán las empresas, 421 millones. Según este informe, la nueva normativa les supondrá un incremento de 142 euros anuales por afiliado.
Este encarecimiento podría tener un efecto disuasorio en la contratación de nuevos seguros colectivos, una modalidad que ha ido ganando peso progresivamente dentro del sector.
Tras evaluar las consecuencias que la medida puede tener en el ramo de salud, Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras) cree que la previsión social complementaria no se verá reducida porque, en su mayoría, es producto de negociaciones colectivas entre empresas y trabajadores, pero los cambios no van a favorecer su introducción en otros convenios, por lo que en el futuro se contratará menos.
Nadie duda, sin embargo, de lo que la sanidad privada puede aportar a la sostenibilidad del actual sistema sanitario público. Por ejemplo, descongestionándolo. Si la suscripción de una póliza de asistencia sanitaria facilita el acceso a una prestación de calidad y sin demoras, el sistema público tendrá mayor capacidad para reducir sus listas de espera y atender mejor a sus usuarios. De ahí que desde el sector asegurador se defienda un sistema en el que se complementen, sin solaparse y sin caer en duplicidades, lo público y lo privado.