La Comisión de Competencia mexicana cuestiona la constitucionalidad de las nuevas políticas energéticas

La Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece) ha cuestionado este lunes, a través de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las nuevas políticas sobre energía renovables implantadas a partir del pasado 15 de mayo, por las que se limita la entrada en el mercado a compañías privadas, al estimar que dicha política «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».

De este modo, el ente considera que las nuevas normas también afectan al mandato constitucional del país e invaden su esfera de competencia.

Cofece considera que el nuevo instrumento de la Administración de López Obrador afecta «de manera grave» a la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector.

Esto se debe, según Cofece, a que la política compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución. «Otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica», denuncia.

La entidad señala que todo esto incide «de manera grave y trascendente» en la esfera de actuación del sector eléctrico, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en dicho mercado, ya que con la entrada en vigor de las nuevas políticas «dejan de existir los elementos básicos para que este funcione en condiciones de competencia».

Por todo ello, Cofece solicita a la Justicia azteca que se pronuncie sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia ante una disposición de esta magnitud.

La autoridad reconoce que incrementar la confianza y seguridad del sistema eléctrico nacional es un propósito «legítimo y deseable», pero que no se debe anteponer a otros principios como el de la competencia económica. «Es necesario identificar la mejor alternativa disponible a fin de hacer cumplir todos estos objetivos», apostilla Cofece.