Un total de 910 hogares cántabros cobran el IMV y 67.000 personas han recibido prestaciones del SEPE

Un total de 910 hogares cántabros han cobrado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) este viernes, cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha realizado el primer pago de esta ayuda, mientras que 67.000 personas en la región han percibido desde que comenzó la pandemia del coronavirus alguna prestación del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) entre ERTEs, prestaciones por desempleo, bajas derivadas del virus, etcétera.

En concreto, 35.000 trabajadores se han acogido durante este periodo a los ERTEs y 19.000 todavía siguen activos; alrededor de 20.000 autónomos han solicitado la prestación por cese de actividad, que ha sido concedida a más de 19.000; y más de 5.000 empresas han recibido avales ICO, que han hecho llegar a la región 628 millones de euros.

Se trata del «mayor número de trabajadores que en la historia de Cantabria han cobrado una prestación del SEPE», según ha dicho el diputado nacional del PSOE por Cantabria, Pedro Casares, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la senadora cántabra, Isabel Fernández, en la que ha hecho un balance del impacto que han tenido en la región las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España con motivo del Covid.

Además de las medidas económicas, Casares ha destacado otras «muchas» sociales puestas en marcha para «complementar» las anteriores dirigidas a mantener el tejido productivo, como las becas comedor, que han beneficiado a 1.200 niños cántabros; los fondos «extra» para Sanidad y el material de protección o los cuatro millones de euros del fondo social extraordinario.

Estas medidas han sido un «salvavidas» sin el que a día de hoy «no se podría hablar de recuperación», a juicio del socialista, que participa en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país, en la que el PSOE apuesta por buscar el acuerdo político del mayor número posible de grupos, ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que España y Cantabria «necesitan acuerdos por el bien de la ciudadanía para mirar al futuro» y ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para trabajar en ello partiendo como base del documento presentado por el PSOE, que se aprobó ayer en la comisión y que ahora está en periodo de enmiendas.

Es algo que han pedido «prácticamente todas las personas» que han pasado por la comisión, más de 150 entre instituciones, organismos, empresas, universidades, etcétera, que han instado a la clase política a acordar estas medidas para la reconstrucción del país.

Casares ha recordado que el PSOE propone un acuerdo basado en que la recuperación tiene que ser «sólida, justa, sostenible y duradera en el tiempo», y «sin dejar a nadie atrás, aprendiendo de las anteriores crisis».

Las ideas que sostiene son la modernización del tejido productivo, la transición ecológica de la economía, el reto demográfico y el desarrollo rural, la recuperación de los derechos laborales, el apoyo a los sectores más castigados de la crisis (hostelería, automoción, comercio o turismo), una fiscalidad «justa y progresiva» y una política de llegada de fondos de la Unión Europea.

El documento incluye también medidas para reindustrializar el país, luchar contra el cambio climático y desarrollar «el mayor plan» de rehabilitación de viviendas que se haya realizado «jamás» en España.