Aeropuertos sin aviones… y piscinas sin bañistas

Las desiertas pistas del aeropuerto de Castellón se han convertido en paradigma del despilfarro y la falta de racionalidad con que se han gestionado los recursos públicos en España. Pero, sin llegar a los extremos de arbitrariedad de aquella obra, Cantabria lleva camino de contar en su territorio con otro ejemplo de costosas instalaciones ejecutadas con dinero público que no tienen uso, porque nadie puede garantizar su sostenibilidad futura.
Dos años han transcurrido desde que finalizó la construcción de las piscinas cubiertas de Colindres, Latas (Ribamontán al Mar) y Pesués (Val de San Vicente), y ni un solo bañista ha tenido todavía la oportunidad de disfrutar de estas espectaculares instalaciones. El motivo no es otro que la negativa de Ascan a entregar a los ayuntamientos unas obras por las que no ha cobrado la totalidad de las cantidades que le adeuda el Consorcio de Infraestructuras Deportivas, un ente creado durante la anterior legislatura por seis ayuntamientos para poder dotarse de unas instalaciones que iban a ser sufragadas por la comunidad autónoma.

Dos convenios incumplidos

Con las obras ya iniciadas, la llegada del Gobierno de Partido Popular supuso una alteración radical del escenario previsto en aquel acuerdo.
El Ejecutivo de Ignacio Diego declaró unilateralmente la resolución del convenio por el que el Gobierno cántabro se comprometía a financiar la totalidad de las obras, a través de unos pagos anuales al Consorcio a lo largo de los siguientes diez años. En esos pagos se incluía la cobertura del déficit que –ya se daba por hecho– generaría el funcionamiento de las piscinas, cuya explotación correría a cargo, durante esa década, de la empresa que las ejecutase, que resultó ser Ascan. Transcurrido ese tiempo, la gestión y el mantenimiento de las piscinas recaería sobre los propios ayuntamientos.
La negativa del nuevo Gobierno a aceptar los costes que se derivaban del mantenimiento forzó al Consorcio a transigir, a finales del pasado año, con la firma de un nuevo acuerdo, por el que el Ejecutivo regional aceptaba pagar, en cinco anualidades, los más de seis millones de euros que todavía se adeudaban a Ascan por la ejecución de la obra (se habían pagado ya otros seis millones), pero desvinculándose de cualquier otra obligación.
Para los ayuntamientos que integran el Consorcio, ese forzado acuerdo era un mal menor. La negativa del Gobierno regional a pagar lo que restaba del coste de las obras les hubiese dejado en una situación todavía más precaria, la quiebra total, dado que hubiese resultado absolutamente imposible hacerlas frente con sus propios recursos.
Si el nuevo convenio no cumplía totalmente con sus expectativas, tampoco las de Ascan. En el pliego de contratación para la ejecución de las obras se establecía que la constructora recibiría, además, unas cantidades para sufragar los gastos de explotación que ya se habían producido, como las altas en los suministros, siempre justificadas por facturas remitidas al Gobierno regional. Sin embargo, el Ejecutivo actual entiende que esas partidas debieron imputarse en su momento a la ejecución de las propias piscinas, que es el único compromiso asumido en el nuevo convenio. Los 800.000 euros que reclama Ascan por estos conceptos se han quedado ahora en un extraño limbo, porque el Gobierno regional considera que sus responsabilidades ya están saldadas.
El problema se complica aún más porque en el convenio firmado por el actual Gobierno se establece que éste debía haber abonado la primera anualidad comprometida por el coste de la obra antes del pasado 1 de agosto, y el Consorcio todavía no ha recibido ni un euro.
Pese a los incumplimientos, el Gobierno regional no ha tenido reparo en dirigir una carta a los ayuntamientos de Colindres, Ribamontán al Mar y Val de San Vicente instándoles a abrir al público las nuevas piscinas. Le consta, además, que las instalaciones ni siquiera han sido recepcionadas por los ayuntamientos, porque Ascan se niega a entregar las obras.
La actitud del Ejecutivo la valora sin paños calientes el alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo: “Esa carta, además de una tomadura de pelo, suena –a pocos meses de unas elecciones– como una estrategia electoralista”.
Escobedo subraya los problemas futuros que se ciernen sobre los ayuntamientos, incluso aunque se resuelva esta reclamación de Ascan. Sólo Colindres, por su mayor tamaño, podría llegar a contar con recursos suficientes para hacerse cargo del déficit de gestión de las piscinas, que el actual Gobierno no ha querido asumir, y que estaba­­ previsto en el convenio inicial. Pero, incluso en ese caso, la Ley de Estabilización Presupuestaria impide a los ayuntamientos prestar nuevos servicios que supongan un coste para las arcas municipales.
La solución a semejante embrollo no resulta fácil. Hay quien propone sacar a concurso la explotación de estas instalaciones, que se construyeron con la intención de dar servicio a las zonas rurales, pero esa misma condición de lugares poco poblados invita a suponer que tampoco una concesionaria privada podría explotarlas sin ayudas públicas.
El conflicto lleva camino de dirimirse en los tribunales. Ascan ya ha reclamado judicialmente las cantidades que se le adeudan por la construcción de las piscinas y el resto de los compromisos asumidos por el Consorcio en el pliego de contratación. Y este último ha pedido un informe jurídico para estudiar el inicio de acciones en defensa de sus intereses.
Mientras esto ocurre, tres espléndidas instalaciones que han costado 12 millones de euros de dinero público, esperan desde hace dos años el chapuzón que las inaugure. Unas piscinas tan secas y huérfanas de bañistas como el aeropuerto de Castellón sigue vacío de aviones.