Editorial

Lo que no conviene es excitar a esos electores para que recuerden, porque en ese caso la contradicción, que va a llegar antes o después, se hará más que evidente, insoportable, y eso empieza a pasarle a Ignacio Diego. Tanto empeño en criticar los viajes de sus antecesores le ha obligado a dar mil explicaciones para el suyo a Méjico y afirmar que “no es lo mismo”. Sea lo mismo o no, lo lógico en estos tiempos es que los dirigentes viajen, aunque sin excederse, y más, si como se buscaba, había posibilidades de cerrar la venta del solar que ocupó la sede del Gobierno. No hubo suerte y por el momento seguiremos sin Moneo ni mejicano.
La siguiente contradicción se ha producido a resultas de la inversión pública en GFB. El PP lleva dos años tratando de convertir este caso y la compraventa del Racing en el fin político de Revilla, que se les va a escapar vivo, y para eso se ha visto obligado a desmesurar algunos aspectos de ambas operaciones realizadas por el Gobierno anterior, como la concentración de capital público en el proyecto de GFB, un riesgo muy superior al que permitían los estatutos de Sodercan, pensados para tomar participaciones en pequeñas empresas.
Como la historia tiende a repetirse, y cada vez de forma más acelerada, Diego acaba de encontrarse con la misma circunstancia: Hay un proyecto industrial estratégico para la región y el empresario le pide al Gobierno cántabro que se implique de verdad si quiere verlo aquí asentado. Su Gobierno, atrapado por sus propias críticas anteriores, no puede aportar el capital previsto sin contradecirse, pero como las circunstancias mandan, ha cambiado con sigilo los estatutos de Sodercan y ahora va a emplear gran parte de los recursos de la empresa pública en adquirir un 19% de la Tubacex cántabra y reformará el ICAF para centrarlo en la financiación de grandes proyectos. Por cierto, en la época de la supuesta máxima transparencia se ha negado a decir la cantidad exacta que vamos a poner. Como también se ha negado el consejero de Industria a decirnos lo que nos cuesta el convenio con Ryanair “porque es confidencial”. ¿Pueden ser confidenciales los contratos públicos? Obviamente no, como no pueden ser secretas las subvenciones, por definición. Si a alguien le molesta que eso se publique en el BOC, que no es precisamente el ¡Hola!, no tiene más que renunciar a ellas. Se trata, simplemente, de entender las reglas del juego y de enterarnos de una vez de que con el dinero público no puede haber secretos.
Y qué decir de la financiación estructurada a la que nos hemos lanzado de hoz y coz con el megacontrato de Valdecilla después de declararla una herencia abominable? ¿O de la financiación a los ayuntamientos con un crédito que sólo comenzará a devolverse en la siguiente legislatura amparándonos en la reputada teoría económica de el-que-venga-detrás-que-arree? También tendremos que borrar de nuestro disco duro aquella idea de la amortización de sedes con la que tanto íbamos a ahorrar, porque ahora tenemos más sedes que nunca. En plena asfixia económica hemos comprado un inmenso edificio que no nos hacía falta, para resolver el problema a un amigo, sin saber qué vamos a hacer con los que ya teníamos en propiedad y que se desocupan, como la Quinta Labat o el Edificio Europa.
Ya ni siquiera se libra de contradicciones el cortísimo plazo. El Presupuesto, que no iba a subir, sube casi un 7%; la presión fiscal, que iba a bajar, subirá para buena parte de la población, y la deuda, que se iba a contener, pega un arreón. Es una pena que con tantos avances informáticos, los políticos no dispongan aún de un botón ‘borrado’ para resetear los cerebros de la ciudadanía cada no más de dos semanas. Así todo nos parecía nuevo y perfectamente coherente. Incluso ejemplar.