La reforma eléctrica pone contra las cuerdas a otras cinco fábricas
Cada vez que el Ministerio trata de hacer un remiendo en el complicado sistema eléctrico español, provoca un desgarro mayor en la industria. El último es el borrador de una orden ministerial para modificar el pago por interrumpibilidad. Una cláusula que compensa a los grandes consumidores eléctricos a cambio de aceptar ser desconectados si el sistema necesita puntualmente esa energía con otros fines, por lo general en los días de más calor o más frío del año, cuando los particulares encienden simultáneamente sus aires acondicionados o calefacciones y la demanda eléctrica del país se dispara.
Es cierto que desde el comienzo de la crisis estas interrupciones prácticamente no se producen, porque la demanda eléctrica ha bajado mucho y la instalación de parques eólicos y centrales de ciclo combinado ha creado una capacidad instalada tan desmesurada, que podría atender dos veces la demanda máxima histórica. Pero la interrumpibilidad es más que eso, puesto que, a través de incentivos, fuerza a las fábricas a consumir en los periodos valle, cuando la energía es más barata. Combinando las mayores subvenciones con estos horarios, las grandes fábricas consiguen un precio final competitivo, a cambio, eso sí, de desviar gran parte de su actividad a la noche, cuando al país le sobra energía eléctrica que no es posible almacenar.
La Asociación de Grandes Consumidores, a la que pertenecen cinco fábricas cántabras, parece dispuesta a aceptar que la cláusula se reformule, puesto que las únicas desconexiones que se han hecho en los últimos años han sido por meras rutinas de control. Pero insiste en que la modulación en los consumos aporta racionalidad al sistema eléctrico español y que volver a producir en los horarios diurnos caros no sólo dispararía sus costes, sino que los encarecería aún más para el resto de los consumidores, al reconcentrarse la demanda. En cambio, habría serios problemas para dar uso a la electricidad que no puede dejar de producirse por la noche.
Todos argumentan que con un precio de la electricidad tan caro como el de España sus fábricas no serían competitivas (en Francia cuesta aproximadamente la mitad) y recuerdan que en otros países de nuestro entorno donde también es cara, como Portugal o Italia, hay subvenciones parecidas.
Posibles intereses
El Secretario de Estado de Industria confesó ante la Asociación que la redacción del borrador le fue confiada a Red Eléctrica Española, la empresa que gestiona el sistema eléctrico y transporta la energía a los puntos de consumo. Una decisión muy cuestionable, ya que REE es una empresa privatizada y tiene sus propios intereses. Pero es posible que en ese borrador se atiendan, además, los de los cuatro grandes devoradores de kilovatios que hay en España, la fundición de aluminio de Alcoa, la fábrica de Celsa en Barcelona y las asturianas Arcelor Mittal y la planta de zinc electrolítico de AZSA, alguna de las cuales ha amenazado con marcharse de España al desaparecer la tarifa G4, con la que conseguían un precio por Mw aún más reducido.
Para ellos, que funden en continuo, sí tiene utilidad el nuevo sistema, que no diferencia entre días y noches, domingos o lunes. Además, fuentes del sector indican que se les ofrecería una compensación de 35 euros por megavatio, frente a los 20 que como máximo podrán recibir los grandes consumidores que no llegan a los 100 Mw, como ocurre con las fábricas cántabras.
Forzados a mantener un consumo continuo
El nuevo sistema de interrumpibilidad obligaría a las industrias a entrar en una subasta con la potencia que estén dispuestas a poner a disposición del sistema. Si alguien, como Ferroatlántica, ofreciese 40 Mw (difícilmente podría ofrecer los 85 actuales sin temor a pillarse los dedos), tendría que consumir permanentemente esa energía y cederla en caso de sobredemanda en el mercado. Pero eso supone fundir independientemente de los precios de cada momento –y hay muchos horarios diurnos y entre semana en los que la fábrica perdería dinero–, además de no tener en cuenta que los pedidos fluctúan y no es posible mantener siempre el mismo nivel de actividad.
Si el Mw se valorase, como en Italia (entre 150.000 y 200.000 euros) las compensaciones que recibiría Ferroatlántica por esos consumos serían de unos 6 millones de euros, bastante menos que ahora. Y gran parte de esa cifra la necesitaría para pagar los sobreprecios en que incurriría por verse obligada a fundir en los horarios de tarifas altas. Es decir, que pasaría de los 10 millones netos actuales a prácticamente nada.
El problema es menos grave para Gerdau Sidenor, Solvay, Cementos Alfa o Global Steel, porque sus costes energéticos no tienen el mismo peso que en Ferroatlántica (22,5%), pero eso no quiere decir que resulte más sencillo de gestionar. En Global Steel difícilmente podrían ofrecer una potencia para obtener la subvención de interrumpibilidad, puesto que su proceso es discontinuo y sólo tiene un horno.
Para la mayoría supondría pasar a pagar las tarifas ordinarias, sin compensación alguna, y desincentivaría el uso de la noche y los fines de semana, en los que han refugiado sus actividades más consumidoras de energía.
Tampoco le aportaría mucho al sistema eléctrico español, que tendría que inventar la forma de deshacerse de los kilovatios que siguen aportando las nucleares y los molinos durante la noche para los que no encontraría comprador. Con el actual procedimiento de modulación, ya se vio obligado a verter energía y dejar aerogeneradores inactivos durante el último Viernes Santo, porque no encontró clientela bastante para absorber la energía de los pantanos que desbordaban y de las nucleares que no pueden parar.
El sistema de interrumpibilidad se estableció en los años 80 y le cuesta al país unos 600 millones de euros al año, una cuantía poco significativa dentro del enorme déficit eléctrico, que surgió mucho después, y ha aportado un innegable equilibrio al sistema eléctrico.