El Gobierno pone el cartel de venta en sus propiedades

Cantabria parece tener colgado un enorme cartel de ‘se vende’. Se acumulan viviendas que no encuentran comprador, parcelas por las que ya nadie pregunta, naves industriales que de repente ninguna empresa necesita y edificios públicos. De forma discreta se ofrecen espacios en la Península de Pedrosa y en Cabárceno para hacer sendos hoteles; la Residencia Marcano, que probablemente también tendría un uso privado hotelero; parte de la finca de la Pontificia, en Comillas, para construir una residencia y las naves de Haulotte. El Gobierno está dispuesto, incluso, a desprenderse del solar de su futura sede si encuentra una buena oferta. El problema es que para casi nada de esto hay comprador.
Tradicionalmente, el sector público compra mucho más patrimonio del que vende pero las cosas han cambiado tanto que ahora este proceso se ha invertido. El problema es que comprar es fácil y si alguien se resiste a vender, el Gobierno siempre tiene en su mano el procedimiento expropiatorio; en cambio, vender no resulta sencillo cuando no hay compradores. Eso le ocurre al Ejecutivo cántabro con el suelo industrial, que no encuentra interesados ni siquiera después de anunciar pomposamente que rebajaba a la mitad el precio de las parcelas en varios polígonos. Si los interventores judiciales consiguieron vender la fábrica sin estrenar de GFB fue al mismo precio en el que estaba tasada como chatarra, cinco veces menos de lo que costó su construcción. Y pueden darse por satisfechos.
La región está salpicada de naves de todos los tamaños ya construidas que no encuentran comprador y eso es un indicio del escaso interés que puede suscitar el suelo industrial en estos momentos.
Para el Gobierno, deshacerse del que tiene en cartera supondría una importante entrada de recursos, puesto que cada polígono construido representa una inversión muy elevada que no se recupera hasta la venta de la última parcela y siempre han de pasar muchos años hasta que se produce esa circunstancia.
Vender edificios públicos para hacer caja tiene más complicaciones. En primer lugar, porque antes deberán conocerse las necesidades reales de la Administración regional y la conveniencia de renunciar a los muchos de los contratos de alquiler que paga por inmuebles ajenos y en segundo término, porque casi siempre se trata de edificios singulares que no tienen un fácil encaje en el mercado. Además, tiene un coste político evidente. Basta ver lo ocurrido con el cierre de la Residencia La Pereda para presumir el conflicto que se suscitará cuando se venda para usos privados este edificio que en su día se construyó con las aportaciones de los trabajadores a la antigua institución de Educación y Descanso.
El Gobierno de Ignacio Diego prefiere hacer ventas de suelo, que pasan más desapercibidas. Lo que ocurre es que los suelos que pueden resultar más codiciados son también los más conflictivos. Privatizar parte de la Isla de Pedrosa para construir un hotel no será fácil de aceptar por la ciudadanía, al margen de los problemas legales que pueda encontrarse, dado que Pedrosa fue donada por un particular con la condición de que el sector público le diese un fin social, algo que resultaría muy difícil de justificar en el caso de un hotel privado.
Tan complicado o más será la venta de los terrenos de la Pontificia en Comillas donde se iba a construir una residencia para profesores y alumnos, para que una empresa privada haga en ellos un hotel. El anterior presidente, Miguel Angel Revilla, se jactó incontables veces de haber salvado la finca de acabar convertida en una urbanización de chalés y hoteles, y parte de la población no entendería esta vuelta atrás.
Sin duda, lo más fácil será vender o concursar una concesión a largo plazo para una empresa privada construya un hotel en Cabárceno, un equipamiento que estaría más que justificado en un centro turístico relativamente alejado de la ciudad y con muy pocas plazas de alojamiento en los alrededores. No obstante, la posibilidad de que se encuentren interesados para este hotel, el de Pedrosa o la Residencia La Pereda es pequeña, en opinión de los empresarios del sector, que no reciben estas iniciativas con entusiasmo. Recuerdan, con las cifras de ocupación en la mano, que más hoteles no suponen más turistas, sino rebajar aún más las bajas tasas de ocupación que están teniendo los establecimientos ya existentes. Por lo pronto, los plazos no se han cumplido. Diego anunció que Cabárceno ya tenía pretendiente y que la operación se sustanciaría, probablemente, durante el verano, algo que no ha ocurrido. En Pedrosa calculaba una inversión privada de 15 millones de euros, lo que también sigue siendo un futurible.
Deberían encontrar más interesados los solares de Puertochico donde se iba a construir la sede del Gobierno (el que ocupaba la sede anterior y el del Garaje Loriente), un proyecto que oficialmente no está cancelado, sino aplazado. Uno de los peros es que eso supondría tirar a la basura el proyecto de Moneo, que con el reformado (la segunda versión, más reducida) ha costado varios millones de euros. Otro inconveniente es que se encuentra con la peor situación imaginable en el mercado inmobiliario, al que irían destinados los terrenos. En estos momentos, en Cantabria apenas permanecen activas media docena de promotoras y probablemente ninguna de ellas podría afrontar una inversión semejante. Las nacionales, bastante tienen con quitarse suelo de encima y renegociar su endeudamiento.
Por si fuera poco, coincide en el tiempo con la reordenación del frente marítimo que va a sacar a la venta 27 hectáreas de zona portuaria tan buenas o mejores, ya que están en primera línea de mar, para construir viviendas en ellas. Con ese dinero, el Ayuntamiento de Santander, Puertos del Estado y el Gobierno regional pensaban sufragar la reordenación, pero cada vez hay menos expectativas de convertirlas en metálico. Por no hablar del suelo que liberaría la unificación de las estaciones de FEVE y Renfe con un soterramiento de las vías, que también se pagaría con los aprovechamientos inmobiliarios.
Con semejante aluvión de propiedades públicas en el mercado y con tan pocos demandantes, lo probable es que el cartel de venta se quede colgado por mucho tiempo. Son circunstancias del mercado y los políticos no pueden soslayarlas. Lo que resulta más difícil de explicar es que, en estos momentos de extrema dificultad económica y de planes para reducir el perímetro administrativo con ventas y abandonos de alquileres, una de las prioridades del Gobierno desde su toma de posesión haya sido la compra de la sede de Apia XXI en el Parque Tecnológico, antes incluso de tener un plan de racionalización de inmuebles para saber cuáles necesita y cuáles no y cuando está a punto de recibir un nuevo edificio en General Dávila, construido por el Gobierno anterior para ser sede de la Consejería de Educación y que ahora mismo no tiene un uso definido.
En estos tiempos de confusión, los inmuebles públicos empiezan a ser una carga más que una ayuda. El Ayuntamiento de Santander, que mientras restauraba el Palacio de Pronillo anunciaba su intención de crear en él un centro de formación de jóvenes en materias audiovisuales, acaba de ceder parte a Telefónica y le ha costado muchos intentos deshacerse del caserón montañés de La Cabaña, el restaurante de Los Pinares, a pesar de pedir cantidades ridículamente pequeñas por la concesión. Casi tan irrelevantes como los seis mil euros anuales en que ha adjudicado a una empresa privada el Escenario Santander, un edificio que le costó cinco millones de euros.

También el sector privado vende en bloque

En el sector privado, las cosas no están mucho mejor. B3 Cable ha presentado concurso de acreedores para su fábrica de Maliaño tras haber intentado encontrar un comprador sin éxito. En la región hay decenas de empresas de todo tipo en venta por falta de expectativas o por jubilación de sus propietarios. Los comerciantes y hosteleros que cierran ya ni siquiera se atreven a pedir traspasos por el negocio ante la avalancha de locales vacíos que no encuentran demandante. Pero quizá la operación inmobiliaira más simbólica de esta avalancha de oferta sea la de Liberbank, que ha puesto en alquiler gran parte de la sede central de Caja Cantabria, en la Plaza de Velarde, ahora que la fusión ha hecho innecesarios buena parte de sus servicios centrales.
Es un buen ejemplo de que ya no hay nada intocable. En el edificio de la Plaza Porticada quedan unos cien empleados y quedarán menos a medida que una buena parte de ellos sean trasladados al centro construido en Cazoña en los años 80 para albergar el sistema informático.
A su vez, Liberbank se ha visto forzado a comprar unas 1.800 viviendas nuevas que no han conseguido colocar en el mercado promotores financiados por Caja Cantabria, la mayoría de ellas fuera de Santander, donde la demanda ha caído mucho más que en la capital. El banco trata de sanear, de esta forma, su cartera de créditos, a la vista de que las promotoras no están en condiciones de devolverlos. Uno y otras perderán, ya que difícilmente conseguirá Liberbank colocar estos activos en el Banco Malo al precio de tasación, pero todos consideran que es la solución menos mala. Permitirá limpiar el balance del banco, aún a costa de convertir en pérdidas una parte de las cantidades adeudadas, y a las promotoras les permitirá empezar de nuevo. Lo harán prácticamente de cero, pero también se habrán quitado de encima unos pasivos que iban a conducirlas a la suspensión de pagos.
Estamos en un tiempo en el que todo el mundo vende. Lo que no resulta tan evidente es que haya tantos compradores.